Según un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño incumple el cupo laboral para personas con discapacidad, puesto que apenas un 0,86% del personal contratado son «agentes con necesidades especiales». Esto significa cuatro veces menos que el 5% previsto en la Ley 1502 del año 2004.
Solamente 1.324 discapacitados trabajan en el Estado porteño, sobre 154.366 agentes que se desempeñan como trabajadores de planta. La Ciudad cuenta con una legislación progresista en la materia, pero está lejos de aplicarse. El artículo 42 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que al menos el 5% de los trabajadores del Gobierno local deben ser personas con algún tipo de discapacidad. Asimismo, la Ley 1502 -orientada a reglamentar esta disposición- establecía una incorporación gradual y progresiva hasta cumplir con el cupo establecido.
Esta ley busca impulsar la inserción laboral de personas con necesidades especiales al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La legislación establece prioridad en la ocupación de cargos vacantes y políticas tendientes a la ubicación, capacitación, adaptación laboral y accesibilidad al puesto de trabajo. Sin embargo, el informe de la Auditoría General señala que Horacio Rodríguez Larreta «no cumple con el porcentaje de personas con discapacidad requeridos por la ley 1.502 en relación a la totalidad del personal que revista en la planta permanente».
El estudio se realizó con información recolectada entre fines de 2018 y principios de este año y abarca al 95,68% del total de empleados públicos. Ciudad de Buenos Aires, meca de la exclusión.
