Ocho imputados están siendo juzgados desde este martes en Tartagal (Salta) por la violación en grupo de una niña wichi de 12 años, con retraso madurativo, ocurrida el 24 de noviembre de 2015 en la comunidad Alto La Sierra, un pueblo cercano a la frontera con Bolivia. Fue la madre de la nena la que detectó los signos de abuso en la menor, que estuvo desaparecida durante un día entero y fue hallada desvanecida en una cancha de fútbol.
El caso tomó relevancia pública unos meses más tarde de la violación, en mayo de 2016, cuando se conoció que la niña estaba embarazada. No sin una importante puja, y recién cuando la salud de la nena estuvo en riesgo con un diagnóstico de “anencefalia”, se accedió a practicarle una ILE.
Si bien los implicados en la causa eran inicialmente 9, uno de ellos se ausentó del juicio, por lo que el Tribunal lo declaró en rebeldía y ordenó su captura. Aún permanece prófugo. El resto, Jorge Gabriel Salas, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla y Omar Alcides Arias, son mayores de edad y ninguno de ellos pertenecía a la comunidad de la niña. Los cuatro restantes eran menores de edad al momento del hecho y permanecieron en libertad durante un largo período debido a la apelación realizada por la defensa.
Desde el inicio, la causa estuvo plagada de irregularidades. La víctima, que nunca fue a la escuela y no habla español, no contó con la garantía de un traductor, que debía disponer la Justicia y su declaración en cámara fue suspendida en tres oportunidades. De hecho, el fiscal y el juez que intervinieron en primera instancia fueron procesados por un jury de enjuiciamiento a partir de las irregularidades con las que se manejaron.
Actualmente, la causa está caratulada como «abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de autores». Se espera que por la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Tartagal pasen más de 60 testigos, entre ellos diez miembros de la comunidad. En la tarde de ayer, y con la sala vacía, declararon los padres de la niña, quienes debían haberlo hecho en la primera jornada pero no pudieron debido a inconvenientes con su traslado hasta los tribunales. Uno de los integrantes de la comunidad expresó que «no había medios porque había llovido, estábamos aislados y no podíamos entrar».
La traductora Sandra Pisco es la encargada de introducir muchos de los vocablos en wichi que se desprenden de los testimonios de la víctima, sus familiares y los miembros de la comunidad ancestral: Alto La Sierra, una de las más pobres de Salta, que no cuenta con cloacas ni agua corriente.
La causa permanece bajo un importante resguardo informativo debido a los numerosos planteos del asesor de menores para limitar información y respetar la privacidad de la victima. Por pedido explícito de la parte, las audiencias comenzaron sin presencia de periodistas.
El juicio se extenderá hasta el próximo jueves 28 de febrero y el tribunal a cargo está integrado por los jueces Anastasio Vásquez Sgardelis, Osvaldo Miguel Chehda y Ricardo Hugo Martoccia.
