No pasó ni una semana de que la teórica feminista Judith Butler dijera, frente a una multitud, que no hay feminismo sin las pobres. Para verla hordas de personas se movilizaron hasta el micro estadio de Villa Lynch e hicieron fila con tres horas de anticipación. El lunes siguiente en la Villa 31 ya no son miles, como si el feminismo popular quedara mejor en boca de una filósofa extranjera que en actos. Sin embargo, según cuentan las vecinas, todo el barrio se sintió interpelado por la crueldad de este caso y esto se vio reflejado en la gran asistencia de vecinxs de todas partes del barrio lindante a Retiro, una de las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires.
A 1 mes del asesinato de Liliana González en la Villa 31, la asamblea feminista autoconvocada -formada por vecinas y militantes del barrio- marchó reclamando justicia. Liliana tenía 37 años y era de nacionalidad paraguaya, había llegado hace 15 al país, trabajaba vendiendo café en la estación de Retiro y era militante del Movimiento Popular La Dignidad. Su caso llegó a los medios bañado de un amarillismo aberrante que se centró en la manera en la cual se había cometido el crimen, ya que su cuerpo fue descuartizado postmortem con un elemento de corte compatible con una amoladora, tal como explicaron los peritos forenses.
Las primeras movilizaciones se realizaron bajo la consigna “Los femicidios villeros no salen en los medios”, enfatizando en la interseccionalidad de opresiones. Liliana era mujer, pobre y migrante. Ahora se reclama el pedido de captura internacional para su asesino Waldo Servian Riquelme, de 33 años. Waldo -también oriundo de Paraguay- estaba casado con Liliana, junto a quien tenía dos hijxs. A pesar de que Liliana se había animado a denunciar la violencia que sufría gracias a sus compañeras de La Dignidad, la causa -radicada en la comisaría 2ª de la Policía de la Ciudad- fue archivada y el Estado no le dio ningún tipo de acompañamiento.
A un mes de su muerte, las vecinas hablan del hecho como una masacre y extienden el pasacalles con la frase «Justicia por Liliana», escrita en letras cursivas rosas que encabezará la caravana por el barrio YPF.
“El Estado nunca se hizo cargo de lo que pasaba, hasta que ocurrió el femicidio y lo quisieron hacer pasar por un caso más de ajuste de cuentas. Las denuncias fueron archivadas, como casi el 80% de los casos de violencia de género en el barrio”, contó a El Grito del Sur Graciela, compañera y vecina de Liliana. “Estamos en emergencia social en violencia de género y el Estado no se hace cargo. Queremos que haya justicia por Liliana y que no quede impune”, agregó.
Luego de caminar una hora al grito de “Ni una menos, justicia por Liliana”, lxs vecinxs cortaron la entrada de la Villa 31, en el límite con la estación de micros. Allí leyeron un escrito consensuado por todas las organizaciones y vecinxs que forman parte de la asamblea feminista.
“Los medios hablan de inseguridad, pero nunca hablan de las inseguridades que nos afectan a nosotras: mujeres, migrantes y villeras. ¿Pensaron que lo íbamos a dejar pasar? Nacimos para luchar; a la indiferencia del Estado respondemos con lucha y organización”, expresaron a través de un comunicado. “¿Cuántos cuerpos tenemos que entregarle al gobierno de Macri para ser escuchadas? Estamos hartas, dolidas, golpeadas pero no resignadas”, dijeron las mujeres, quienes volvieron a denunciar la invisibilización del Estado, la insuficiencia de los paradores y a exigir al gobierno nacional la declaración de la emergencia en violencia de género.
Si bien la familia de Liliana había venido de Paraguay para participar de la caravana, la madre se descompensó al llegar a la casa donde fue asesinada su hija. Gracias al accionar de la querella, los hijxs de Liliana y Waldo se encuentran actualmente a cargo de la familia materna y no de la del femicida, como había sucedido en primera instancia.
“La familia se está presentando como querellante porque se siente respaldada por organizaciones y venicos. Sin embargo, el femicida tuvo tiempo para fugarse del país y dejar a sus hijos con su hermana. La captura internacional está realizada pero no tiene sentido si no pasa en la frontera, si él no pisa un aeropuerto no se puede dar la captura internacional. Lo que hay que exigir es la solidaridad a los países vecinos para que pidan la captura interna. La familia quiere volver a Paraguay y no pueden porque seguramente el femicida está ahí y ellxs no están protegidos. El Estado cuando quiere lo hace instantáneamente, es cuestión de voluntad política”, aseguró desde el megáfono Susana Broda, integrante de la Corriente Clasista y Combativa.
