«He discutido mucho con movimientos sociales que se organizan por Facebook. Vos no podés ser un movimiento anticapitalista y organizar tus actividades por Facebook», dice Beatriz, casi sobre el final de la charla.
Pero la otra opción es negar esta herramienta…
«Yo nunca estuve en Facebook, pero no le pido al resto que esté. Creo que es un canal de visibilización. Es difícil decir sí o no, pero no hay que minimizar los costos que tiene. Hay que recuperar la mirada económica, entender todo esto en términos transaccionales y saber que toda la información puesta allí es un elemento de mercado. Recién ahí se puede pensar críticamente y analizar: ¿pongo esta información en el mercado?», sentencia Beatriz.
Ni ella, ni nadie de su familia nuclear, usa Facebook o Instagram. Es una de las principales detractoras del voto electrónico en Argentina. Licenciada en Comunicación, Magister en Propiedad Intelectual, miembro de la Fundación Vía Libre y docente universitaria en la UBA , Busaniche es una de las voces más autorizadas para hablar sobre control y gobernanza de Internet, fake news y redes sociales.
En el Congo se utilizaron las mismas máquinas que se suponía que se utilizarían en Argentina y el candidato perdedor salió a denunciar fraude.
El Congo tiene una situación política muy complicada, con un gobierno, el de Joseph Kabila, que lleva 17 años en el poder y que no llamó a elecciones en julio del año pasado, a pesar de la presión internacional. En este contexto, se utilizaron máquinas que fueron compradas a la empresa surcoreana Miru Systems, una empresa proveedora de tecnologías que trabaja con el gobierno de su país.
En 2016, en pleno debate por la reforma electoral en Argentina, el entonces ministro de Modernización, Andrés Ibarra, viajó a Corea para «aprender sobre la extensa experiencia de Corea del Sur en utilización de boleta electrónica». Su experiencia se reduce a cero: Corea no usa boleta electrónica. Pero en esa visita, Ibarra se reunió con funcionarios de la justicia electoral surcoreana y ejecutivos de Miru y tenemos fuertes sospechas que se ató un negocio relacionado con la producción de las máquinas por parte de la empresa. Esa sospecha permitió abrir una causa penal contra Ibarra, por haber comprado las máquinas antes de que saliera la ley, pero no hubo forma de probarla y la causa se cerró por falta de mérito.
En 2017, una ONG norteamericana indagó que en la República Democrática del Congo se iban a usar máquinas provenientes de Corea del Sur, fabricadas por la empresa Miru. Logramos probar que las máquinas habían sido diseñadas para Argentina: los manuales estaban en castellano, los formalismos de las elecciones eran los nuestros. Incluso los nombres ficticios que se usaron para las pruebas coincidían con políticos argentinos. En el Congo, eran candidatos: Carrió, Stolbizer, Del Caño, De Gennaro.
Se unificaron las elecciones de Nación, Provincia y Capital, y se aleja el escenario de utilización de boleta electrónica. ¿Cómo es el estado de situación del debate? ¿Quiénes conducen el lobby en favor de la implementación de este sistema?
Hay un lobby no sólo por parte del Gobierno sino también por parte de empresas. Este año vamos a escuchar fuerte el nombre de una empresa venezolana, Smartmatic, la misma que se funda en 2004 con un fuerte aporte del gobierno chavista. Es una empresa que creció e hizo ricos a sus dueños al calor del chavismo y en un momento, entendió que no le convenía quedar pegada al chavismo, ya que le impedía la entrada a otros mercados. Habían hecho negocios en Italia, Estonia, Filipinas, pero su ligazón política les limitaba su penetración en otros espacios. Entones rompen con el chavismo y salen a denunciar que hubo fraude usando sus máquinas.
Hay un lobby fuerte de estas empresas, pero también tenemos a Marcos Peña, que ya dijo que en caso de ganar las elecciones de 2019, el macrismo va a insistir con la reforma electoral. Sepamos que este año el voto electrónico sigue siendo parte de la campaña electoral. De hecho fue incorporado como posibilidad en el Código Electoral de la Ciudad y contó, muy lamentablemente, con los votos de la oposición y del Frente para la Victoria. Los únicos que se opusieron fueron los diputados del bloque Evolución, liderado por Martín Lousteau, con Inés Gorbea y Leandro Halperín a la cabeza.
En el documental «Caja Negra» enfatizan en el proceso de países que adoptaron el voto electrónico y después de una experiencia – fallida o no- retrotrajeron su legislación y vuelven al papel.
Estos han sido países europeos, que en los ´90 fueron punta de lanza del voto electrónico. Había una visión muy tecnoutópica, de determinismo tecnológico, y parecía que todos los países iban hacia este sistema. Alemania, Austria y Holanda utilizaron voto electrónico, pero dejaron de usarlo y volvieron a la boleta única de papel. En Alemania, un fallo del Supremo Tribunal Electoral estableció que el voto electrónico era inconstitucional porque se trataba de un acto público que debía ser comprendido por cualquier ciudadano de a pie, independientemente de su formación técnica. Por lo tanto, el voto electrónico excluía a la gran mayoría de los ciudadanos alemanes.
En Holanda la decisión fue administrativa, después de que un equipo de hackers demostrara que era posible leer los votos a distancia, vulnerando el secreto del voto. La propaganda a favor del voto electrónico suele ser parecida en todas partes: una máquina diseñada solo para emitir y contar votos, una impresora, el mismo discurso que se usó en el Congo. Los hackers probaron que la máquina era vulnerable, pero también se divirtieron: la usaron hasta para jugar al ajedrez. Acá, incluso pudieron twittear y ver pornografía porque es una computadora que se conecta a internet y, como tal, tiene todas esas posibilidades. La tendencia es volver al papel. Este año va a haber elecciones en mayo para el Parlamento europeo y, según dicen los expertos, será la elección más hackeable, en términos de manipulación de redes y ataque contra infraestructura.
En Brasil, tras el importante rol que jugaron las fake news en campaña, surge la discusión sobre la posibilidad de controlar la difusión de estas noticias falsas que circulan en redes como WhatsApp o Telegram. ¿Es posible que el Estado pueda regular las noticias falsas?
La respuesta corta es no. ¿Por qué? Primero porque fake news es un concepto difícil. Han habido intentos regulatorios en Francia y acá también, pero estos intentos son peores que el problema. El primer problema que enfrentamos es la definición: tenés que probar intencionalidad, que la noticia es efectivamente falsa y si esto pasa, muchos de los medios tradicionales no van a quedar en pie. Son fenómenos que no sólo van a la cuestión política, sino también a cuestiones sociales: las campañas que indican que las vacunas generan autismo y su impacto en el crecimiento del movimiento antivacunas, también son campañas de desinformación. ¿Son deliberadas? ¿Tienen como objetivo generar daño?
¿Y qué puede hacer el Estado frente a este tipo de campañas?
Desde mi punto de vista, y lo que defendemos en la Fundación Vía Libre, las regulaciones de la libertad de expresión nunca deben limitar el discurso sino promover más discurso, como solución a discursos engañosos. ¿Qué hacemos cuando es el propio Estado el que difunde información falsa? Un ejemplo claro lo tenemos con las campañas anti-migración que llegan hoy en día de la mano de funcionarios públicos. ¿Vamos a darle a ese Estado la potestad de decir que es verdad y que es mentira?
¿Quién gobierna en las redes? ¿Los Estados o las empresas?
En primer lugar, las redes no son espacios públicos. Las empresas proveedoras de redes sociales generan espacios de intermediación entre los vínculos humanos. Esos espacios no son el espacio público, son un espacio privado en que estas empresas nos invitan a relacionarnos con nuestros pares. En ese espacio rigen las reglas de la propiedad privada: vos cumplís con determinadas reglas, algo parecido al derecho de admisión.
Por más de que en esos espacios se juegue mucho de la arena pública…
Sí, pero de hecho hay muchos espacios privados donde se juega la arena pública. Vos vas a TN y es un espacio privado, con una linea editorial, que define la agenda pública. Hay muchos espacios semipúblicos donde rigen las reglas del dueño del espacio. Así y todo, sometidos a las reglas nacionales: ningún contrato entre privados puede estar por encima de las leyes nacionales.
Cuando uno acepta términos y condiciones, ¿estas normas tienen una adecuación a la ley nacional?
Esos términos y condiciones son genéricos de las plataformas y son contratos de adhesión, a los cuales podés decir si o no, pero no podés negociarlo. Ahora, esos términos nunca pueden ir contra las leyes de un determinado país. El problema comienza con la transterritorialidad: al final del contrato, dice que el lugar de litigio son los tribunales de California. Asimismo, los términos de uso no pueden ser contrarios a las normas del país.
¿Las redes sociales son herramientas democratizadoras?
Las plataformas de redes sociales han abierto definitivamente nuevos canales para la pluralidad de voces. Hay una puja entre las plataformas de comunicación y los medios tradicionales nucleados en ADEPA. Allí se juega el negocio de la atención de los lectores, de la publicidad. Veremos en este 2019 gigantes batallas entre los grandes medios y las grandes plataformas. Estas plataformas han permitido que nuevas figuras públicas ganen renombre a través de YouTube, con una gran capacidad de influencia, y un rol de informadores superior al de los diarios. En ese sentido podemos hablar de una cierta democratización que tiene un costo de transacción: trabajar de manera precarizada para las plataformas, para estas empresas en generación de contenido. El ecosistema se ha vuelto más complicado y no sé si democrático. Hemos hecho transacciones de las cuales muchas veces no estamos conscientes, cosas que tienen un gran valor en el mercado, que nosotros como ciudadanos le ponemos un valor cero, como nuestra privacidad o nuestros datos personales. Se han abierto nuevos canales interesantes donde emergen nuevas voces, pero también otros jugadores hegemónicos y concentrados como las plataformas. No estoy segura que se haya democratizado: mi respuesta es no, pero con matices.
