En un nuevo capítulo de la política de hostigamiento y persecución del gobierno macrista contra quienes osan enfrentarlos, el pasado 9 de mayo tres estudiantes del Normal 5 fueron notificades de la denuncia penal que pesa ahora sobre sus espaldas. La demanda realizada por Graciela María Pozzali desde la Procuración General de la Ciudad, basada en un acta elevada por el rectorado de esta institución a la Dirección de Formación Docente, se encuentra radicada en la Fiscalía de 1ª Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, y está caratulada bajo el Art. 58 (“Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión”). De este modo, buscan juzgar a tres activistas del colegio por su participación en la toma del año pasado en el marco del plan de lucha impulsado por los 29 profesorados contra la creación de la UNICABA. «Quieren escarmentar al movimiento estudiantil», dijo Federico Romero, uno de los estudiantes imputados, en diálogo con El Grito del Sur.
Federico, Natalia y José recibieron hace dos semanas una citación de la policía para el 9 de mayo, fecha en la que fueron sorprendides con una imputación judicial producto de la toma del Normal 5 en el mes de octubre del año pasado. En el marco del plan de lucha impulsado por la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET) en contra de la UNICABA, les estudiantes habrían decidido, luego de discutirlo en tres asambleas, ocupar pacíficamente el establecimiento durante todo el 10 de octubre para luego movilizar el día siguiente a la Legislatura porteña, donde empezaría a tratarse el proyecto propuesto por la administración de Larreta. Según relató Romero a este medio, luego de la votación las autoridades labraron un acta notificando la ocupación de la escuela y acto seguido se retiraron junto al personal docente, ya que no tienen permitido permanecer allí mientras el lugar se encuentre tomado por les estudiantes.
¿Por qué se imputa a nada más que tres estudiantes? Esto se debe a que el acta elevada por las autoridades al Ministerio de Educación llevaba la firma de les tres jóvenes en cuestión. Una de las cosas que más llamó la atención de les afectades, por la relación que mantienen desde hace ya varios meses, fue que la dirección del profesorado no les anticipó ningún tipo de información respecto de la citación y la consecuente judicialización de lo ocurrido. De hecho, hasta el momento no ha habido comunicación entre estudiantes y autoridades, ya que los primeros decidieron resguardarse y manejarse por la vía legal hasta tanto tengan novedades y se solucione el conflicto.
Luego de conocerse la noticia, el claustro estudiantil se reunió de inmediato en asamblea y discutió los pasos a seguir para frenar la medida legal en curso. En este sentido, la CET ha convocado a los 29 profesorados a realizar clases públicas mañana frente a la Fiscalía Nº 31, donde estarán declarando Federico, Natalia y José. Martín Alderete, abogado de Federico, presentará mañana un escrito con distintos testimonios de docentes para contrarrestar las acusaciones acerca del supuesto impedimento de les estudiantes para dejar ingresar a les docentes. La protesta estará acompañada también por los sindicatos UTE y ADEMyS, el CESGE (Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal), les estatales de ATE, los movimientos sociales y organismos de derechos humanos. Allí presentarán también las más de 200 adhesiones reunidas hasta el momento para solicitar el retiro automático de la imputación contra les jóvenes.
En medio de un año atravesado más fuerte que nunca por la contienda electoral, Horacio Rodríguez Larreta se enfrenta nuevamente con les estudiantes que salieron a las calles durante todo el 2018 para rechazar su reforma en el nivel terciario. «Me genera mucha angustia esta situación. No me esperaba esto, ninguno de nosotros se lo esperaba, más teniendo en cuenta que fue una decisión tomada democráticamente y que estamos avalados por nuestro centro de estudiantes», lamenta Federico.
De continuar esta causa con su curso habitual en la Justicia, les estudiantes podrían ser sometidos a 5 días de trabajo comunitario o ser obligades a pagar una multa que puede ir desde los 200 hasta los 1.000 pesos. «Es la persecución y todo el proceso lo que nos están queriendo hacer pasar y no tanto la pena en sí», asegura Romero. «Nos quieren censurar, buscan escarmentar al movimiento estudiantil», agrega.
En paralelo a este conflicto, desde la Coordinadora de Estudiantes Terciarios continúan realizando medidas en contra de la aplicación de la ley sancionada -con votos únicamente del oficialismo- en noviembre del último año. Lejos de los planes del Gobierno de la Ciudad, luego de una dura campaña de desprestigio hacia los institutos de formación docente, este año aumentó la matrícula de inscripciones. A tono con el clima de época que viene marcando un 2019 fuertemente electoral y con la potencia de una bocanada de aire fresco que la juventud viene introduciendo en la política, los y las estudiantes se proponen este año ser parte de la discusión nacional que decidirá el rumbo del país a partir del 10 de diciembre.
