El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU concluyó que el Estado argentino debe “poner fin al excesivo control policial de los vendedores ambulantes de ascendencia africana” tras realizar un relevamiento en Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero. El grupo, dirigido por el polaco Samelo Gumedze, el sudafricano Michael Barcezark y el filipino Ricardo Sunga, realizó su análisis durante el 11 y el 13 de marzo a partir de una invitación del Gobierno argentino.
Los expertos propusieron crear un Museo y un Instituto de la Cultura Afroargentina, así como monumentos y sitios culturales y un programa orientado a la protección de los derechos humanos de los afrodescendientes. Los expertos recomendaron que estas definiciones se enmarquen dentro de una política que combata la «estigmatización de la negritud» y abone a la representación de afrodescendientes en cargos públicos.
“Debe ponerse fin al excesivo control policial de los vendedores ambulantes de descendencia africana. En primer lugar, dada la falta de un fundamento jurídico que lo autorice, los arrestos sin orden judicial son ilegales. La brutalidad en torno a los arrestos hace que se violen aún más los derechos humanos”, resalta el informe publicado.
Entre las principales problemáticas que destacó el informe, se resalta la situación de creciente persecución policial y los hechos de violencia institucional contra la comunidad africana. “Se debe realizar una investigación independiente y exhaustiva en relación con el accionar policial, a fin de monitorear e identificar a quienes cometen discriminación racial, actúan con violencia y roban la mercadería y, además, desarrollar recursos a los que puedan recurrir los vendedores y combatir la impunidad”, indicaron los representantes de Naciones Unidas.
Aunque el censo de 2010 apenas registra 459, entre 5.000 y 10.000 personas componen la comunidad senegalesa en Argentina, la más numerosa en América del Sur. La gran mayoría de sus integrantes se dedican al comercio ambulante y en el último tiempo han tenido que enfrentar la persecución policial y de funcionarios de Espacio Público, que los atosigan en sus lugares de trabajo y decomisan su mercadería de forma irregular.
