Justicia por Giselle Martín

Giselle Martín fue asesinada el 8 de julio de 2018 por su esposo Maximiliano Leal, miembro de la Policia Federal, quien cometió el crimen con su arma reglamentaria. Ayer el juzgado le dio la pena máxima: prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo.

«La prisión perpetua no devuelve la persona asesinada a la familia, nada la devuelve, pero sin embargo, desde el derecho legal se había obtenido justicia» El que habla es Pablo Rovatti, abogado del Programa de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos de la Defensoría General de la Nación y parte de la defensa de la familia de Giselle Martín.

Giselle tenía 39 años cuando fue asesinada el 8 de julio de 2018 en el PH del barrio porteño de San Cristóbal que compartía con su marido Maximiliano Leal. Ayer el juzgado del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 lo encontró culpable del homicidio agravado por el vínculo y decidió darle la mayor sanción del sistema penal argentino: la prisión perpetua. Esta pena había sido requerida tanto por la defensa de la víctima como por el fiscal general. Aunque los abogados de la familia de Giselle insistieron que el caso sea considerado femicidio, fundamentado en las pruebas de violencia de género preexistentes, el jurado no prosperó al respecto. Maximiliano Leal era agente de la Policía Federal desde hacía 15 años y se desempeñaba en la División Canes. El crimen fue cometido con su arma reglamentaria.

Leal y Martín llevaban 20 años casados y tenían dos hijos en común, de 7 y 17 años al día de hoy. Durante el juicio, comenzado en septiembre de este año, se constató que Leal había ejercido violencia de género por lo menos desde el año 2002. Tanto él como la propia Giselle dejaron testimonio escrito de esto en más de 500 notitas, cartas y mensajes que se encontraron en el allanamiento. Él le escribía pidiendo perdón y justificando su conducta, retralimentando lo que en el círculo de la violencia de género se entiende como ‘luna de miel’. Ella, en su diario íntimo y su cuenta de Facebook, se descargaba describiendo la situación. La violencia, además de física y simbólica, era económica: tanto en sus notas como en conversaciones con allegados, Giselle expresaba la imposibilidad de separarse de Leal por la falta de sustento económico propio para ella y para sus hijos. “Ella no tenía trabajo ni cómo sobrevivir, por eso terminaba volviendo. Siempre le tuvo miedo, nunca quería dejar a la nena sola”, explicó a este medio  Cynthia Urbini, prima de la víctima cuando comenzó el juicio.

Estadísticas de INECIP sobre los femicidios ocurridos entre 2008 y 2013

Como explicó Rovatti, la versión de Leal fue desde el comienzo del proceso que se trató de un disparo accidental luego de una pelea de pareja. Hasta el último momento Leal sostuvo este relato. Si bien no hubo testigos presenciales, ya que ambos hijos se encontraban fuera del domicilio, el juzgado descartó esta versión a través de todas las evidencias presentadas y los testimonios de la familia.

Como informó la periodista feminista Lucrecia Raimondi , la falsedad ya había quedado en evidencia en la investigación de instrucción donde la autopsia demostró que, por la posición de la bala y las características del inmueble, el disparo salió de una distancia mayor a la del forcejeo cuerpo a cuerpo. Ahora el femicida quedará detenido en el penal de Marcos Paz y recién a los 35 años de prisión podría pedir la libertad condicional.

Sobre la importancia de haber obtenido la sentencia más alta del sistema penal, el abogado defensor opina: “El precedente es muy importante porque me parece que envía un mensaje claro de que la violencia hacia la mujer, y sobre todo la expresión más irreversible y aberrante que es el femicidio, no es tolerada por el Estado. La sanción que le cabe a una persona que comete un hecho de estas características es la máxima pena que contempla el ordenamiento jurídico: la prisión perpetua. Los femicidios suelen cometerse con lo que el perpetrador tiene a mano y en este caso, como era policía, era un arma de fuego reglamentaria”.

¿Armas reglamentarias o balas femicidas?

Según el informe «Cuando el macho dispara» de INECIP, en nuestro país hay según el ANMAC 1.016.843 personas autorizadas a tener armas de fuego y, de los femicidios sucedidos entre los años 2013 y 2018, un 23% fue con armas de fuego. En el 16% de los casos había una denuncia previa y en 1 de cada 10 una orden de restricción. Del total de femicidios en estos años, 1 de cada 4 atacantes era miembro de las fuerzas de seguridad y contaba con un arma reglamentaria. En Argentina, 99 de cada 100 usuarios de armas de fuego son hombres.

A esto se suma que, según el Informe Nacional de Femicidios en la Justicia Argentina 2018 de la Corte Suprema de la Nación, el 42% de los femicidios de ese año fueron realizados por convivientes de las víctimas y el 23% con armas de fuego. De las 61 armas de fuego utilizadas para cometer los femicidios ese año, no se pudo obtener información sobre el carácter legal o ilegal de la tenencia en 35 de los casos. De los datos recabados, doce armas estaban en manos de portadores no autorizados, y once eran armas reglamentarias de integrantes de fuerzas de seguridad.

En el último mes sucedieron al menos dos femicidios con armas reglamentarias en el país.

Celeste Luna tenía 21 años cuando falleció el 15 de diciembre en Villa Hipódromo, Rawson Provincia de San Juan. Aunque aún no hay certezas, los investigadores apuntan a su novio Matías Mallea -agente de la Policía- y ahora se encuentra detenido por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.

El mismo día que Celeste, Tania Palacios (23) -oriunda de San Pedro de Jujuy- murió de un tiro en el pecho. Su novio dijo que fue ella misma quien se habría disparado cuando él se encontraba en el baño , pero la fiscalía lo detuvo como sospechoso. Se trata de Mauro Mazza (26), de la Policía Federal. Según explicó Salta 12 Mazza alegó que el ayudante fiscal José Calderari dispuso su arresto inmediato. 

El primer femicidio registrado este año -doce horas después del año nuevo 2019- también fue realizado por un policía, el oficial Héctor Montenegro, en la provincia de Santiago del Estero y le costó la vida a Celeste Castillo, de 25 años.

Imagen de portada: Ana Gallardo

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