El aumento del mil por ciento en las tasas para radicarse en el país, los problemas que se acumulan con el nuevo sistema online de trámites (Radex), las extradiciones como eje de campaña de Cambiemos y las últimas decisiones xenófobas de las gobernaciones de Chubut y Jujuy son los principales motivos que llevaron a una decena de organizaciones de migrantes agrupadas en la campaña “Migrar no es delito”, a convocar a un nuevo “Migrantazo” para mañana.
La movilización, a diferencia de otros años, se hará esta vez en la sede central de la Dirección Nacional de Migraciones, en Retiro. La razón la explica Doris Quispe, una de las referentes de la campaña: “Es en Migraciones donde nuestros hermanos encuentran cada vez más trabas para renovar la precaria, y de donde salen también los pedidos de extradición sumaria que están quebrando familias, como la de Vanesa”, dice.
El caso Vanesa de Gómez Cueva se conoció a fines del año pasado y dejó en evidencia las consecuencias concretas que en muchas familias toma cuerpo la moda xenófoba que el Gobierno y varios gobernadores intentan utilizar como eje para la campaña de este año. Vanessa, de origen peruano, tenía 33 años y tres hijos de 14, 5 y 2 años. Vivía en el país desde los 16. Hace 6 años, fue condenada por una infracción a la ley de estupefacientes, en un juicio abreviado. Apeló, pero fue expulsada junto a sus dos hijos más grandes. La nena quedó en el país. “Muchos de nosotros vivimos con el corazón en la mano desde lo que pasó con ella”, describe Quispe.
Doris enumera además las últimas noticias que lee en los diarios: en Jujuy, un año después de que lo intentara el gobernador Gerardo Morales, la Legislatura local aprobó cobrar un arancel en los hospitales a los migrantes, que ya no pueden atenderse en la salud pública como cualquier otro ciudadano; en Chubut, la gobernación replica a nivel provincial el mismo DNU 70/2017 que lleva la firma de Mauricio Macri para acelerar las expulsiones. “Es un contexto de retroceso, pero no dejamos de pelear”, aclara.
En Migraciones, los carteles de las organizaciones llevarán consignas alusivas a las trabas cada vez más importantes que pone el Gobierno a la radicación definitiva. Entre 2015 y 2019, las tasas de radicación que debe pagar un extranjero para obtener su ciudadanía se fueron de 300 a 3000 pesos, un aumento muy por encima de la inflación. Además, desde que se inauguró el nuevo sistema online –que nadie entiende–, el problema se agravó: se ven filas y filas de personas que llegan durante la noche y la madrugada para sacar un turno y que algún trabajador del organismo les explique cómo funciona.
Desde Migraciones, las columnas partirán hacia Plaza de Mayo, paso previo por el Congreso. “Se pidieron informes al Congreso porque sabemos que son muchas más las expulsiones, pero tampoco se nos contesta”, agrega Doris.
