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El récord que dejó Macri: 2535 migrantes expulsados en cuatro años

El gobierno de Macri duplicó el número de expulsiones de personas migrantes y desató una oleada persecutoria hacia esa población. En paralelo, la entrada en vigencia del sistema Radex de radicación online potenció la informalidad y redundó en más expulsados. Las organizaciones del colectivo definieron a las políticas públicas de estos cuatro años como de retroceso y persecución.

Hasta octubre de este año, el gobierno de Cambiemos expulsó a 2535 migrantes del país, de acuerdo a un informe de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Centro de Justicia y DDHH de la UNLA en base a datos oficiales al que tuvo acceso El Grito del Sur. La cifra duplica los números de la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y expone de forma cruda el tinte persecutorio que tomó la política oficial hacia esa población durante los últimos cuatro años.

Si se analizan de forma comparativa, los datos dan cuenta de cómo el discurso xenófobo de varios funcionarios del gobierno anterior se tradujo en una escalada de expulsiones: fueron 323 en 2016, 489 en 2017, 705 en 2018 y finalmente 1018 este año. El salto a partir de 2018 se explica en gran parte por la entrada en vigencia del decreto 70/2017 firmado por el ex presidente Mauricio Macri, que habilitó los trámites judiciales exprés para facilitar las deportaciones.

El DNU de Macri “es la expresión máxima de un gobierno que exacerbó las lógicas de control y siempre se ocupó de ligar el delito a los migrantes”, dijo a El Grito del Sur la titular de CAREF, Gabriela Liguori.

Para Liguori, en lugar de traer beneficios en materia de seguridad o en el combate al narcotráfico, tal como se argumentó durante la era Cambiemos, las expulsiones exprés terminaron produciendo el efecto contrario. “Tenemos serias dudas de que hayan cumplido los objetivos que supuestamente se propusieron con las expulsiones. Lo que sí generaron, en cambio, fueron enormes injusticias y dolores para muchas familias que fueron separadas de manera arbitraria”, explicó.

Paro de migrantes 2019. Fotos: Nicolás Cardello

De acuerdo a datos sistematizados por CAREF, también se registró un aumento considerable en la cantidad de trámites de expulsión que inicia el Ejecutivo, pero que por distintas razones no se terminan de materializar. En 2015, por caso, la administración de Cristina había dictado poco más de 1900 pedidos de expulsión, mientras que desde 2016 en adelante treparon por encima de las 4.000, con un pico en 2018 de 5110 casos.

Pese a que sigue vigente y a la espera de un fallo definitivo de la Corte, el decreto de Macri sufrió varios reveses. Fue declarado inconstitucional tanto en primera instancia como por la Cámara V en lo Contencioso Administrativo, que no sólo le dijo al Gobierno que se estaba arrogando facultades del Congreso sino que el DNU directamente resultaba violatorio de los Derechos Humanos.

A la misma conclusión llegó el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, que instó al Gobierno a derogarlo. Desde Ginebra, en septiembre, el entonces Director de Migraciones, Horacio García, se vio obligado a dictaminar el regreso al país de Vanesa Gómez Cueva ante la presión de las organizaciones migrantes y de Derechos Humanos: desde CAREF hasta el CELS, pasando por la Red de Migrantes de Argentina de la CTA y la campaña Migrar No Es Delito. El caso Vanesa fue emblemático: gracias al DNU de Macri, Migraciones tuvo la facultad de expulsarla del país y separarla de sus dos hijos argentinos, con la excusa de una causa por tenencia de 2013.

Fotos: Nicolás Cardello

Un balance del Radex: más informalidad, más expulsiones

“Estos cuatro años se pueden resumir en una palabra: regresión”, dice Liguori. “Eso se dio en múltiples campos de la política pública, en especial en lo social. Y la política migratoria no estuvo ajena. Si se lo mira desde la lógica subjetiva de las personas migrantes, fueron cuatro años de incremento de las dificultades tanto para la radicación como para la vida cotidiana, como volver a sentir cierta naturalización del rechazo en las instituciones. Volvieron a ponerse obstáculos en la práctica institucional que estaban saldados hace tiempo”, explicó.

Entre los obstáculos institucionales hay uno significativo: por primera vez, en 2019, bajó el número de radicaciones definitivas en el país. Según estima CAREF en base a información de Migraciones, este año se terminarán de otorgar unas 130.000 residencias, mientras que entre 2004 y 2018 se mantuvieron estables por encima de las 200.000. La explicación radica en dos trabas fundamentales: el aumento de los costos del trámite y la implementación de un sistema online, “Radex”, que se inauguró con la suspensión de cientos de miles de trámites presenciales asignados previamente, lo que generó una demora de un año en los turnos.

Conseguir la residencia en el país le sale a un migrante del Mercosur unos 3000 pesos de base, a los que hay que sumarle otros 500 entre los antecedentes penales y la impresión del DNI. Para los extra-Mercosur, como la comunidad senegalesa, por caso, el costo de base es de 6.000 pesos. Hasta 2014, costaban 300 y 1200 pesos respectivamente.

El sistema Radex complicó aún más la cosa. “Representa mucha dificultad aún para las personas que tienen entrenamiento en el uso de internet, es confuso y expulsivo”, señaló Liguori. Los trámites, además, empezaron a tener demoras que no se registraban antes y en septiembre de este año sólo se resolvieron en un 45 por ciento.

Eso explica, en parte, la multiplicación de las expulsiones por «irregularidad migratoria»: pasaron de 33 en 2016 a 326 este año.

Lourdes Rivadeneyra, de la Red de Migrantes de la CTA, denuncia que las primeras capacitaciones que realizó Migraciones sobre cómo utilizar el sistema se dieron para los gestores, que cobran más de 10 mil pesos por resolver paso a paso la radicación, algo que no se veía desde los ´90. “Convirtieron la radicación en un negocio”, se lamentó.

“Además, ni siquiera verificaron si funcionaba–dijo Rivadeneyra –. Tenemos compañeros que hace más de 8 meses pagaron el trámite y hasta el día de hoy no pudieron siquiera acceder a la precaria”.

La referente del espacio de Migrantes de la CTA remarcó que los problemas de radicación redundan en más persecución. “Es el Estado que no brinda las respuestas pertinentes. Entonces después te detiene un policía y te pide documento y no lo tenés, y empiezan los problemas”, describió.

“No puede ser que tarden tanto en llamarte para regular tu situación, porque mientras tanto figuras como irregular y esos trae complicaciones, por ejemplo, para viajar y para trabajar”, agregó por su parte Doris Quispe, de la Campaña Migrar No Es Delito.

«Lo único que pensaron las autoridades al momento de implementar el Radex fue garantizar la recaudación anticipada del pago de los trámites, después si avanzaban correctamente o no ya no les importaba. Incluso si no se regularizaban esas residencias quizás para ellos era hasta mejor», aportó por su parte el secretario de Organización de ATE Capital y coordinador de ATE Migraciones, Hugo Bellón. «Hubo una decisión política de demorar al máximo posible», denunció, y remarcó que, como en otras áreas del Estado, también hubo despidos en Migraciones, y que se necesitan además «unos 900 trabajadores más» en el área para poder cumplir con todos los pedidos de radicación, que se siguen acumulando.

Cuatro años de retroceso y lucha

Entre los retrocesos de estos cuatro años, CAREF enumera la creación dentro de Migraciones de un “Área de Prevención de delitos al orden migratorio”, de octubre de 2016, y hasta el intento de crear una “cárcel para extranjeros”.

También hubo casos a nivel provincial que encendieron las alarmas, como la intención del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de cobrarle un arancel a los migrantes de Bolivia para hacer uso de los hospitales públicos de la provincia, lo que le valió un cruce con Evo Morales. “Eso fue una locura. Los hospitales, con el gobierno de Macri, se vinieron tan abajo que tuvieron que decir que los migrantes veníamos a ocupar todo, entre otras cosas. Son las mismas mentiras que los medios expusieron como cuando hablaban del número de migrantes que había en las cárceles”, dijo Rivadeneyra. Quispe coincidió: “Para poder aplicar el ajuste buscaron crear un enemigo para que la sociedad pudiera canalizar su descontento”.

Para las organizaciones, que esperan que el nuevo gobierno derogue el DNU expulsivo o que el caso se resuelva en la Corte, estos cuatro años de adversidad implicaron también un aprendizaje. “Había muchas organizaciones de migrantes, cada una por su lado, en sus particularidades, pero ante esta situación hubo un proceso de acercamiento para unificar reclamos comunes incluso dejando de lado adhesiones políticas distintas. Se aprendió una lección bastante linda en eso, tal vez vestíamos de distintos colores pero nos dimos cuenta que en este momento teníamos que ponernos todos la camiseta de los migrantes”, dijo Quispe.