De todos los femicidios sucedidos entre 2013 y 2018, un 23% se realizó con armas de fuego. De ese total, 1 de cada 4 atacantes era miembro de las fuerzas de seguridad y contaba con un arma reglamentaria. Estos datos, tomado del informe “Cuando el macho dispara” del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP), muestra un panorama escalofriante pero nada novedoso. Detrás de cada caso, -que a veces se desdibuja en un número o una estadística-, hay afectos, momentos, charlas y deseos. Los titulares de los diarios no reflejan a las personas de carne y hueso cuyas vidas quedan truncas, no solo por la posibilidad de dominar los cuerpos ajenos que el sistema machista otorga a los varones, sino por la impunidad que la Justicia le termina dando a los agresores. El Gobierno, que asigna un presupuesto de 11 pesos por día por mujer al INAM, falla en la creación de políticas públicas. Pero además, en el caso de los femicidios cometidos por parte de agentes de las fuerzas de seguridad con armas de fuego reglamentarias, es el mismo Estado el que carga las balas que asesinan a mujeres y feminidades.
El 2 de septiembre pasado comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 el juicio oral y público a Carlos Leal por el femicidio de Giselle Noemí Martín. Carlos era agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y asesinó a su pareja con el arma reglamentaria que portaba, aún estando fuera de servicio. El femicidio ocurrió el 8 de julio del 2018 en la casa que ambos compartían en San Cristóbal, donde además vivían los dos hijos que tenían en común y que ahora tienen 18 y 6 años. Según contó a este medio Cynthia Urbini, prima de la víctima, en la relación entre Giselle y Carlos existían situaciones de violencia de género previas al desenlace trágico. Las veces que Giselle -quien tenía 39 años al momento de su asesinato- intentó separarse de su marido, regresó al hogar ya que Leal la amenazaba con quitarle la tenencia de su hija menor o la extorsionaba económicamente.
“Ella no tenía trabajo ni cómo sobrevivir, por eso terminaba volviendo. Siempre le tuvo miedo, nunca quería dejar a la nena sola”, explica Cynthia. “Ese día era domingo y mi prima estaba sola porque sus dos hijos habían salido. Leal llegó de trabajar como a las seis de la mañana. Lo que él dice es que luego de una discusión tuvieron un forcejeo con el arma y la pistola se disparó sola. Pero las pericias dicen otra cosa, porque ella estaba durmiendo en el entrepiso y los peritos que participaron en la causa aseguran que le disparó desde abajo”.
Luego del incidente, Carlos Leal llevó a su esposa al hospital Churruca. Giselle agonizaba y murió horas después. El agente, quien formaba parte de las fuerzas de seguridad hacía 15 años y al momento del crimen se desempeñaba en la División de Canes, en todo momento sostuvo que se trató de un accidente, incluso durante la primera instancia del juicio oral, en la que fue llamado a testificar. Actualmente, Leal está detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz y se encuentra acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo habiendo mediado violencia de género.
El juicio, en el que intervienen los jueces Juan Giudice Bravo, Pablo Daniel Vega y Gustavo Valle, ya tuvo tres instancias: en la primera testificó el acusado, en la segunda familiares de la víctima y en la tercera, realizada el día de hoy, los peritos y el personal policial que intervino en la causa, así como los familiares del acusado.
La defensa de la familia de la víctima quedó a cargo de Pablo Rovatti y Esteban Galli, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación.
En la primera audiencia, Leal reafirmó su estrategia sobre el disparo accidental. En la segunda instancia, los familiares de Gisela llamados a declarar – su madre Haydeé Noemí Vasco, su hermano Leandro Ariel Martín y su prima Cynthia Urbini- aseguraron que Giselle era víctima de violencia de género y que la habían visto con secuelas de golpes en el cuerpo. A estas declaraciones se le sumaron las cartas encontradas en el allanamiento al PH que la pareja compartía en San Cristóbal. Según informó la periodista Lucrecia Raimondi, que tuvo acceso a la causa, “se secuestraron alrededor de 500 cartas, notas y manuscritos, la gran mayoría escritos por Leal, que datan de 2002/2003, donde él mismo dice que se arrepiente de “levantarle la mano” y reconoce que ejercía violencia física y verbal”.
En la tercera instancia del proceso legal, finalizada hace algunas horas, declaró una amiga de la víctima y uno de los peritos que trabajó en al causa. Por su parte, el perito reafirmó lo presentado en el expediente donde, según las pericias realizadas en el lugar del crimen y en el cuerpo de la víctima, el disparo que terminó con la vida de la mujer habría ingresado de abajo hacia arriba, en un ángulo aproximado de 45º con trayectoria ascendente. Se espera que se realicen algunas audiencias más con peritos, por lo cual aún no hay fecha para la sentencia.
Semanas después del femicidio, la legisladora porteña Victoria Montenegro elevó un pedido de informe. Montenegro -quien declaró a la prensa que en 2017 se cometieron 23 femicidios con armas reglamentarias provistas por el Estado- no solo consultó por el número de femicidios cometidos con armas reglamentarias de efectivos de fuerzas de seguridad en el 2018, sino también por las políticas tomadas desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la prevención y a la reparación y si estos efectivos habían recibido alguna sanción.
Este pedido nunca fue respondido y las preguntas (aún) no recibieron respuesta.
