En agosto de 2015, los Ministerios de Salud y Justicia de la Nación firmaron un convenio para extender la asistencia integral a sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón. Dicho acuerdo se aceleró a partir del suicidio de una sobreviviente en febrero de aquel año y del incumplimiento de la ley integral aprobada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en lo que se refería a la atención de la salud física y mental de los damnificados por el incendio ocurrido en el boliche del barrio de Once el 30 de diciembre de 2004.
La creación de un área de vulnerabilidad específica para la Tragedia de Cromañón recayó en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos «Dr. Fernando Ulloa», creado en el año 2006 bajo dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación. «El trabajo con las víctimas de Cromañón a partir del Centro Ulloa se dio en función de que distintos grupos de sobrevivientes y familiares venían reclamando la necesidad de construir un espacio de asistencia y acompañamiento acorde a la magnitud de la situación que habían vivido, por el impacto traumático que había tenido el incendio», recuerda en diálogo con El Grito del Sur Julieta Calmels, ex directora del Centro Ulloa.
Esta red de asistencia no logró extenderse y consolidarse en el tiempo, dado que -con la llegada de Mauricio Macri a la cúspide del Poder Ejecutivo en diciembre de 2015- una de las primeras medidas fue despedir a tres profesionales de la salud que atendían a sobrevivientes de Cromañón en el Centro Ulloa, especializado en estrés postraumático. Si bien más adelante se produjo una reincorporación, la decisión política ya estaba tomada: los tratamientos psicológicos fueron suspendidos abruptamente, con las consecuencias que esto genera en personas que han vivido una situación de estas características. Este hecho derivó en la renuncia de Calmels en enero de 2016.
La psiconalista, quien asumirá funciones públicas en la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género dentro de la provincia de Buenos Aires, cuenta que en ese momento «se terminó confirmando el temor inicial de que el gobierno nacional dejara abandonados a los sobrevivientes. Por lo que tuve conocimiento en este tiempo ya desde fuera de mi función, lentamente se fue desarmando todo lo que con muchísimo trabajo y esfuerzo habíamos construido, que era esta red de asistencia en el sistema público. Esto implicó construir un mapa georeferencial de los sobrevivientes y, en función de eso, en qué regiones se necesitaba la atención, un seguimiento de los casos y un trabajo con efectores de salud de cada región». «No hubo ninguna política institucional más de sostén de esa red. Se fue abandonando toda la política de asistencia», asegura.
A lo largo de estos 15 años, se produjeron una gran cantidad de suicidios de sobrevivientes y varios familiares murieron de cáncer por el sufrimiento que significó este episodio. Julieta Calmels compara esta tragedia con otras situaciones de alto impacto traumático: «Fue un incendio en un lugar con esas características, con muchos chicos adentro y sin un sistema de seguridad que acompañe. Cromañón dejó marcas propias de los traumas de guerra: recuerdos, pesadillas y dificultades para conciliar el sueño. También muchos síntomas psíquicos de las particularidades de haber estado en un incendio. Además se cruza con el hecho de que era una población muy joven, por lo que aquello ocurrió en un momento de la vida muy delicado donde se estaban desarrollando los procesos de autonomía».
La ex directora del Centro Ulloa concluye reafirmando que en los últimos cuatro años «hubo un corrimiento del Estado en sus responsabilidades y esto produjo efectos muy serios en términos de salud mental». Ahora las y los sobrevivientes, junto a muchos familiares, buscan recuperar la contención psicológica de la mano de un Estado más presente, quizás la única vía de escape frente a tanto abandono e impunidad.
