“Tengo miedo porque no sé qué esperar, vivo con el fantasma de que van a venir a sacarme de un día para el otro”, contó M., una vecina del barrio porteño de La Boca. M. es madre de una de las 147 familias que está acompañando la agrupación La Boca Resiste y Propone frente a las amenazas y desalojos que llevan adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y personas particulares. “Yo siento que si me voy de acá, a mi marido le da un infarto. Y tampoco quiero que mis hijos pasen por una situación tan fea de que te saquen las cosas a la calle”, dijo M.
A fines del 2005, M. y R., su marido, vivían en Puente La Noria y esperaban con ansias su primer hijo cuando un compañero y amigo de R. les propuso un negocio: él quería comprar un conventillo en La Boca para vivir y alquilar habitaciones, pero como no le alcanzaba el dinero, le dijo al matrimonio de hacer la compra juntos. De esta manera, explicó M., el matrimonio se quedaba con la parte inferior del conventillo, mientras que su amigo se quedaba con el piso de arriba. “A mi marido le gustó mucho la idea porque, cuando era chico, su abuela también alquilaba habitaciones. Le generó mucha ilusión eso y que significaba tener un techo para nuestro hijo”, afirmó.
La pareja dio a su amigo una camioneta que tenían como parte de pago y acordaron abonar una cuota de 800 pesos por mes, pero nunca se hizo un recibo que diera cuenta del pago. “Empezamos a pagar y pagar. En un momento, él nos dice que le debe cierta cantidad de plata al dueño y nos pide dinero prestado. Le dimos casi 17 mil pesos -recordó M.-. El arreglo era que, hasta que no nos devolviera el préstamo, nosotros no pagábamos la cuota de 800 pesos. Mi marido y él se conocían hace 20 años, teníamos mucha confianza, pero el préstamo nunca se devolvió y así nos llegó el primer (juicio por) desalojo”.
La Boca, una historia de desidia
En diciembre del año pasado, vecinos y vecinas del barrio, con la firma de «Taty» Almeida y patrocinados por el Ministerio Público de la Defensa, presentaron un amparo colectivo ante la Justicia porteña para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca, sancionada en 2006. “En La Boca se viola el derecho a una vivienda digna”, dijo a El Grito del Sur Natalia Quinto, integrante de La Boca Resiste y Propone.
Según Quinto, el proceso de deterioro estructural del barrio comenzó en la década del ‘70 con el cierre definitivo del puerto. “A partir de ese momento, se pierde el polo económico y con la crisis de los ‘90 ya hay familias que no pueden pagar los alquileres y, como la zona se pone peligrosa, los propietarios no ponen sus propiedades en el mercado porque bajó su valor”, explicó Quinto.
Este deterioro en las propiedades también ha causado muertes, agregó la integrante de La Boca Resiste y Propone. “Cada dos por tres velamos a un pibe porque no logró salir de un incendio por la precariedad de las escaleras o las salidas de los lugares -lamentó Quinto-. Nuestros conventillos tienen situación de riesgo eléctrico y esto ya se lo hemos dicho a las últimas cuatro gestiones del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y a (Horacio Rodríguez) Larreta y no han llevado una sola acción para revertir esto”.
Los integrantes de La Boca Resiste consideran que el Gobierno porteño tiene un plan de expulsión de los vecinos y de gentrificación del barrio, acentuado con la sanción en el año 2012 de la ley que crea el Distrito de las Artes en los barrios de La Boca, San Telmo y Barracas. El artículo 29 de esta norma establece que el Poder Ejecutivo porteño “atenderá la situación de vulnerabilidad social en la zona” y “dispondrá acciones direccionadas a facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente en el Distrito de las Artes”. “Ese fue un artículo que logramos que se incluya en la ley, pero que no se cumple”, señaló Quinto y agregó que a ley brinda beneficios impositivos a los proyectos que se radiquen en el Distrito. “Todos los inmuebles o terrenos que son herencias que nadie reclama, quedan a disposición para que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, decida qué hacer con ellos. En La Boca todo sale a la venta”, denunció la integrante de La Boca Resiste.
Según Quinto, además de los desalojos con las fuerzas de seguridad y la venta de inmuebles, otra forma de expulsión de los vecinos del barrio es mediante las guardias de auxilio. “Es un desalojo sin juicio, que es menos visible que un desalojo administrativo – explicó Quinto-. La guardia dice que el lugar no está en condiciones habitables y que, para preservar la vida de los vecinos, deben irse del lugar. Si se cumpliera la ley de Emergencia Ambiental, el Gobierno debería remodelar ese conventillo para que la familia pueda quedarse ahí”.
“Voy a pelearla hasta el final”
“La semana pasada cuando llegué a mi casa habían dos policías en la puerta. Primero pensé que le había pasado algo a uno de mis hijos, pero me dijeron que vinieron porque los mandaron del Gobierno por una denuncia de peligro de derrumbe”, contó M. y, como los policías habían ido en un patrullero, aseguró que no desconfió y los dejó pasar. “Adentro sacaron fotos de todo. ¿Para qué? No sé. Revisaron todo y decían ‘acá peligro de derrumbe no hay’ y cuando les pregunté quién había hecho la denuncia (por peligro de derrumbe) y sólo me dijeron que los mandaron del Gobierno de la Ciudad”, afirmó M.
En el conventillo, M. y su esposo hicieron numerosas refacciones. “Como quise hacer las cosas bien, fui al Gobierno de la Ciudad para decir que había hecho esas obras y ahora me quieren cobrar un impuesto”, dijo M. A esto se suma el juicio de desalojo que inició el excolega de su marido. “Pero también apareció otra persona diciendo que es el dueño (del inmueble), así que tenemos dos (causas por) desalojo y todavía no se determinó quién es el dueño de la propiedad” , agregó. De todas las familias que vivían en el conventillo, ahora sólo quedaron ellos.
“Yo estoy a contenta con las reformas en el barrio, queda linda la zona, pero esos cambios nos están llevando a quedarnos en la calle. Si solamente tomaran propiedades vacías y abandonadas estaría bien, pero acá toman las propiedades y no les importa nada si ahí viven chicos o personas grandes”, lamentó M., que vio varios desalojos en el barrio. “Son muy violentos y te da mucha impotencia porque vos no sabés si hubo un juicio o si esa es gente que trabajaba, pagaba un alquiler y alguien los estafó”, agregó.
M., su esposo y sus hijos todavía viven en el conventillo, pero M. no quiere tener miedo al estar en su hogar. “No sabés si no vienen y de un día para el otro te sacan las cosas a la calle. Mis hijos van a la escuela acá, son todos buenos alumnos, no quiero que sufran con los cambios”, afirmó. M. aseguró que acataría una orden de desalojo judicial, pero que lamentaría irse de su casa así cuando “entramos de la mejor manera”. “Voy a pelearla hasta el final”, sostuvo.
