Una de las políticas principales del gobierno cambiemita para ganar popularidad entre el electorado que ansiaba mano dura fueron las resonantes medidas en contra de la venta de drogas, la mal llamada «guerra contra el narcotráfico». Sin embargo, las acciones que llevaron a cabo no sólo no redujeron el consumo, sino que generaron como coletazo la estigmatización de los sectores populares. Quedó claro que la supuesta búsqueda de seguridad sólo fue una excusa para marginar, violentar y excluir a ciertas poblaciones. Para desmitificar las intenciones de estas políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó seis puntos por los cuales el modelo de prohibición y persecución solo funciona como una manera más de castigar a los más desprotegidos.
1- Detenciones masivas:
Entre 2002 y 2017 aumentó un 200% los hechos delictivos relacionados con drogas.
Entre diciembre de 2015 y enero de 2019, la Policía Bonaerense realizó un promedio de 37 mil detenciones por año, es decir más de 100 detenciones al día.
Si bien el Gobierno se jacta para bien del aumento del número de detenciones por causas de drogas, la mayoría de los detenidos son consumidores o pequeños vendedores, lo que se conoce comúnmente como narcomenudeo. Según la Procunar, entre los años 2011 y 2018 el 48% de las causas por drogas iniciadas en la Justicia Federal fueron por tenencia simple y para consumo. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires la Fiscalía Federal VI registró que entre 2011 y 2018 el 80% -en promedio- de las causas iniciadas por la policía fueron por delitos de drogas. De todas las causas de drogas, entre el 56% y el 75% fueron por consumo personal.
2- El sistema judicial:
Muy pocas de estas causas son llevadas realmente a juicio y la mayoría se resuelven por archivo o sobreseimientos cuando el Poder Judicial desestima la causa.
En 2016, el 86% de las sentencias por drogas fueron por penas de cuatro años o menos, y 4 de cada 10 condenas fueron por delitos excarcelables. Si bien este método sirve para no encarcelar a los acusados, como explica el CELS este sistema permite más abusos policiales y extorsiones.
3- Encarcelamiento
La política antidrogas promovida por el gobierno nacional e implementada por Patricia Bullrich fue una de las causas del aumento en la población carcelaria. Desde 2017, el Servicio Federal Penitenciario viene denunciando la sobrepoblación en las cárceles y este año declaró la emergencia carcelaria, luego de que éste superara por 1.600 personas su capacidad. Entre 2002 y 2017, la población carcelaria por drogas aumentó un 252%. Mucho de esto tiene que ver con la desfederalización de la ley N° 23737 de estupefacientes, que permitió que los sistemas judiciales provinciales asuman la persecución de delitos menores de drogas.
El sesgo clasista racista y patriarcal en estas políticas salta fácilmente a la vista. En 2017, el 45% de las personas presas por delitos relacionados con las drogas no había terminado el nivel primario de educación o no había tenido ningún tipo de instrucción. Además el 85% no había terminado el nivel educativo secundario. Entre los varones, un 36% de los presos por causas relacionadas con drogas estaba desocupado y esta cifra aumenta a un 46% en mujeres.
Párrafo aparte merece la situación de las mujeres trans en relación a la venta de estupefacientes. Como informó este medio, la proporción de mujeres trans y travestis en la provincia más grande del país es mayor dentro de la cárcel que fuera de ella.
4- Una política ineficaz
La política comunicacional del Gobierno se basa en igualar las detenciones de consumidores y las incautaciones de pequeñas dosis de sustancias con el desarme de grandes redes de narcotráfico. Así, mientras la ministra de Seguridad anuncia a través de Twitter los operativos a domicilios privados, las estadísticas del Sedronar indican que el consumo de drogas se acrecienta en todas las franjas etarias y sustancias. Así se gasta tiempo y dinero en pequeños operativos que no desmantelan las redes del tráfico de sustancias y no se invierte en políticas públicas de contención, prevención y acompañamiento para las personas con consumos problemáticos.
5- La guerra contra los pobres
Luego de lo manifestado anteriormente, queda en claro que las políticas anti-drogas de este gobierno no hacen más que seguir marginando y violentando a quienes menos tienen. El sistema prohibicionista criminaliza el consumo recreativo, pero no advierte sobre sus posibles consecuencias y sigue dejando caer su mano dura contra el último eslabón de la cadena que comercia las sustancias. “En nombre de “la lucha contra el narcotráfico”, el Estado está librando una guerra contra los pobres que no arroja evidencias de efectividad contra el mercado de las drogas. La gravedad de las consecuencias de esta guerra obliga a explorar nuevos modelos de intervención alternativos a la prohibición total de las sustancias. Con ese horizonte, resulta urgente tomar medidas en el corto plazo para disminuir las arbitrariedades y vulneraciones de derechos”, manifiesta el CELS y propone como políticas inmediatas la despenalización, la diferenciación en los delitos y una serie de políticas sociales que permitan construir otros horizontes de expectativas para los jóvenes de clases bajas.
