Hoy se cumplen nueve años de la sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. Esta norma consagró a la Argentina como el primer país latinoamericano en reconocer el casamiento entre personas del mismo sexo, el segundo en todo América (después de Canadá) y el décimo a nivel mundial.
La lucha por la unión marital entre personas del mismo sexo tuvo raíces y antecedentes históricos en nuestro país. En la década de 1990 Carlos Jáuregui, director de la Asociación Gays por los Derechos Civiles, comenzó a impulsar esta normativa. En el año 2005 la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) presentó el proyecto de «unión civil» nacional para todas las parejas de distintos y del mismo sexo, mientras que en 2007 el diputado socialista Eduardo Di Pollina presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en el marco de la campaña de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y ese mismo año la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires Vilma Ibarra, también con el respaldo de la FALGBT, presentó en el Senado otro proyecto de ley similar. Sin embargo, no fue hasta el 15 de julio del año 2019 que -con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones- se logró en la Cámara de Senadores conquistar este derecho fundamental para el movimiento LGTBQ+ argentino.
Según la organización “Identidad y Diversidad”, ocurrieron ocho matrimonios antes de la aprobación de la ley y la reacción social positiva a la ampliación de derechos generó una masividad. Una vez sancionada la normativa, 1100 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio durante los primeros 6 meses, unas 2297 parejas en el primer año, 4539 fueron las uniones hasta el 2012 y para el 2014 ya habían contraído matrimonio 6200 parejas. A finales de 2015 el número de matrimonios se había elevado a más de 10000.
Marcela Tobaldi es coordinadora de la Asociación Civil “La Rosa Naranja”. Respecto a la importancia de la medida, explica: “Creo que el matrimonio igualitario significó una ampliación de derechos muy importante permitiendo que personas del mismo sexo tuvieran los mismos derechos que las demás parejas. Se tuvo que trabajar mucho más luego de la ley porque las personas del mismo sexo que se casaban se encontraban con otro problema, que era cómo iban a identificar a sus hijes y que iba a decir en el DNI de esos niñes. Lo que vino a poner solución a estos problemas fue el Código Civil que se reformó en el 2015, donde tuvieron un papel fundamental las organizaciones LGTB, que habla de familias homoparentales y de los derechos de les niñes”.
Amanda Alma es lesbiana, periodista parlamentaria y parte de Manifiesta Comunicación. En relación a esta ley opina: «Fue uno de los aportes más importantes de la democracia en Argentina, puso en actos el reclamo de un sector marginalizado y permitió llevar al ámbito del derecho humano los proyectos de vida. Además significó que la sociedad en su conjunto comprendiera que la construcción de la identidad sexual no es individual ni subjetiva sino social, desmitificando lo que significa ser buen ciudadano y mal ciudadano. Aunque son causas diferentes, la Ley de Matrimonio igualitario puso sobre la mesa los procesos identitarios que se reafirmaron luego en la ley de Identidad de Género».
Amanda entiende que la Ley de Matrimonio Igualitario dejó en evidencia que el nivel de homoodio que aún conserva la sociedad argentina es muy alto, generando un avance hacia su erradicación. «Aunque aún hay muchos crímenes de odio también hay un rechazo social a eso, que sin la ley de matrimonio igualitario hubiera sido muy difícil. Lo que hay que hacer es que la Ley de Educación Sexual Integral o la Ley Micaela tengan perspectiva LGTBQ y no sean binarias en su difusión».
Consultada respecto a si consideraba que existe una lavado de cara de la derecha oficialista con respecto a los colectivos LGTB, Tobaldi aclara: “Las leyes LGBT vinieron para quedarse, vinieron para ser parte de una sociedad con más derechos humanos y dar derechos a una comunidad que siempre estuvo relegada. La política económica represiva que lleva adelante el macrismo no tiene nada que ver con nuestras leyes, ellos usan el pink washing, no hacen nada por la comunidad LGTB pero tienen un discurso de cara a la sociedad de que son inclusivos”.
«Es un momento complejo del feminismo en términos de su masificación, las lesbianas feministas son las primeras críticas a la construcción de un feminismo blanco heterosexual clasista heterosexista que resuelve sus problemas académicos usando material y luchas que son de otros colectivos o que a otras colectivos les implica la vida. Con las leyes no alcanza: si no hay repudio sobre el accionar discriminatorio, si los propios funcionarios tienen una práctica negacionista y discriminatoria con la diversidad sexual eso se replica en la sociedad. En los gobiernos de derecha los discursos discriminatorios se vuelven moneda más corriente», finaliza Amanda.
Leonardo Grosso es diputado nacional del Movimiento Evita y el año pasado hizo pública su identidad marica. Con respecto a la realidad actual en cuestiones de diversidad manifiesta: «En los últimos años hemos retrocedido mucho. Hace dos semanas tuvimos el fallo de una jueza hacia dos esposas por besarse, el año pasado hubo más de 80 travesticidios, también es pensar cómo en la sociedad hay momentos que permiten avanzar y conquistar derechos que quedan impresos en la ley pero que esos derechos no se garantizan en momentos de retrocesos como éstos. El macrismo tiene políticas superficiales, pinta el Obelisco de colores y llena la ciudad de cartelitos de ‘friendly’, pero después es la ciudad donde la policía de Larreta golpea a lesbianas y maricas en el espacio público. Las políticas de Estado tienen que ser acompañados por acciones que garanticen la igualdad».
