En un mensaje claro hacia las comisiones directivas que no se sometan a los designios oficiales de convertir a los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el Gobierno decidió modificar el lunes pasado el Decreto 1212/03, que establecía un régimen especial de aportes personales de los futbolistas y contribuciones patronales de los clubes al Estado. A partir del 1 de agosto, fecha en que entrará en vigencia esta nueva disposición, la alícuota pasará de 6,5% a 6,75%, a lo que hay que agregarle un segundo tramo de 0,5% extra destinado a hacer frente a la deuda que los clubes mantienen con el Estado y que se estima en la actualidad en unos 3200 millones de pesos.
El decreto de 2003 se inscribió en un paquete de medidas establecidas por el entonces presidente Eduardo Duhalde para salvaguardar ciertas áreas de la economía duramente golpeadas por la extendida crisis. Además de la conocida ley de protección de los bienes culturales, que benefició a los grandes medios de comunicación nacionales, el gobierno de transición estableció este régimen especial para los clubes bajo el argumento de que «encontrándose en una compleja situación económica, resulta conveniente ordenar las deudas que mantienen con el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social, otorgándoles un modo adecuado de saldarlas, suspendiendo todas las ejecuciones en curso».
Al momento de justificar esta modificación del decreto, el gobierno nacional se ampara en el hecho de que el negocio del fútbol ha cambiado en los últimos 15 años y que la disposición anterior genera un desfinanciamiento al régimen de seguridad social, en un marco «de incertidumbre respecto de los derechos de los trabajadores comprendidos en este régimen, que es imperioso subsanar”. De acuerdo con la modificatoria firmada por el presidente Mauricio Macri (Decreto 231/2019) se aplicará una suma equivalente al 6,75% del monto bruto recaudado por la venta de entradas, la transferencia de jugadores, los derechos de televisación y los sponsoreos que corren por cuenta de la AFA y la Superliga. Asimismo, se fijará una alícuota equivalente a 0,5% del total que se destinará a cubrir el desfinanciamiento originado en las sumas declaradas y sin cancelar que figuran como deuda al Estado. Por último, se eliminará la exención de aportes y contribuciones a la seguridad social de los empleados de los institutos educativos.
Inmediatamente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó los inconvenientes que generarán estas modificaciones impuestas por el Gobierno. En un comunicado, la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia expresó que «habiéndose efectuado un análisis somero de la normativa detallada, resulta inequívoco que la aplicación del Decreto Nº 231/2019 genera un desmedro patrimonial e institucional tanto en la AFA como en la totalidad de los clubes que la componen». Además de plantear que la actual gestión hizo todos los esfuerzos para que los clubes cumplieran con la totalidad de sus cargas impositivas, el texto advierte la necesidad de convocar en lo inmediato a una asamblea extraordinaria de la entidad madre del fútbol argentino para discutir un «plan de acción» al respecto.
«Una extorsión lisa y llana»
«Los mayores afectados de la quita del 1212 son los clubes intermedios, cuyo mayor índice de gasto tiene que ver con el pago a los empleados del club. Además se ven más perjudicados aquellos que tienen escuelas o actividades recreativas, como River y Vélez que tienen institutos terciarios», expresó a El Grito del Sur Hernán «Cherno» Aizenberg, referente de la Coordinadora de Hinchas.
Aizenberg vinculó esta medida con el deseo gubernamental de transformar a los clubes en sociedades anónimas. En ese marco aseguró que «es una extorsión lisa y llana, no hay otra opción. Ésta es la manera que tienen de achicarle el ingreso al club impidiendo que éste pueda funcionar, puesto que va a pasar a depender únicamente de las ventas, de clasificar o no a una Copa. Cuando se pasa a depender exclusivamente de los resultados, lo que termina pasando es que si no tenés inversiones de afuera, no podés subsistir. Nosotros vemos eso mucho en los clubes chicos, incluso con lo que fue el tarifazo. No se puede extorsionar así, el Estado tiene que tener una política social hacia el club y las políticas públicas deberían ser orientadas a que el club pueda brindar cada vez más actividades».
Precisamente, se especuló inclusive con que el Gobierno podía llegar a eliminar por completo el beneficio, salvo que se reabriera el debate por las sociedades anónimas, algo que finalmente -y por el momento- no ha ocurrido.
