Vanessa Gómez Cueva es una enfermera de 33 años nacida en Perú que vivió durante más de 15 años en la Argentina, donde nacieron sus tres hijos de 2, 5 y 14 años. En 2013 quedó detenida por tenencia de drogas, luego de que la encontraran con cuatro gramos de marihuana. Embarazada y con una hija esperándola afuera, se vio obligada a firmar un juicio abreviado para cumplir su condena de 4 años en prisión domiciliaria. Una vez en libertad, logró rehacer su vida: se graduó con honores de técnica superior en enfermería, trabajó cuidando adultos mayores y continuó a cargo de sus tres hijos. Nadie le avisó que aquella firma podría complicar su situación migratoria.
Pero hace poco su vida pegó un vuelco de 180 grados. Nueve años después de firmar un juicio abreviado por la tenencia de una pequeña cantidad de marihuana, la Justicia argentina decidió expulsarla y provocó la separación de su familia, dejando a dos chicos sin su madre y extraditando a su bebé con ella. Ahora Vanessa se encuentra en Lima con una prohibición de reingreso perpetua, el mismo tipo de pena accesoria que le compete a una persona culpable de delitos de mucha mayor envergadura. Su abogado, Juan Villanueva, denuncia el trato recibido y explica que “después de firmar el abreviado, Vanessa no tuvo ni siquiera una contravención. Vanessa es un paradigma de reinserción».
Todo comenzó el viernes 1 de febrero de 2019, cuando la policía llegó a su casa a comunicarle que debía acompañarlos para firmar una notificación. Como, en apariencia, se trataba de un trámite sencillo, Vanessa fue con su hijo lactante, todavía muy dependiente de ella. Una vez en la comisaría, y al comprobar que la joven tenía antecedentes penales, se puso en marcha un proceso de expulsión. La llevaron detenida a Lugano, a una celda sin luz ni agua corriente. Más tarde fue trasladada a Ezeiza, donde pasaría todo el fin de semana sin recibir siquiera los elementos básicos para atender a su hijo. “Ese lunes me llamó diciéndome que le habían sacado a su bebé y le habían dicho que si no subía al avión, el bebé se iría solo a Lima. La coaccionaron para tomar el vuelo y así lograron expulsarla junto con su bebé, que es argentino”, explicó Villanueva.
Sumada a la falta de correspondencia entre el antecedente y la extrema medida tomada, el proceso estuvo plagado de irregularidades: a las pésimas condiciones de detención se le añadió la doble sanción sufrida por Vanessa, quien ya había cumplido su condena en tiempo y forma. Por otra parte, en ningún momento se dio intervención a una institución de niñez ni a trabajadores sociales o psicológicos que pudieran evaluar la situación de los niños, separados de su madre, o de la propia Vanessa y su bebé.
La xenofobia como política de Estado
Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), explica que “a medida que empezó a darse a conocer el caso de Vanessa, comenzamos a recibir mensajes de otras familias contando casos con las mismas características. Nos dimos cuenta que estábamos frente a un patrón de conducta que responde a una decisión de política migratoria. La Dirección de Migraciones y el Poder Judicial, más allá de conocer que las familias están integradas por niños argentinos o migrantes radicados en el país, no revisan la medida de expulsión”.
La situación de Vanessa y el aumentos de estos casos se da en un marco de endurecimiento de las políticas migratorias. El 30 de enero de 2017, mediante el DNU 70/2017, el Poder Ejecutivo Nacional decidió modificar la Ley de Migraciones. La medida significó la creación de un trámite express que permite expulsar a aquellos extranjeros que cuentan con antecedentes penales aún sin condenas firmes, obturando el derecho a una defensa legal adecuada y eliminando el arraigo y la unidad familiar como condiciones a tener en cuenta para detener una expulsión.
“El DNU se amparó en que había necesidad y urgencia de combatir el narcotráfico y la delincuencia. Al no tener una cantidad significativa de casos para justificar sus políticas, meten en la bolsa a cualquiera: no respetan los marcos legales y aceleran causas que no tienen el grado para una expulsión. Las expulsiones son arbitrarias porque no se está dando la oportunidad para que esa persona pueda plantear su defensa en tiempo y forma”, agregó la representante de CAREF.
En el caso de Vanessa, la modificación hecha en el año 2017 no aplica legalmente, ya que la joven madre inició su trámite de residencia en forma previa. En la práctica se torna evidente que el decreto impuesto por el Poder Ejecutivo provocó un cambio de matriz, un giro hacia una política migratoria excluyente que abrió las puertas para la comisión de estas irregularidades. “Más allá de la modificación procesal que establece el decreto de 2017, hoy hay otra forma de utilizar la ley: se toma al migrante como si fuera un delincuente y eso se presenta como un logro de campaña”, explica Villanueva.
¿Expulsar migrantes como estrategia electoral?
Desde el 2015, la agenda lanzada por el Gobierno que prometía luchar contra el narcotráfico y bregar por la seguridad de los ciudadanos sólo sirvió para empoderar a las Fuerzas Armadas y criminalizar a las comunidades migrantes. “En general, estamos ante casos de mujeres y que tienen un solo delito. Queda claro que éstas no son medidas para garantizar la seguridad de la población; no estamos ante una amenaza, ni son estos los delincuentes que hay que perseguir”, explica Galoppo.
Este año, en plena campaña electoral, la cuestión de los migrantes parece entrar en escena de la peor manera: como chivo expiatorio de las promesas de campaña y como explicación de la crisis que algunos políticos no pueden justificar de otra manera. “Los gobiernos antipopulares como éste siempre necesitan hacer cortinas de humo para aplicar políticas que no son a favor del pueblo, y los migrantes somos carne de cañón para eso”, sentencia Iber Mamani, referente de la comunidad boliviana.
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