¿Existe la minería «responsable»?

La modificación de la Ley 7.722 en la Legislatura de Mendoza dio luz verde a la megaminería contaminante y pone en riesgo la protección del agua en esta provincia. Una mirada sobre la necesidad de poner límites al extractivismo que saquea y destruye nuestros recursos naturales.

El debate ambiental volvió a instalarse con fuerza en nuestro país teniendo como eje a la provincia de Mendoza, donde movilizaciones multitudinarias rechazan la modificación de la ley 7.722 en ambas cámaras legislativas provinciales. Esta normativa, que data del año 2007, prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la extracción de minerales «a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico».

Mendoza se encuentra hace 11 años en emergencia hídrica y la habilitación de la megaminería, que se encontraba limitada producto de un masivo reclamo popular, es sumamente grave debido a los cientos de litros de agua que utiliza por segundo para limpiar el material extraído de la montaña. «La modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de éstos», sostuvieron desde Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad, y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza.

Lo cierto es que esta problemática excede los límites de una sola provincia y se relaciona con el modelo de desarrollo productivo que condicionará la vida de las próximas generaciones en nuestro país. Ya hace pocas semanas en Chubut, las movilizaciones contra la pretensión de cambiar la Ley 5.001 -que prohíbe la megaminería en la provincia- culminaron con represión y detenciones.

A comienzos del año 2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras -un ingreso para el Estado estimado en algo más de 200 millones de dólares anuales- sin recibir a cambio ninguna inversión, aumento de producción o más puestos de trabajo. Anteriormente, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también se avalaron las actividades extractivas de oro, plata y otros minerales con enormes pasivos ambientales. Cabe destacar el conflicto desatado en la provincia de La Rioja durante el año 2012 por la avanzada de la empresa canadiense Osisko para instalar una mina de oro a cielo abierto en Famatina, lo cual fue resistido heroicamente por la población del lugar.

En este sentido, la nueva etapa política en el país se inicia con un panorama bastante desalentador. El presidente Alberto Fernández pidió antes de asumir «una minería responsable, con protección del medio ambiente y con acuerdo social», y ratificó que «esto hoy está ocurriendo en Argentina». Luego puso al frente de la Secretaría de Minería de la Nación a Alberto Hensel, hombre de estrecha cercanía con el gobernador sanjuanino Sergio Uñac. En una reciente carta dirigida al Presidente y firmada por una gran cantidad de asambleas socioambientalistas, se definió a Hensel como «un reconocido lobbista megaminero que sostiene la impunidad de Barrick Gold por sus innumerables derrames contaminantes en Veladero desde hace años». «La corporación megaminera es vergonzosa en San Juan, el papel desempeñado por los funcionarios es prácticamente revulsivo, su comportamiento es de profilaxis del saqueo y la contaminación», aseguraron estos movimientos sociales.

En un almuerzo de fin de año junto a representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) -entre los que se encontraba el CEO de Clarín, Héctor Magnetto-, Alberto Fernández sostuvo que «en materia económica no pretendo un Estado intervencionista; quiero crear un Estado inteligente que equilibre las desigualdades en los mercados, que dé garantías a los que invierten». Pocos días antes, la reunión entre Fernández y el gobernador mendocino Rodolfo Suárez dio luz verde al cambio de la Ley 7.722, que permitirá el uso de cianuro y ácido sulfúrico. En este tema casi no hubo grieta: votaron a favor de la modificación el gobernante UCR y el opositor PJ. Además, las retenciones a exportaciones de minerales bajarán del 12% al 8% a partir de los proyectos de emergencia que el Presidente envió la semana pasada al Congreso.

Foto: Julián Galán

El concepto de «minería responsable» fue acuñado por los propios empresarios del sector para crear la imagen de una actividad moderna en cuanto a sus impactos sociales y ambientales, a contramano de las nefastas consecuencias de la minería de antaño. Lo cierto es que, si existiera la llamada minería responsable, ésta debiera respetar ciertos principios fundamentales como el derecho de las comunidades a decidir sobre la minería -y sobre cualquier otra actividad que represente un riesgo a su bienestar- a partir de la consulta y el consentimiento previo.

La conflictividad social en Mendoza, Chubut y próxima a desatarse en otras provincias (si se continúa con este tipo de iniciativas) deja en claro que el camino para volver a poner a la Argentina de pie, más allá de la necesidad inmediata de conseguir dólares, debe evitar la opción extractivista depredadora de nuestros recursos naturales, dando lugar a una vía de desarrollo que conserve un equilibrio con el ambiente, garantice espacios sociales libres de contaminación y proteja la riqueza social y cultural de cada uno de los territorios.

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Sebastián Furlong

Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación (UBA). Periodista comprometido con los intereses populares.