En lo que va del año murieron al menos tres personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. El más reciente fue el caso de Sergio Zacaríaz, de 52 años, que conmovió a la opinión pública y puso al Gobierno porteño a dar explicaciones, hasta ahora insuficientes y que en algunos casos rayan el cinismo. Pero en mayo, cuando los primeros fríos comenzaron a llegar, fallecieron otros dos varones adultos, según pudo reconstruir El Grito del Sur en base a los testimonios de las organizaciones sociales y ONGs que trabajan cotidianamente con esa población de manera mucho más comprometida y eficiente que el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
El domingo 12 de mayo de este año fue hallado sin vida Carlos Benzenette, de 72 años, en Bacacay al 5700, en una ranchada bajo la autopista Perito Moreno, en Villa Luro. Fueron los voluntarios de la ONG Acción Personas en Situación de Calle quienes notaron su ausencia. A fines de abril habían registrado sus datos y su precaria salud durante el Censo Popular de Personas en situación de calle, impulsado por las organizaciones sociales ante la falta de estadísticas oficiales confiables. «Arrastraba una neumonía desde el año pasado. El viernes anterior a su muerte lo notamos muy mal. Cuando volvimos el domingo con ayuda no lo encontramos. Sus compañeros de ranchada y vecinos nos notificaron que había muerto, lo cual después pudimos constatar», contó a este medio Cecilia, voluntaria de APC.
En el barrio de Retiro, en Avenida Santa Fe y Uruguay, también a mediados de mayo, falleció Javier, un adulto en situación de calle con un cuadro grave en salud mental. «Ese día llovió. Javier estaba en la calle, todo mojado», recuerda Mónica, de Amigos en el Camino, una ONG que reúne decenas de voluntarios que recorren las calles porteñas con abrigo y comida desde hace años y acaba de inaugurar su primer local. «Llamamos varias veces al 108, pero el BAP no se hizo cargo. Intentamos abrigarlo, no hubo nada que hacer. Fue una tortura lenta», describe sobre lo que vivió ese día, en el que vio morir a uno de sus amigos.
Si bien la llegada de las bajas temperaturas moviliza las estructuras de emergencia del Gobierno porteño, el frío no es la única ni la principal causa de muerte de las personas sin techo. «Gente en la calle se muere todos los días, pero esas muertes son invisibilizadas», le dijo a El Grito del Sur el referente de Proyecto 7, Horacio Ávila, en este nota, a propósito de la muerte de Zacariaz. «La mayoría muere en los hospitales, no de frío específicamente, pero sí por estar años en la calle. Y hay muchos que son NN, porque no tienen documentos o porque la policía, cuando manipula el cuerpo, lo roba», explicaba.
En ese sentido, Cecilia recuerda otra muerte, en marzo de este año, de un adulto de entre 30 y 40 años al que sus compañeros de ranchada llamaban «Fran». Lo atropelló una formación del tren Sarmiento. «Fran venía consumiendo mucho alcohol, porque era la forma que encontraba para soportar lo insoportable. Hacía muy poco que había caído en la calle. No sabemos con precisión si se suicidó o si el tren lo atropelló», describe.
El frío del invierno y el frío del Gobierno
El primero que lo dijo en esos términos fue el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en 2016, desde la mesa de Mirtha Legrand: «La gente está en la calle porque quiere, no confían en el Estado». Esa idea se transformó en la explicación oficial sobre la muerte de los sin techo. Desde Rodríguez Lerreta hacia abajo, la reproducen como un mantra la mayoría de los funcionarios que tienen responsabilidades en la materia.
El último en pronunciarla fue el responsable de la Dirección de Atención Inmediata, Mariano Goyenechea, de quien depende la ejecución del Operativo Frío, el programa de emergencia que se despliega entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Según Goyenechea, Zacaríaz murió de frío en la calle porque «nunca, desafortunadamente aceptó nuestra ayuda”. La canallada también la dijo el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, en diálogo con Futurock esta semana.
Pero, ¿cuál es concretamente esa ayuda y por qué, en todo caso, las personas en calle la rechazan? El Operativo Frío no tiene un presupuesto específico, pero el área de «Atención a los Sin Techo», del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que conduce la ahora candidata a senadora por Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, cuenta este año con algo más de 285 millones de pesos, según el presupuesto 2019 de la Ciudad. Entre otras cosas (muy pocas), el «Operativo Frío» pone a disposición frazadas para repartir en las ranchadas y abre algunos dispositivos para pasar la noche en algunas plazas. Gastó, por caso, 3.099.000 de pesos en 1000 colchones, y otros 7.555.200 pesos en 40 mil frazadas, todo por licitación pública.
Además, el Gobierno porteño sostiene que durante el Operativo Frío el BAP despliega un mayor número de camionetas y trabajadores a recorrer las calles. Lo que dicen distintas fuentes consultadas por El Grito del Sur, entre ellas trabajadores del propio programa, es que sólo están funcionando 4 de las 23 camionetas que según el Gobierno están disponibles para acudir en ayuda a partir de los llamados al 108.
Insólitamente, el Gobierno porteño lanzó su propia campaña para reclutar «voluntarios y voluntarias» que quieran colaborar con la responsabilidad del Estado, lo que fue repudiado por los trabajadores del programa, que denuncian estar precarizados desde hace años. «A nosotros, como voluntarios, nos da mucha bronca eso. Porque el Estado tiene un deber, una responsabilidad, y debe tener equipos profesionales con las herramientas y la estructura necesaria para intervenir, pero no lo hace», opina Mónica, de Amigos en el Camino.
¿Y los paradores? Aún peor. Para la Auditoría General Porteña, que realizó un informe al respecto el año pasado, la situación es lamentable. La Auditoría relevó, entre otras cosas, «problemas en general de infraestructura edilicia en los 3 paradores y dos centros», «falta de mantenimiento», «procedimientos inadecuados de control para el almacenamiento y conservación de alimentos» y hasta «plagas».
En la Ciudad existen 32 dispositivos de atención con 2352 camas, algunos administrados directamente por el Gobierno porteño, otros a través de las organizaciones sociales. La mayoría son para varones solos, algunos pocos para mujeres cis y trans. Uno solo, el “Centro de Inclusión Social Costanera Sur”, hospeda familias con hijos. Allí, según un informe de Página/12, no hubo luz ni agua durante varios meses en 2018. La negativa a la separación del grupo familiar y los estrictos horarios que los asemejan a instituciones de encierro son los principales motivos de las personas en situación de calle para no ingresar a un parador.
OLA POLAR, OLLA POPULAR
Anoche, en la cancha de River, hubo al menos 200 personas que aprovecharon la convocatoria del club para pasar la noche y comer un plato de comida caliente. El número de gente sorprendió a los organizadores y desnudó que la dimensión de la problemática es mucho mayor a lo que el Gobierno está dispuesto a admitir.
Tal como reveló este medio, el censo oficial realizado por el Ejecutivo detectó 1146 personas en la calle, apenas 55 más que el año pasado. Pero ya en 2017, las organizaciones populares relevaron unas 4390. En el medio se profundizó la crisis: en la Argentina el 6,7% de las personas son indigentes, 1.865.867 de personas en total. El segundo censo popular, que se realizó nuevamente este año, dará a conocer sus propios números el 25 de julio.
El censo oficial está judicializado, por iniciativa de un amparo impulsado por las organizaciones y por la diputada nacional de Somos, Victoria Donda. Según el artículo 4 de la ley de Personas en Situación de Calle porteña, el Ejecutivo debe realizar el censo barriendo todas las calles de la Ciudad en diferentes días y horarios; pero lo hace sólo en el transcurso de una noche. Eso explica la diferencia entre el número oficial y el que manejan las organizaciones. Para Donda, el Gobierno porteño «desde hace varios años viene empeñándose en esconder la problemática y la cantidad real de afectados/as a los fines de ocultar su propia inoperancia y la dramática situación socio económica que atraviesa nuestro país».
En un pedido de informes presentado por la legisladora porteña Victoria Montenegro, dirigido a la dirección del BAP, se pregunta cuántas personas, según el Gobierno, lograron salir de la calle. La respuesta fue que no hay estadísticas sobre el tema. Porque sencillamente no hay nada que contar. Las únicas que pueden dar noticias son voluntarias como Mónica, que cuenta que tiene relación con al menos unas 20 familias que, a duras penas y con recaídas, van saliendo de ese infierno.
«Abrir estadios, abrir lugares, abrir incluso nuestras casas no solucionará el verdadero problema si los gobernantes no abren la cabeza y la caja de la guita que nos garanticen políticas para un buen vivir», reza un comunicado difundido ayer por la organización No Tan Distintas, una de las que convoca a una olla popular este sábado en Mataderos para repudiar no sólo la ausencia del Estado en las muertes sino el estruendoso silencio oficial a partir del video viralizado en las redes en la que dos tipos se bajan de un auto para prender fuego una ranchada. Otra movida tendrá lugar el 9 de julio, en el Obelisco: será una carpa/refugio y estará organizada por Proyecto 7 y la CTEP.
