El Gobierno de Mauricio Macri reconoció la terrible situación que se vive en las cárceles argentinas y, por medio de un decreto firmado por el ministro Germán Garavano, declaró la emergencia carcelaria, con el objetivo de resolver el déficit habitacional y las condiciones de hacinamiento en las que se encuentra la población privada de su libertad en nuestro país.
«Desde el comienzo de la gestión hubo un crecimiento sostenido de la tasa de encarcelamiento» declaró al diario La Nación, Facundo Bargalló Benegas, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. El funcionario no miente: según el Sistema Nacional de Estadística Sobre Ejecución de la Pena (Sneep), en Argentina, las personas privadas de su libertad ascienden a 84.720 en 2017, de los cuales el 40% (38.315) se encuentran procesados sin condena firme.
Los números alarman: con casi 200 presos por cada 100 mil habitantes, el país alcanza su tasa más alta de detenidos en la historia de la democracia reciente. A su vez, el perfil del detenido es muy claro: 96% varones, 96% argentinos y 60% menores a 35 años según se desprende del informe del Sneep. Lo que es aún más grave, el 42% reconoció estar desocupado al momento de ser detenido.
Es por ello que, como parte del decreto, se firmó un convenio con Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mediante el cual, una serie de inmuebles de las Fuerzas Armadas serían adaptados para alojar a personas detenidas. El creciente impulso a la construcción de nuevas cárceles se da en paralelo con el boom punitivista del gobierno, que hizo de la lucha contra el narcotráfico uno de sus principales slogans de gobierno. Sin embargo, las cifras contradicen la épica gubernamental: el 38% de los presos está detenido por causas de robo.
Derribando el mito de la «puerta giratoria» apenas el 4,4% de los presos condenados accedió a una reducción de pena, y solo 2700 cuentan con el beneficio de las salidas transitorias.
Funcionarios nacionales del Servicio Penitenciario Federal reconocieron que la situación que se vive en las cárceles argentinas es crítica. «Pero la verdad es que esta declaración de emergencia llega tarde», declaró el procurador nacional Francisco Mugnolo. La medida responde a una presión de larga data que realizó el equipo de María Eugenia Vidal para avanzar en la construcción de estos nuevos centros de detención.
