En el marco de los convulsos meses que atraviesa el continente latinoamericano en materia de disputa geopolítica, las recientes movilizaciones en Colombia alrededor del Paro Nacional convocado desde el 21 de noviembre hasta la fecha ha evidenciado, en la mayoría de países de América Latina, el amplio desconocimiento que se tiene en el exterior sobre la realidad política y social colombiana.
Grandes imágenes de sentido común han sido construidas desde los medios de comunicación hegemónicos: guerra, narcotráfico, turismo, telenovelas, entre otros productos de entretenimiento exotizantes de la realidad en Colombia. ¿Por qué, entonces, hoy Colombia se encuentra en medio de una de las movilizaciones más importantes y grandes de su historia?, ¿Qué pasa en la Colombia que se moviliza, que no aparece en las telenovelas de exportación, o en los titulares de la prensa cuando las noticias son sobre narcotráfico?
Colombia ha atravesado más de 60 años por un conflicto político, social y armado que tiene su origen en la histórica desigualdad en el acceso a la tierra y en el proceso de despojo al que las clases poderosas han sometido a millones de familias campesinas durante los siglos XIX, XX y XXI. Al viejo ‘problema de la tierra’, se suma en el caso colombiano, la negación por parte del Estado de permitir la participación política de las clases populares que estaban siendo expulsadas de los campos y buscaban formas de organización social que les permitieran consolidar un proyecto de país alternativo. Persecución y asesinatos sistemáticos a periodistas, líderes y lideresas sociales, sindicales, candidatos presidenciales, exterminio de partidos políticos, y la criminalización de cualquier tipo de organización social fueron métodos que el Estado colombiano implementó contra todos aquellos despojados que buscaban construir un país diferente desde la disputa política legal.
Con la aparición de las distintas organizaciones guerrilleras en la segunda mitad del siglo XX, la disputa social en Colombia por un nuevo modelo de país se evidenció aún más y se fortaleció la postura contrainsurgente y anticomunista del Estado colombiano que, tanto con sus estructuras legales como ilegales -como son los grupos paramilitares-, buscaron mantener el status quo y evitar la consolidación de cualquier tipo de proyecto popular para el país. Durante los años 90’, a ese conflicto político, social y armado se suma el componente del neoliberalismo como un factor que profundizó la crisis social y económica de una Colombia empobrecida, con uno de los índices más altos de desigualdad en el mundo. La aplicación de la receta neoliberal profundizó el abismo de desigualdad y ocasionó una absoluta precarización de los derechos de los y las colombianas tanto en el campo como en las ciudades. Esta receta, con el ingrediente de la firma del Plan Colombia -un plan de financiamiento a la supuesta “guerra contra el narcotráfico”-, eufemismo para el aumento del intervencionismo militar norteamericano en el conflicto colombiano, dieron cierre a un siglo de guerra con la noticia de que ésta aún no había llegado a sus niveles más inhumanos y exacerbados.
Durante los gobiernos de Uribe Vélez y la implementación de la política de ‘seguridad democrática’, la militarización y la criminalización de cualquier tipo de organización o manifestación social se incrementó, con el argumento de la “lucha contra el terrorismo” libreteado desde Washington. Así, Colombia llegó a la dramática cifra de más de 8 millones de campesinos y campesinas desplazadas forzosamente por razón del conflicto armado y los intereses privados de multinacionales en sus territorios, más de 200 mil desaparecidos, más de 10 mil ejecuciones extrajudiciales mal llamadas ‘falsos positivos’ de civiles que el Ejército presentaba como guerrilleros dados de baja para aumentar las cifras de abatidos en el conflicto, una profundización de la precarización laboral de los trabajadores con reformas tributarias, laborales y pensionales, entre otros efectos del nocivo cóctel del neoliberalismo en medio de una guerra.
Después de siete años de negociaciones, en diciembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz entre una de las guerrillas más antiguas y numerosas de Colombia, las FARC, y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. El documento firmado incluía en su contenido una gran cantidad de reformas que el Estado colombiano se comprometía a desarrollar para beneficiar al principal protagonista del conflicto: el pueblo víctima de la guerra y el neoliberalismo. Desde ese mes, a la fecha, han sido asesinados más de 800 líderes y lideresas sociales y políticas, que adelantaban procesos de defensa del Acuerdo de Paz, del medio ambiente, de los Derechos Humanos, en distintas regiones del país. Los asesinatos han aumentado significativamente durante el actual gobierno de Iván Duque, que ha hecho caso omiso no sólo a la protección de la vida de los líderes sociales, sino a la implementación de los Acuerdos de Paz y de los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas, al respeto por el medio ambiente, y que además ha profundizado las medidas neoliberales con la presentación de proyectos de reforma tributaria, pensional, con beneficios legales para los empresarios y entidades financieras, en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras.
Es así como el Paro Nacional del 21 de Noviembre responde no solamente a la coyuntura actual, sino que hace parte también del histórico empobrecimiento y precarización que el pueblo colombiano ha protagonizado durante décadas. La respuesta ciudadana es tanto al proyecto económico del uribismo, como a su proyecto político: no se rechaza solamente el neoliberalismo expresado en el llamado “paquetazo” económico, sino también el proyecto político de guerra que el gobierno de Iván Duque expresa. La firma del Acuerdo de Paz logró posicionar la paz como una necesidad del pueblo colombiano para poder transformar el país en uno más próspero, más justo y equitativo para todos y todas. Los más de 800 líderes y lideresas sociales asesinadas en solamente tres años, más los 150 ex combatientes y firmantes del Acuerdo de Paz también asesinados, han sido firmemente rechazados por la población que antes era indiferente hacia la guerra pero que, producto del posicionamiento de la paz con justicia social como un proyecto político, hoy se siente responsable de la defensa no solamente de sus derechos como trabajadores y trabajadoras, sino de esas vidas, de los recursos naturales, de la soberanía; se sienten parte de la construcción de un país que pase definitivamente el capítulo de la guerra.
El sostenimiento del Paro durante más de dos semanas ha dejado como saldo no solamente el posicionamiento político de un amplio sector de la población contra un gobierno que en vez de escucharlos los criminaliza, sino también la demostración de que el neoliberalismo de guerra continúa reprimiendo hasta asesinar cualquier manifestación con tal de no permitir el fortalecimiento de los reclamos que exigen las distintas protestas: una vez más, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional asesinó a un joven menor de edad que había salido a las manifestaciones a exigir su derecho a la educación, y ha herido a decenas de jóvenes manifestantes en lo que va de la protesta.
Pese a todo ello, en Colombia el paro continúa y se fortalece. Las calles llenas de abuelos y abuelas pidiendo un futuro mejor para sus nietos, de jóvenes que se manifiestan en nombre de aquellos que fueron asesinados en las movilizaciones, de mujeres que marchan en contra de la violencia social y política, de manifestaciones artísticas de cantantes y actores en apoyo a las exigencias de la movilización mezcladas con canciones al ritmo de “Bella Ciao”, han hecho de éste un paro histórico en una sociedad sin miedo: “Se metieron con una generación que no tiene nada que perder y tiene todo por ganar”, ha sido una de las principales consignas durante las manifestaciones. Son miles de jóvenes que le recuerdan en las calles al vetusto proyecto del uribismo que el pueblo colombiano tiene la llave de la paz, y ya decidió abrir la puerta sin dar vuelta atrás.
