El pasado 25 de febrero la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, más de 360 kilómetros al norte de la ciudad Capital de Salta, condenó a 17 años de prisión a seis hombres por la violación en banda a una nena del Pueblo Wichi, cometida el 29 de noviembre de 2015, en Alto La Sierra, un paraje en la frontera con Paraguay y Bolivia, con mayoría de habitantes indígenas.
Además, el tribunal declaró responsables penales a otros dos hombres, que eran menores de edad cuando se cometió el hecho. Los ocho condenados son criollos. La nena tenía por entonces 12 años de edad, y padece una deficiencia mental. Los adultos condenados son Jorge Gabriel Sala, Omar Alcides Arias, Sebastián Matías Salvatierra, Luis Fernando Lamas, Pantaleón Javier Mansilla, Juan Domingo Verón. De los tres que eran menores de edad al momento del hecho, dos fueron declarados responsables y un tercero, J. M. S. será juzgado en otra oportunidad porque recién se presentó ante la justicia al día siguiente de la sentencia.
El juicio oral se llevó a cabo casi sin público y sin prensa, debido a planteos de la asesora de menores número 2 de la jurisdicción de Tartagal, María Eugenia Hernández, y la sentencia se conoció antes de la fecha prevista inicialmente, luego de que el fiscal penal Pablo Cabot, los abogados defensores Sergio Heredia y Marcelo Arancibia y la querellante, la defensora de Violencia Familiar y de Género, Andrea Magadán, acordaran reducir drásticamente la lista de testigos convocada originalmente.
La condena, de las más duras que se tenga memoria por este tipo de delito (abuso sexual con acceso carnal agravado por la cantidad de agresores, por la edad de la víctima y por su enfermedad), satisfizo las exigencias de las autoridades de la Comunidad wichi de Alto La Sierra. En cambio, las defensas, que vienen cuestionando las irregularidades en el proceso penal (que motivaron inclusive el apartamiento del fiscal original, Armando Cazón, y del primer juez, Héctor Mariscal Astigueta) ya anunciaron que apelarán.
Si bien los fundamentos del fallo se conocerán recién el 6 de marzo, trascendió que los jueces Anastasio Vázquez Sgardelis, Osvaldo Miguel Chehda y Ricardo Hugo Martoccia tuvieron en cuenta la figura de violencia de género y “el problema racial entre chaqueños y originarios”. Este es quizás el punto central que exhibe este caso. Los “chaqueños” son los habitantes criollos (que pueden ser incluso indígenas, pero que no se reconocen como tales) del Chaco salteño, una superficie de 64 mil metros cuadrados que comprende los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, en el noreste, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
El caso de esta nena, a la que se conoció con el nombre ficticio “Juana”, fue tomado por organizaciones feministas como un símbolo de las violaciones de los derechos de las mujeres y niñas. Y, de hecho, es un emergente de muchos otros casos que ni siquiera llegan a denunciarse.
“En esta Comunidad siempre han ocurrido ese tipo de violaciones, lo que pasa que como nadie sabía nada, y nunca nadie sale a la ciudad, nadie se animaba a denunciar”, sostuvo Julio Díaz, docente bilingüe y referente de la comunidad originaria de Alto La Sierra.
Díaz afirmó que los integrantes de comunidades originarias tienen miedo de denunciar los atropellos que sufren: “Viste cómo son los criollos, los chaqueños del lugar, por empezar, ya te amenazan, que… o sea, ellos se creen más que uno”. Sin embargo, interpretó que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio de Tartagal permite afrontar estos hechos desde otro lugar. “La gente se ha despertado. Hay muchos criollos que han violado a nuestros paisanos y nunca los hemos denunciado. Hoy por hoy creo que ya somos grandes, para eso uno es autoridad de una comunidad y vamos a empezar a denunciarlos como corresponde”, aseguró. Dijo que hay casos de “profesionales que se encuentran en la zona que también han hecho ese tipo de violación y nadie los ha denunciado”, y ratificó que presentarán denuncias penales, “lo vamos a hacer y sé que prontito va a haber otro tipo de problema aquí en Alto La Sierra, pero que lo vamos a hacer como corresponde, por la vía judicial hasta que se aclaren las cosas, porque no puede ser. Ahora nosotros ya hemos aprendido y tenemos que hacerlo”.
Díaz no es la única autoridad del pueblo wichi que viene llamando la atención sobre la sistemática práctica de violación de niñas y mujeres wichi por parte de “blancos”. En 2011, luego de que otro grupo de criollos violara a una chica wichi de 14 años en el pueblo de Santa Victoria Este (cabecera del departamento Rivadavia y a cuya jurisdicción pertenece Alto La Sierra), el coordinador general de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, Francisco Pérez, denunció la persistencia de una “costumbre” de violar niñas wichi, y reseñó hechos de esta naturaleza que quedaron impunes.
De hecho, las testigos de la violación de Juana, dos nenas de la misma comunidad, reafirman los dichos de Pérez. “Vinieron los criollos y la agarraron de la mano, de los pies y la ramearon”, contaron. También la madre de la nena la palabra “rameada”: su hija, dijo al declarar en la Fiscalía; “no sabe quiénes son los changos (que la atacaron), sabe que primero vinieron dos y la ramearon, y después vinieron otros y otros”. Rameada es un término usado en las provincias del norte para hacer referencia a la iniciación sexual de varones que someten en grupo a una joven con el visto bueno colectivo.
El 29 de noviembre de 2015 fue domingo. A la mañana Juana estaba en la cancha de Alto La Sierra. Ahí la vieron las dos testigos, de pasada, yendo a comprar pan. Vieron que los hombres, a los que conocían e identificaron luego, la tomaban de la mano y la llevaban a un montecito cercano. Su impulso fue intentar ayudarla, pero los hombres las corrieron. La nena apareció luego en la cancha. Ahí, en posición fetal, la encontró una vecina, María Herrera, tía de las testigos y quien avisó a su madre y la Policía.
El testimonio de María ante el Tribunal exhibió un panorama desolador: relató que la madre de la nena reaccionó con enojo ante su aviso, porque la chica siempre se escapaba y andaba por todo el pueblo.
También en este caso, como en otros por hechos similares, la víctima y sus familiares tuvieron que soportar presiones y amenazas. El 1 de julio de 2016, al declarar ante el fiscal Cabot, la mamá de la nena contó que “el día que lo metieron presos a los changos, ha ido la Tomasa Quiroga, mamá de ‘Panta’, la Jovita, mamá de Jorge, a ofrecer para levantar la denuncia, me ofrecían diez mil pesos. La Tomasa y la Jovita cuando me topan en la calle me tratan mal, me dicen ‘mataca sucia’”.
Los ahora condenados siempre negaron su responsabilidad, incluso insistieron poco antes de que los jueces pasaran a deliberar. Su defensa se basó en atacar el desprolijo proceso penal que llevaron adelante el juez de Garantías Nº 2 de Tartagal, Mariscal Astigueta, y el fiscal Penal de Salvador Mazza, Cazón, ambos apartados de esta causa a mediados de 2016.
Una vez que se conoció el fallo el abogado Sergio Heredia aseguró que en el proceso se violó “todo”, que no se respetó el debido proceso y que sus defendidos estaban condenados de antemano, porque los acusados adultos estuvieron presos dos años y medio y porque por la difusión que tuvo el caso, “¿cómo iba a quedar la provincia de Salta ante la Argentina (ante un fallo absolutorio)? ¿y cómo iba a quedar la candidatura de(l actual gobernador de Salta Juan Manuel) Urtubey ante la Argentina?”.
“Yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien (…). Me hubiera gustado condena contra estos chicos y que también se vayan del Poder Judicial los que han actuado mal, si no condenamos a los chaqueños y todos los demás (siguen)”, enfatizó.
Entre otros aspectos, el defensor destacó el hecho de que el médico boliviano que revisó primero a la víctima, Juan Carlos Limache Mamaní, no estuviera homologado para ejercer en el país. Llamativamente, ninguno de los médicos advirtió que la niña estaba embarazada, de un abuso sexual anterior, cuya investigación está en curso. Como ocurrió en Jujuy y Tucumán, también en este caso se desató una polémica porque el diagnóstico tardío impidió que la nena accediera a un aborto. Finalmente, se le hizo una cesárea, la niña nacida era anencefálica y no sobrevivió.
Heredia se hizo conocido como querellante en nombre de la familia del trabajador guaraní salteño Daniel Solano, asesinado en Río Negro. “Hoy me tocó estar del lado de los monstruos, y yo puse mi prestigio en juego por defender a los monstruos, cuando lo mejor para mí era no hacerlo y seguir siendo el héroe, porque yo gane o pierda me iban a criticar, si yo ganaba iban a decir Heredia ayuda a que los violadores queden libres, y si yo perdía (…) Heredia defiende violadores. Pero yo los defendí porque uno de estos chicos fue testigo del caso Solano, entonces yo le di mi palabra de defenderlo para que él declare, de ayudarlo” y detrás de éste fueron sumándose los otros, explicó.
Y puesto a criticar a Julio Pérez, con quien tiene enemistad declarada, retrucó con más datos del panorama desolador en las comunidades: el sobrino del cacique “también violó una nena”, aseguró. Y un enfermero del Hospital “también violó una wichi” y en ese caso el cacique presionó para que lo liberaran, insistió. Entusiasmado con la defensa de sus asistidos terminó por caer en un exabrupto: dijo no tienen antecedentes, por lo que consideró ridículo creer que “justo un domingo” salen a abusar y “justo pasaban tres chicas y han abusado a la más fea”.
