El miércoles 20 de noviembre, el gobierno de Cambiemos avanzó actualizando el protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo y en pocas horas lo anuló. La medida generó revuelo dentro del bloque entre quienes apoyaban la medida y quienes no. Finalmente se produjo esta mañana la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. La discusión sobre la legalización del aborto se puede hacer desde muchos enfoques: uno de ellos es el económico, cuestión compleja porque en Argentina el aborto no cuenta con censos específicos. Detrás de esto subyace la reflexión acerca de políticas publicas (entendiendo que la legalización del aborto es, en definitiva, una cuestión de salud pública) y la necesidad de conocer a las poblaciones. Contar con censos reales permite repensar políticas integrales que aborden especificidades.
De todas maneras, existen proyecciones que nos permiten trazar cifras del aborto: diferentes organismos (inter)nacionales no gubernamentales, han estimado que en los países de Latinoamérica donde el aborto está penalizado, la tasa real de abortos es entre el cinco y diez por ciento de cada ingreso hospitalario. Es decir, por cada situación de aborto que se haya registrado en un hospital, existen entre cinco y diez abortos realizados no registrados. Asimismo, en Argentina existe una proporción de 1 aborto cada 2 nacimientos.
Desde la economía feminista, es importante la mirada trasversal de la cuestión del aborto desde los costos que supone una intervención y el ingreso monetario promedio de las mujeres. El precio de un aborto en la Argentina varía mucho según el método que se elija y según el lugar de residencia. Un aborto que nos garantice la integridad física y emocional, una vez concluido, redondea en promedio los $30.000. Es válido mencionar que el precio del misoprostol aumentó un 400% en los cuatro años de gestión macrista, representando casi el 45% del salario mínimo y superando los $6000, según Proyecto Generar, mientras las mujeres ganamos en promedio $15.241 (CIPPEC).
En este sentido, para pensar al aborto hay que interrogar la vulnerabilidad económica: apenas 4 de cada 10 mujeres trabajan (según datos del INDEC), la tasa de desocupación femenina es cuatro veces mayor que la de los varones y, en promedio, las mujeres ganamos 27% menos que los hombres (como lo informa la OIT). Con relación a los ingresos económicos, un 20% de las mujeres de bajos ingresos puede abortar de forma segura, mientras que ese número se eleva al 60% en las mujeres de clase media y en 83% en mujeres de altos. Otros datos que son importantes son aquellos relacionados al rango etario. En Argentina se calcula que aproximadamente el 15% de los abortos son en menores de 20 años y que el rango más amplio lo constituyen las jóvenes de entre 20-29 años con un porcentual de más del 50%.
En la Argentina, uno de cada seis embarazos es de una menor de 20 años, de los cuales más de la mitad no planificó dicho embarazo. De las jóvenes adolescentes que abortan, una de cada cinco ingresa internada por complicaciones en el aborto. Para la ONU las complicaciones derivadas del embarazo –abortos inseguros, hemorragia, parto obstruido- son las principales causas de muerte de chicas de entre 13 a 19 años. Del embarazo adolescente es importante remarcar que alrededor del 50% de ellas, quedó embarazada en su primera relación sexual y que el 66% de las jóvenes, no usa métodos anticonceptivos. Como consecuencia de la clandestinidad y de la falta de (in)formación, muchas veces los problemas que derivan del aborto no son atendidos y tratados como corresponden (según la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires).
Es interesante mencionar que la evidencia empírica demuestra que la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo reduce las tasas de mortalidad materna, la de embarazos no deseados y la misma tasa de aborto. Además, la legalización del aborto integra plenamente la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).
A modo de conclusión, entendemos que es urgente la creación de estadísticas oficiales que incluyan datos desagregados por género (no solo en el binario mujer/varón, sino también muchas otras sexualidades e identidades) y especificados por zona geográfica. Para que finalmente sea ley resulta fundamental entender que la legalización del aborto, además de saldar una deuda de la democracia con las mujeres, es reducir la brecha y las desigualdades económicas.
