La vivienda no es un negocio

Denuncian desfinanciamiento de la Ley 341 de vivienda

En la ciudad más rica del país, el 10% de su población vive en villas y el 35% alquila. La Ley 341, que prevé soluciones de vivienda para casos de emergencia habitacional, está financiada por un Gobierno porteño más preocupado por las baldosas que por los habitantes.

La Ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires está destinada a hogares en situación crítica de emergencia habitacional. La norma dispone fideicomisos y créditos para cooperativas de vivienda, siempre que los solicitantes no tengan propiedades a su nombre. Es uno de esos proyectos maravillosos que, si se aplicasen, podrían resolver la vida de miles de personas. Pero en una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, las prioridades son las baldosas y no las viviendas.

Por ello, un grupo de organizaciones comenzaron a organizarse para exigir la efectiva aplicación de la normativa de vivienda. En 2019, de cara a la cuarta gestión macrista en la Ciudad, el problema principal es que la Ley 341 está desfinanciada: no se asignan recursos para compra de terrenos ni para construcción de la obra.

Teresa Romero es oriunda de Salta y una de las referentas de la Cooperativa Perú. «Vengo de un desarraigo de vida en general: con mi compañero y una beba vinimos en los ‘90 desde la provincia de Salta. Llegamos de prestado a un edificio a través de un familiar, pero nos dimos cuenta que la pieza que nos prestaban estaba en una toma», explica Teresa. «Luego de una resistencia, mucha organización y tras frenar varios desalojos, logramos ganar el edificio, comprarlo y empezar a hacer la obra», cuenta Romero, una de las habitantes del edificio cooperativo ubicado en Perú e Independencia, en el barrio porteño de San Telmo.

Durante 12 años de macrismo, en la Ciudad de Buenos Aires sólo se pudo comprar un único predio. «Es un tema muy sensible porque hay muchas cooperativas de vivienda que han presentado terrenos al IVC pero no pueden acceder», explica Pablo Deltin, integrante de TAVA, cooperativa de ingenieros y arquitectos. «El otro problema es que los montos que se manejan para las obras son muy bajos y los tiempos de contrucción están estipulados en un promedio de 10 años. La guita no se actualiza como debería por lo que, finalmente, el programa está armado de manera tal que sea casi imposible terminar la obra», explica.

En el medio inciden otros factores: la dificultad de sostener las cooperativas de vivienda en el tiempo, la necesidad de acceder a soluciones concretas y el hacinamiento y las pésimas condiciones de vivienda que se perpetúan en el «mientras tanto».

La Cooperativa Perú, por tomar un caso, surgió al calor de la lucha contra el desalojo. Empujados a tomar una decisión, muchos de los habitantes optaron por acceder a créditos individuales, otros se mudaron a provincia, algunos volvieron a sus provincias o países de origen, pero 10 socios apostaron por la salida colectiva y constituyeron la «Cooperativa Perú» para luchar por vivienda digna.  Teresa explica las dificultades que implica la apuesta: «Hace 11 años no se compran tierras para esa ley, lo que dificulta que nuevas familias ingresen al proceso habitacional. Aún así, a pesar de que hay organizaciones que pueden acceder a terrenos, cuentan con presupuestos bajos y la dificultad de conformar equipos técnicos: tenemos que conformar equipos militantes porque hay muy poco presupuesto», agrega. Entre las exigencias formales de la ley, resalta la necesidad de contar con abogado, contador, trabajador social y arquitecto.

En la ciudad más rica del país, el 10% de su población vive en villas, el 35% alquila y el hacinamiento en la zona alcanza al 20% de los habitantes. El presupuesto habitacional de la Ciudad cada vez es menor. Este año, en términos reales, se redujo un 8%. Por eso, desde el año pasado, algunas cooperativas de vivienda comenzaron a tejer una estrategia de presión sobre el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para que se agilicen los fondos, se adecúen los tiempos y que el Gobierno de la Ciudad demuestre una voluntad de brindar solución a una temática como la vivienda.

La semana pasada, la red de cooperativas realizó una movilización y un corte frente a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) y lograron establecer un canal de diálogo con el Gobierno de la Ciudad. El reclamo fundamental es que se cumpla la ley y se le asigne presupuesto: «Estamos cansados que nos mandan de ventana a ventana y nos digan que se les cayó el sistema. Con el nuevo gobierno nacional y la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat estamos esperanzados, pero hay cuestiones que tienen que ver con la Ciudad y eso termina siendo casi otro mundo», concluye Teresa.