Peligro, topadoras

Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad advierte sobre el riesgo "confiscatorio" que conllevan las relocalizaciones forzosas en la Villa 31, y describe un conjunto de "malas prácticas" por parte del Gobierno porteño: falta de consulta, amenazas de desalojo y pésimas condiciones edilicias en los nuevos complejos habitacionales.

Foto: Nicolás Cardello

El Gobierno porteño entró en la cuenta regresiva para el desalojo de 1400 familias del bajo autopista de la Illia, en la Villa 31, cuyo destino será el complejo de nuevas viviendas «YPF» dentro del barrio. Se trata, por su magnitud, de la etapa más compleja del proceso de urbanización diseñado y financiado por el Banco Mundial. La fecha de inicio de las relocalizaciones fue postergada varias veces este año porque la mayoría de quienes habitan ese vasto mundo de 969 casillas repartidas a lo largo de 850 metros debajo del cemento no están del todo convencidas sobre la conveniencia de mudarse. Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, al que tuvo acceso El Grito del Sur, detalla algunas de las razones de esa desconfianza, que van desde las «cláusulas expropiatorias» del contrato de compraventa hasta la falta de reconocimiento del desglose familiar.

«La mayor cantidad de cláusulas de la escritura están destinadas a subastar las viviendas por falta de pago y a crear instrumentos financieros con las deudas a través de letras hipotecarias», explica el documento. En especial, la cláusula quinta, que establece que a partir del incumplimiento de tres cuotas consecutivas de la hipoteca, el Gobierno de la Ciudad puede avanzar en la ejecución de la vivienda. «El proceso está viciado de malas prácticas de gobierno, por avasallar las voluntades de los implicados, por no consensuar las soluciones, por no informar en tiempo y forma sobre la índole de los procesos que se llevaban adelante», reza el estudio en una de sus conclusiones.

Además, el informe del Observatorio realiza un repaso por otro de los puntos que hacen dudar a los vecinos sobre la conveniencia de mudarse: la experiencia con el primero de los procesos, la mudanza de las familias del sector Cristo Obrero (por donde se desviará la traza de la Illia) hacia el complejo Containeras. Básicamente, las 1400 familias del bajo autopista miran con recelo la precariedad de esas construcciones y hasta sospechan que las precarias casillas construidas por varias generaciones tienen mejores condiciones que las realizadas por el Estado.

Fotos: Nicolás Cardello

Entre otras cuestiones, el informe resalta algunas de las fallas de las «Containeras», donde fueron reubicadas el primer grupo de familias movilizadas:

  • «El sistema constructivo steel framing adoptado para las viviendas nuevas no fue consensuado con los habitantes. Ya han tenido problemas con las plagas debido a fallas en la estanqueidad y hermeticidad del sistema en la unión de los muros con los pisos».
  • «Las viviendas Containera azul presentan graves problemas de filtraciones irresueltas en los sectores de los baños y cocinas. En algunas viviendas las familias informan que hubo desprendimientos de cielorraso».
  • «La instalación eléctrica ha sido mal calculada y colapsa al tener encendido más de un artefacto. El artefacto cocina es eléctrico y la SISU informó que estaban prohibidas las cocinas con garrafa, pero ante la necesidad, en muchas viviendas se las ha instalado contravencionalmente».
  • «Otras familias que tenían comercios y talleres en sus viviendas originales y por la índole de las actividades que se consideran incompatibles con los usos habitacionales, perdieron los lugares de trabajo y los ingresos».
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«Las relocalizaciones que ya hicieron en Containera están teniendo gravísimos problemas como conclusión de un proceso realizado sin consultas a las familias», sentencia Jonatan Baldiviezo, director del Observatorio, en diálogo con este medio. «La construcción no es adecuada, por eso hay filtraciones y cortes de luz. También hay problemas con el mantenimiento», agrega.

«Esta es una experiencia que el barrio aprendió y esa es la razón de la resistencia a ser relocalizadas», concluye.

El informe completo puede leerse aquí: 2019 – 07 – 11 – Villa Carlos Mugica – Informe sobre relocalizaciones

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