El de hoy fue el último Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebró bajo el mandato de Mauricio Macri. «Fueron cuatro años de desprecio», sintetizó en diálogo con El Grito del Sur Pablo Molero, responsable de la Comisión de personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y coordinador del Foro para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. «Nunca se ha retrocedido tanto como con este gobierno en materia de derechos, pero no por errores: lo que hubo fue una intencionalidad manifiesta de desconocer derechos y hacer daño», explica.
Cuando abandonen la Casa Rosada el 10 de diciembre, Mauricio Macri y su ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, no habrán repuesto la totalidad de las 70 mil pensiones por discapacidad recortadas en 2016, pese a que los obliga a hacerlo un fallo judicial de este año, que puso fin al debate. «El recorte en las pensiones, y que todavía muchas personas estén haciendo los trámites para volver al alta, más los argumentos que usaron en su momento para hacer el ajuste, recurriendo a un viejo decreto del menemismo, es el ejemplo más claro del destrato», dice Molero.
El recorte de las pensiones fue judicializado por un conjunto de organizaciones, que lograron fallos de primera y segunda instancia contra el Gobierno, al que no le quedó mas remedio que restituirlas. El proceso, de todas formas, se dio de forma lenta: los expedientes de las altas llevan mas de un año en los despachos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Su director ejecutivo fue intimado a pagar 5 mil pesos por cada día que siga retrasando los trámites.
Otro punto del «destrato» fue la descentralización del programa Incluir Salud, que fue traspasado de Nación a las provincias, en muchos casos sin presupuesto. «Eso afectó directamente la atención y el traslado de muchas personas con discapacidad, sobre todo las de menos recursos, lo que complicó en muchos casos los tratamientos», describe Molero.
Por eso, uno de los pedidos de las organizaciones a la administración entrante será, por un lado restablecer las pensiones y el sistema de salud tal como estaba en 2015, «con especial atención a aquellas familias pobres que tienen algún integrante con discapacidad», apunta Molero. Pero, a mediano plazo, la idea es exigir un «plan integral» en materia de discapacidad, «y ya no parches». «Necesitamos una pensión específica por discapacidad, diferenciada de la de discapacidad laboral», aclara Molero.
