A cinco días de finalizar su mandato y luego de tenerla cajoneada durante cuatro años, María Eugenia Vidal reglamentó la Ley de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires. Como si se hubiera despertado de un prolongado letargo, Vidal sancionó la medida a través del decreto Nº 1473, publicado ayer por la mañana en el Boletín Oficial. La norma establece que el Estado provincial deberá reservar un cupo del 1% de la totalidad de sus puestos para personas travestis, transexuales y transgénero.
La reciente reglamentación indica que la ley deberá aplicarse dentro de los 90 días corridos a partir de su publicación y manifiesta: “A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática a la que fueron y están aún expuestas las personas travestis, transexuales y transgénero, que suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia”.
A nivel nacional, el proyecto de ley de cupo laboral travesti-trans está estancado desde julio de 2018, luego de que perdiera estado parlamentario su presentación en 2016. Según relevó Agencia Presentes, en todo el país sólo 5 provincias aprobaron legislaciones (Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Río Negro y Chaco), pero ninguna lo cumple todavía. El último registro disponible -realizado por ATTTA y Fundación Huésped- data del 2014 e indica que sólo el 18% de las personas travestis y trans han tenido acceso a trabajos formales.
Referente del movimiento trans «Nadia Echazú», militante peronista y miembra del Parlamento de las Mujeres, Paula Arraigada fue candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Respecto a la medida de la gobernadora bonaerense y el tiempo que tardó en aplicarla, manifiesta: “Todas estamos contentas de que se haya reglamentado el cupo en provincia de Buenos Aires. Lo festejamos porque eso va a permitir que muchas compañeras entren al trabajo formal en relación de dependencia con los beneficios que eso conlleva. Pero como abre esperanzas también abre preguntas, por ejemplo: ¿Por qué no lo hizo antes? Ya pasaron cuatro años y dos meses desde que fue sancionada la ley, mérito de Diana Sacayán, que fue una visionaria en pelear por sus compañeras”.
En honor a la lucha de la traviarca conurbana se bautizó Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’ al registro que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y dejará asentadas las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas. A esto el decreto suma que la Secretaría de Derechos Humanos será la encargada de diseñar, implementar y supervisar programas de sensibilización y capacitación dirigidos a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, así como también asegurar el acompañamiento de toda persona que fuera contratada.
“La reglamentación habla de reducir los actos de violencia contra las identidades travestis y trans que están en las economías informales criminalizadas evitando estereotipos y prejuicios. Pero está criminalizando desde la mera enunciación las economías informales, cuando éstos fueron los empleos a los que nosotras hemos accedido a lo largo de estos años para poder subsistir”, manifiesta Arraigada.
Más allá de esta medida final -casi como si intentara saldar todas las deudas sociales que deja-, el gobierno de Vidal nada tuvo de amable con la comunidad travesti y trans. Como relevó la Asociación Civil OTRANS, la proporción de mujeres trans y travestis en la provincia de Buenos Aires es mayor dentro de la cárcel que fuera de ella. Además, mientras 1 de cada 530 personas cis que viven en la provincia de Buenos Aires está presa, la tasa de encarcelamiento de la comunidad travesti trans es de 1 de cada 73, lo que implica que una mujer trans o travesti tiene casi 7,3 veces más de probabilidades de ser encarcelada que una persona cisgénero. Según el último informe de esta Asociación, en la provincia más grande del país las detenciones arbitrarias vejaciones y torturas a esta comunidad aumentaron más de un 100% desde el año 2016.
“El decreto está aceptando que hay actos de violencia policial. Si la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sabe que una fuerza que está a su cargo comete actos que van en contra de la existencia y los derechos individuales de las personas, ¿por qué no ha hecho nada a lo largo de estos años? ¿por qué ahora lo pone en la reglamentación? Si asume que existen, ¿por qué no los condena y sigue siendo cómplice de una policía que sistemáticamente a lo largo de la historia nos ha violentado? Pareciera que Vidal de forma cínica está avalando ese proceder”, continúa Arraigada.
Si bien la ley hace referencia en los principios de igualdad y no discriminación con base en la identidad y expresión de género, ésta también advierte que es necesario el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para el acceso al empleo público y las condiciones de idoneidad requeridas para cada cargo en particular. Al respecto del concepto de “idoneidad”, es necesario traer la reflexión de Gabriela Mitidieri, historiadora (UBA) e integrante de la Colectiva Lohana Berkins, en su artículo Cupo laboral Trans: Reflexiones urgentes y desafíos posibles: “Si pensamos ya no en el mercado laboral, sino en un sistema entero regido por patrones cis-heteronormativos, racializados, patriarcales, desiguales en términos de clase, y los consideramos entramados en un juego de opresiones cruzadas, funcionales a la lógica de competencia capitalista, ¿quién logra devenir idónex?”.
Sí lógicamente la ley y su implementación son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, es necesario entender y trabajar sobre las características de la inserción laboral del colectivo travesti-trans en el contexto de una sociedad aún regida por conceptos patriarcales y binarios donde los puestos de trabajos fueron configurados sobre parámetros cis-heteronormados.
“Esta medida impulsó que la próxima gestión ejecute la ley y cumpla con la inclusión de las compañeras. También es un paso para que se sancione el cupo laboral travesti-trans a nivel nacional, ya que vienen tiempos mejores”, asegura Paula.
Sin embargo, la referente no puede dejar de recordar con tristeza a sus compañeras que no llegaron a ver la reglamentación de la ley por la que lucharon, ya que el colectivo travesti-trans aún tiene una expectativa de vida de 35 años. “Yo conocí a la compañera Silvia Lucero Orondo yendo a La Plata a exigir que se reglamente el cupo laboral trans. Ahora ya no está, murió este año a los 38 años, porque nuestras vidas todavía son muy cortas. Quizás ella hubiera tenido otro fin si este tipo de políticas neoliberales no hubieran encontrado eco en el pueblo. Si bien es positivo que se haya reglamentado el cupo, esto no implica que con un pequeño acto de bondad pueda resarcir tantos años de desidia e inmoralidad contra un colectivo que ha sido víctima de un genocidio”, concluyó Arraigada.
