Lorenza abre la canilla y por unos segundos no pasa nada. La grifería se sacude haciendo gárgaras y parece que va a salir algo, pero pronto se rinde y nada, ni una gota.
–No hay caso, ¿ves? –dice y señala la bacha–. Hace un mes que estoy así, sin agua. Ni para cocinar, ni para bañarme. Yo y mis dos hijos. Decime, ¿quién puede vivir así?
La bacha comparte espacio con una cocina oxidada, un tablón de madera para cocinar, un catre donde duerme Lorenza y una pila de bolsas de residuos llenas de ropa. Sobre la pared hay una grieta de al menos un centímetro que amenaza con hacer caer toda la estructura. Si se asoma el ojo por uno de los huecos, se puede mirar el exterior: lo que se ve son los escombros de lo que alguna vez fue la casa de una vecina. Y mas allá, más escombros, y los postes de 20 metros de altura de lo que será la nueva traza de la Autopista Illia.
–La última vez que vinieron a demoler, se movía todo. Golpeaban y golpeaban como si no viviera nadie acá, nadie– explica.
La casa de Lorenza quedó en una especie de no lugar: para la Secretaría de Integración Social y Urbana porteña, que ejecuta el proceso de urbanización de la Villa 31 con fondos y lineamientos generales del Banco Mundial, la manzana 12 del sector Cristo Obrero es un hueco en los planos.
No deberían haber quedado familias en ese sector: la absoluta mayoría de quienes durante décadas construyeron allí sus casillas fueron relocalizados hace ya seis meses en el complejo de viviendas que lleva de nombre “Containeras”. Pero Lorenza y otras cuatro mujeres, algunas con sus hijos, quedaron allí, varadas, rodeadas de escombros, sin agua y bajo amenaza. Como cabos sueltos, como un problema que por ahora no parece tener solución.
“No hay vivienda para vos, me dijeron los gobiernos”, dice Lorenza. Lo mismo le dijo la Justicia de la Ciudad: su caso, con la ayuda de la Mesa Participativa de Urbanización y de delegadas del barrio que la conocen hace años, llegó con la forma de un amparo al despacho de la titular del Juzgado 4 en lo Contencioso Administrativo porteño, María Elena Liberatori. La jueza falló en línea con la Secretaría, que le ofrece una ampliación dentro de los programas de “mejoramiento de vivienda” en el sector del barrio donde vive su ex marido, pero no una vivienda nueva como la que recibieron el resto de los que fueron sus vecinos.
Tanto el fallo de primera instancia –que fue apelado– como los argumentos del Gobierno omitieron, según Lorenza y los y las militantes que la acompañan, un detalle que a la luz de los hechos no es ningún detalle: a su ex marido. Lorenza lo llama “el padre de mis hijos”, y cuando lo dice se le nubla la cara y se le ahoga la voz. Lo denunció por violencia de género al menos tres veces, en circunstancias diferentes, durante los últimos seis años.
El texto del fallo de Liberatori dice que Lorenza y quienes la acompañan “solicitan el dictado de una medida cautelar para que se otorgue la posesión inmediata de la unidad funcional identificada como Edificio 2 Núcleo 3, Unidad Funcional “E” del “Sector Containera” en reemplazo de la vivienda en la que actualmente habita la actora y su grupo familiar”; y que “manifiesta la actora que es una mujer sola a cargo de sus dos niños víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y sin red familiar ni social de contención tanto económica como afectiva, y en inminente situación de calle”.
La jueza, pese a todo, le dio la razón a los funcionarios de la Secretaría, que insólitamente pujaron judicialmente para impugnar el amparo, bajo el argumento de que al momento de realizado el censo de las familias de la manzana 12, en 2016, Lorenza no estaba en su casa. Libertori concede al Gobierno que lo denunciado por Lorenza es “controvertido”.
–Si me quisieran censar, me podrían haber avisado. Tengo Whatsapp, como todo el mundo– ironiza Lorenza.
Historias de la villa
Antes de mudarse a la casa 215 de la manzana 12, hace cinco años, Lorenza vivió en una casa tomada en el Bajo Autopista. La ocupación la hizo su ex marido, mientras ella pasaba un tiempo alejada de él en Paraguay, donde vivió toda su infancia antes de llegar a la 31. “Yo nací acá. Pero mis padres me llevaron a Paraguay, por eso me quedó el acento. Nunca, jamás, viví allá ninguna cosa parecida a lo que me hacen sufrir ahora”, dice.
La casilla 215 la compró con su propio trabajo, de costurera. Cumplidos los 70 años, Lorenza está terminando el secundario, mientras cría a sus dos hijos menores, los dos varones adolescentes, que viven con ella. El más grande de sus hijos murió en un accidente, del que prefiere no hablar. Hace tres años pudo ponerle fin a la relación violenta y echar al padre de sus hijos de la casa. “Me pegaba, me pegaba y me pegaba”, dice. El problema ahora lo tiene con las autoridades.
–Quisieron desalojarme varias veces, pero me ayudaron los vecinos –cuenta y pronuncia la palabra “topadora” como en deja-vú de lo que se vivió en el barrio en épocas de la última dictadura, cuando pisó el barrio por primera vez.
A unos 100 metros de Lorenza vive Blanca, una mujer de 45 años, también separada, que llegó de Misiones a la 31 con 18 años. A ella tampoco la censaron. Persiste en su casa de dos pisos, de estructura de chapa y cartón, con un kiosco que da a lo que alguna vez fue una vereda y por donde ya no pasa nadie. “Lo que me ofrecieron en Containera no contempla mi negocio. No me voy a mudar hasta que me lo den. Es mi único ingreso, sin eso no puedo vivir”, dice.
“Yo no voy a estar pagando un lugar que no me sirva. Ya viví sin luz, sin gas, sin agua corriente. Yo vengo de la pobreza”, explica Blanca y avisa que va a “resistir”. Su caso forma parte de otro amparo colectivo, que cursa en la Asesoría Tutelar porteña, junto a otro grupo de mujeres en la misma situación.
Relocalizaciones a la fuerza
La Secretaría de Integración, conducida por el ex Sushi Bar Restó Diego Fernández, se puso como plazo comenzar en tres semanas con otro proceso de relocalización, nada sencillo a priori. Se trata de mover nada menos que a 1400 familias que hoy viven bajo la actual traza de la Illia, repartidas en 969 viviendas en repartidas a lo largo de 850 metros. Una vez desalojadas las casas, se inicia un proceso de 5 etapas. La licitación para las demoliciones sigue en concurso.
Pero para lograrlo, el Gobierno debe negociar con las familias. Desde la Mesa Participativa de Urbanización denuncian que no alcanzan las plazas en el nuevo complejo de destino, en el barrio YPF: “Son apenas 1044, de las cuales 800 están destinadas a los que vivimos bajo la traza. Y además, somos muchos los que no nos queremos mudar, porque no confiamos en que las nuevas casas sean mejores que las que tenemos ahora, incluso a pesar de las condiciones insalubres en las que vivimos ahora”, grafica Lesly, una de las referentas del espacio, que vive bajo la autopista.
“Como están las cosas ahora, tenemos dos opciones: o nos mudamos por la fuerza o nos quedamos. Si nos quedamos, nadie nos garantiza que nos pase lo mismo que a Lorenza en Cristo Obrero o que a Valeria Ibarra, una mujer a la que las topadoras las despertaron una mañana y le tiraron la casa. Vienen con el desalojo administrativo, porque seguís viviendo en el lugar mientras demuelen, y con la excusa de que tu casa también se va a caer te la tiran ellos, así nomas”, denuncia.
“El Gobierno tuvo problemas con el censo, o en el medio por violencia familiar o divorcios no reconoce el desglose familiar y no puede resolver esos problemas humanos en el marco de la urbanización y no les reconoce las viviendas”, aporta Héctor Guanco, referente de la Mesa de Urbanización. “Pero lo peor –agrega- es que cuando no lo resuelve, extorsiona a las familias, como a las de Lorenza, porque las deja tiradas en la calle sin agua, sin luz, entre las ruinas. El objetivo es expulsarlos”.
