Una mujer como titular del Senado no garantizó el cumplimiento mínimo de los derechos y
demandas del feminismo, eso dejó en claro la gestión de Gabriela Michetti. Tampoco
implicó que se llevara una agenda en común en contra de las desigualdades. La ex-vicepresidenta comenzó su gestión con despidos masivos donde muchas mujeres y personas con discapacidad fueron desvinculadas, en un contexto social en el que las movilizaciones contra las violencias se masificaron y las demandas feministas rompieron el cerco informativo.
Al ritmo en que el “empoderamiento» desbordó los límites de los movimientos populares y se fue impregnando en todo discurso público, Michetti presidió debates como el de la
legalización del aborto trabajando incansablemente en contra de su aprobación.
Mientras los salones del Senado eran cedidos para charlas y jornadas impulsadas por la
embajada norteamericana y asociaciones como Women´s Democracy Network, el recinto avanzó en leyes impulsadas por las bancadas opositoras de paridad política, tiempos de las víctimas para denuncias de violencia sexual, o tipificación de violencia política contra las mujeres. Dos formas de pensar el rol de la Cámara alta, dos modelos de gestión contrapuestos.
El lobby anti-derechos
Bajo la mascarada del poder de la mujer, Michetti habilitó una agenda antiderechos,
fundamentalista y religiosa: una forma de manipular las demandas colectivas y neutralizar las
discusiones políticas que las sostienen. Proliferaron los desayunos de oración interreligiosa
organizados por la Fundación Democracia y el Círculo de Legisladores, y conferencias sobre el rol de la mujer empresaria o los valores de la feminidad. En simultáneo, las políticas de su gobierno profundizaron la brecha salarial de género y la feminización de la pobreza.
Durante el debate por la legalización del aborto las convicciones anti-derechos de la ex vicepresidenta se evidenciaron en las políticas que impuso en el Senado. Contrario a lo que pasó en Diputados, que abrió sus puertas para coberturas diversas y para todas las posiciones, en la Cámara Alta se persiguió a periodistas feministas por exhibir sus pañuelos y restringió el acceso para la cobertura de las audiencias públicas. La gestión de Michetti le puso alertas de seguridad a periodistas que opinaran abiertamente a favor del aborto, un gesto antidemocrático y que se contradice con la presunta libertad de expresión que pregonó Macri, su compañero de fórmula desde su llegada al poder.
La desprotección a las trabajadoras
En octubre de 2018 se aprobó mediante una resolución conjunta entre las dos cámaras la
creación de un «Protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral con perspectiva de género». Se redactó en paritarias con los gremios -ATE, APL y UPCN-. Se
reglamentó en abril de 2019 y se establecieron 60 días para su implementación. Desde el equipo
interdisciplinario de ATE Congresos sostienen que en la Cámara de Diputados se conformó el
comité en Septiembre. Están trabajando y recibieron denuncias desde el primer día. Pero en el
Senado no pasa lo mismo. Las denuncias se reciben en los mismos gremios pero no pueden dar
respuesta institucional.
La no designación de representantes de la gestión en el comité sólo dificultó la intervención ante situaciones de violencia de género que se viven a diario entre los más de 5 mil trabajadores y trabajadoras. Desde septiembre se reclama la urgente conformación del comité. La presión
sindical logró que las senadoras en la Banca de la Mujer firmaran una nota exigiendo la pronta
designación. La trascendencia pública de la denuncia contra el Senador tucumano Alperovich hizo que, a último momento, se nombraran los cargos pero sin consultar a la gestión entrante. Ahora deberán revisarse para conocer las trayectorias de quienes fueron designadas y saber si
defienden los derechos humanos.
Balance final
La política de Michetti fue pegarse al Instituto Nacional de las mujeres. Ademas ofició de anfitriona en los encuentro del G-20 que tuvieron su capítulo femenino. El enfoque neoliberal del “empoderamiento de las mujeres” fue el sello que le imprimió la ex vicepresidenta que excluyó a los sectores populares, persiguió a las periodistas feministas y cedió el espacio público a organizaciones financiadas por capitales extranjeros para promover discursos conservadores y biologicista.
