Así como dejó correr el dólar el lunes posterior a las PASO, el Presidente está dejando correr el hambre. Al menos así lo entienden la CGT, las organizaciones sociales, la iglesia, la Unión Industrial Argentina, la Federación Agraria y varios gobernadores e intendentes del conurbano. Todos le hicieron llegar al Gobierno, de una forma u otra –cortando la 9 de Julio, firmando solicitadas y comunicados de prensa o abriendo puentes de diálogo con funcionarios y legisladores del oficialismo– que la Emergencia Alimentaria ya no es un reclamo sectorial sino la medida necesaria para evitar que la crisis termine por derivar en un estallido social.
Como el Gobierno se mantiene firme en la negativa de implementarla vía decreto, la oposición optó por meter presión desde el Congreso. El miércoles, mientras en la calle un sector de las organizaciones sociales resolvía acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social, un amplio abanico de dirigentes sociales y políticos se encontró dentro del Anexo de Diputados y consensuó, según pudo saber El Grito del Sur, trabajar para unificar los ocho proyectos presentados hasta hoy en uno solo y traducir el amplio respaldo político que tiene la iniciativa en una media sanción de Diputados.
Leonardo Grosso, uno de los legisladores que lleva las negociaciones, aseguró que la oposición tiene “el consenso suficiente como para avanzar con una sesión especial con quórum propio” para el jueves próximo. Resta saber si los diputados de Cambiemos (en especial, los radicales) intentarán entorpecerla o dejarán vía libre al peronismo para sesionar y votar afirmativamente.
El proyecto presentado por el dirigente del Movimiento Evita propone elevar en un 100 por ciento las partidas destinadas a comedores escolares y comunitarios y a los distintos planes sociales ligados a la alimentación. En el cálculo de los movimientos sociales, la Emergencia Alimentaría costaría, de mínima, unos 20 mil millones de pesos, menos de un tercio del costo fiscal que tuvieron las medidas anunciadas por el Gobierno tras las PASO. “Es la misma plata que le condonaron a las distribuidoras de energía por la devaluación”, ironizó el secretario de Organización de la CTEP, Gildo Onorato.
La mayoría de los proyectos propone que esa plata salga de la reasignación de partidas existentes para otros ministerios y secretarías del Estado. Hay algunos que proponen subir retenciones. Todos justifican la necesidad de la medida en la devaluación brutal que sufrió el peso en el último año y medio y el traslado inevitable a los precios de la canasta básica. “Igual, pongan la plata que pongan, acá si no se frena la inflación no hay ayuda del Estado que valga, porque siempre vamos a estar atrás de los precios”, señalaban ayer desde la CTEP.
En otra de las clásicas movidas que la alejan del Presidente, María Eugenia Vidal anunció ayer su propio paquete de ayuda, que según dijo tendrá un coste fiscal de 1.500 millones de pesos. La gobernadora conoce (y padece) más que nadie cómo el combo desempleo, recesión e inflación está destruyendo el tejido social de la Provincia. Pero fueron varios los intendentes que tomaron medidas similares, con menores recursos, antes que ella.
Reunidos en la Casa de la Provincia de San Juan y ante la grave situación que se vive en todo el país, los ministros de Desarrollo Social de las provincias solicitamos al gobierno nacional:
1. Declarar por Ley de forma urgente la #EmergenciaAlimentaria nacional. pic.twitter.com/teG4EmYwT6
— Gabriel Yedlin (@gabiyedlin) 4 de septiembre de 2019
Uno de ellos fue el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, también de Cambiemos, luego de enterarse que 16 chicos se intoxicaron por accidente en un almuerzo comunitario organizado por madres del barrio Lourdes a fines de la semana pasada. Un grupo de madres lo había impulsado con la idea de darles de comer. Se llevaron algunos alimentos secos para un guiso de una de las iglesias evangélicas que realiza trabajo comunitario en la zona y fueron a buscar restos de carne y verduras en la basura del barrio, para sumarle. Encontraron una bolsa con un polvo blanco, que era brumato de potasio, pero lo confundieron con sal. Los chicos casi se mueren.
Antes del accidente, Galli repartía bolsones con 8 alimentos secos y distribuía tarjetas de débito para comprar en supermercados, por 500 pesos. Ahora, la bolsa llega con 20 productos y en la tarjeta se depositan 1500 pesos.
“El Estado nacional está poniendo alrededor del 30 por ciento de los alimentos para la gente que asiste a los comedores”, señaló Onorato. Las organizaciones sociales, dice el dirigente, le dan de comer a un millón de personas en todo el país, de las cuales casi 150 mil son del conurbano.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA difundido la semana pasada, de no ser por la red de solidaridad, la situación de desnutrición infantil en el conurbano sería aún peor de lo que ya es. El informe señala que los problemas de desarrollo derivados de la falta de nutrientes básicos en el último año trepó del 17,4 al 44 por ciento. La contención fueron los comedores comunitarios y escolares. Pero aún así, no alcanza.
El problema, dicen las organizaciones sociales, está en que por más que se actualicen las partidas, es también urgente que se frene la inflación. “Lo primero es controlar el precio de los 11 productos de la canasta básica, luego hay que generar obra pública masiva y proteger los rubros donde trabajan los sectores más golpeados”, coincidió el diputado Daniel Arroyo, que suena como posbile ministro de Desarrollo Social a partir del 10 de Diciembre. Con eso, explica, “al menos vamos a parar de caer”.
