La crisis chilena y el «paraíso neoliberal»

El primer recuento después de las protestas en Santiago arroja 41 estaciones de Metro quemadas y 308 personas detenidas. Hay 56 policías heridos, 49 vehículos policiales con daños y 11 civiles lastimados. Crónica desde un Chile en llamas.

El pasado 17 de octubre, el presidente de Chile afirmó en el periódico Financial Times que su país era un «oasis sudamericano» en relación con la situación de otros Estados del vecindario, sumidos en lo que definió como «populismo, demagogia y crisis política». Piñera afirmó también que en Chile había una democracia estable, empleo, mejora creciente en los salarios y equilibrio macroeconómico. Concluyó declarando que está dispuesto a  “hacer todo” para evitar que ocurra lo que está sucediendo con los países vecinos.

Pero la sequía llegó al oasis neoliberal: el país sufre la peor crisis hídrica de los últimos 60 años, que llega de conjunto con el invierno más seco (comúnmente lluvioso). Esta situación ha llevado al gobierno a declarar la emergencia agrícola en varias regiones y 17 comunas de la Región Metropolitana. Numerosas organizaciones en defensa del agua han declarado que esta crisis se amplifica  aún más por el carácter mercantil de la propiedad del agua, consignado en el Código de 1981 promulgado durante la dictadura y defendido férreamente por las patronales agrícolas y forestales. Según datos de CNN, para el año 2030, el 57% del consumo de agua en Chile estará destinado a la industria forestal y el 37% para la agricultura. Solamente el 2% para consumo de agua potable.


Este 18 de octubre confluyeron diversas manifestaciones sociales orientadas a evadir de manera masiva el pago del Metro, impulsadas por estudiantes y convocadas el día anterior mediante redes sociales. Las protestas continuaron durante todo el día, con la destrucción de varias estaciones de este medio de transporte, saqueos, barricadas y cacerolazos en distintos puntos de la capital. La convocatoria nació a partir del alza del pasaje del metro. Sin embargo, el malestar social podría atribuirse al encadenamiento de diversos hechos que encolerizan a la población, como los casos de impunidad de empresarios involucrados en evasión de impuestos, la corrupción en carabineros y las fuerzas armadas, «perdonazos» tributarios a grandes empresas y millonarias ganancias de las administradoras privadas de las pensiones (AFPs) y la salud (Isapres). A esto se le suma una creciente represión policial al pueblo mapuche, numerosas zonas de sacrificio ambiental, crisis sanitaria en el sistema público de hospitales, la desidia y el abandono de la educación pública.

Hasta ahora, las autoridades conciben a estos hechos como meramente delictivos, invocando la Ley de Seguridad Interior y el estado de emergencia. Mediante estas medidas, son los militares los que controlan el orden público en una circunstancia no provocada por un fenómeno de origen natural como los terremotos, algo inédito en este período postdictatorial. El primer recuento después de las protestas en Santiago son 41 estaciones de Metro quemadas y/o destruidas y 308 personas detenidas. Hay también, 56 policías heridos, 49 vehículos policiales con daños y 11 civiles constataron daños.

Sin duda, estos hechos dan cuenta que el oasis tiene una crisis no solamente hídrica, sino social, política, económica e institucional.

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