Aborto en el Ejecutivo: el fantasma de Francisco recorre el recinto

A tres días de la apertura de las sesiones legislativas 2020, crece la expectativa por el proyecto de ley que presentará el Gobierno para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Centrismo y objeción de conciencia institucional como alternativas para no agrandar la grieta.

Fotos: Catalina Distefano

“Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero, además, quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación: la nuestra”,  declaró sobre el final de su discurso de apertura en las sesiones legislativas en el año 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner.

“Nunca más gobiernos que tengan que tomar deuda para pagar deuda, si nos endeudamos que sea para obras de infraestructura, para proyectos de crecimiento del país, para que puedan disfrutar los argentinos, pero no para ganancia del sector financiero internacional”, dijo la actual vicepresidenta y entonces primera mandataria en el 2015.

En el año 2018 Mauricio Macri fue el primer presidente argentino en hablar del aborto en su discurso y llamar a tener un debate «maduro y responsable» sabiendo las posturas contrapuestas en su propio bloque.  Este año – y con el spoiler anticipado- se espera que Alberto Fernández sea el segundo en hacerlo para que finalmente sea ley. Sin embargo, un fantasma recorre el recinto y viene de blanco desde el Vaticano.

A través del decreto presidencial 177, publicado en el Boletín Oficial, que también lleva la firma del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, Alberto Fernández decidió que la primera apertura de sesiones de su mandato tenga lugar el 1 de marzo a las 11.30 am. Se trata de la número 138 y se realizará en la misma fecha que la el año pasado. Una hora antes del acto, la Vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados, abrirán la sesión de la Asamblea con el fin de elegir a los funcionarios y las funcionarias que formarán las comisiones de recepción de exterior e interior del jefe del Estado.

Cuando le toque el turno al Presidente, no sólo el recinto lleno esperará ansioso el primer mensaje público luego del 10 de diciembre, sino que muchos y muchas lo harán en las calles. Si bien se anticipa que se presentarán medidas como un nuevo régimen jubilatorio y la reforma del sistema federal judicial, el tema que más expectativas genera es el proyecto para que la Interrupción Voluntaria del Embarazo se convierta en una práctica legal, segura y gratuita en nuestro país. En varias ocasiones Fernández ya dejó en claro su intención de legalizar el aborto, además de haber nombrado en su discurso de asunción el Ni Una Menos, la agenda de cuidados y la tolerancia a la diversidad como guiños al movimiento feminista. Sin embargo, no se puede pasar por alto el peso que sigue teniendo la Iglesia en el asunto. Por ahora se especula que Alberto apelará a cerrar la grieta, el latiguillo preferido de la gestión anterior, entre los argentinos y las argentinas. Para esto buscará equilibrar entre pañuelos verdes y celestes y adaptarse a las exigencias clericales impulsadas por el Papa Francisco. En este sentido, el ministro de Salud Ginés González García anticipó que el proyecto iría por un línea mucho más centrista que el de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, presentado por octava vez en el Congreso en el 2019, que aún conserva estado parlamentario.

El proyecto de La Campaña explicita la necesidad de que todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas realicen la práctica de manera gratuita y obligatoria y que el único requisito para realizarla sea un consentimiento firmado. Además supone modificar ciertos artículos del Código Penal: el artículo 85 que condena a aquellos profesionales que realicen un aborto sin consentimiento, el artículo 85 bis que pasaría a condenar la autoridad de un establecimiento de salud que, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados -con una pena aumentada en caso de que esto significase un perjuicio para la salud o la muerte de la persona gestante-, y el artículo 88 que prohíbe que la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare sea penada, entre otros.

Fotos: Catalina Distefano

El proyecto institucional

Si bien aún no se conoce el texto final del proyecto -en el cual tendrán implicancia tanto la cartera de Salud como la de Mujeres, Género y Diversidad-, Ginés González García ya habló de la eliminación de factores reactivos para la sociedad sin dejar de despenalizar tanto a la persona como al profesional que realice la práctica. Una de las medidas paliativas sería permitir la objeción de conciencia institucional en clínicas privadas garantizando que la intervención se pueda realizar en otro hospital y de manera obligatoria y gratuita en todos los hospitales y centros de salud públicos.

A estas modificaciones se sumará la puesta en marcha del “Plan de los 1000 días”, inspirado en un proyecto francés en el cual Fernández se habría interiorizado luego de su reciente visita a este país. El programa busca garantizar la asistencia de madres vulnerables desde el embarazo hasta los dos años del niño. Esto significa que, en caso de querer tener a su hijo, la persona gestante que no tenga los recursos para mantenerlo quedará amparada por el Estado. «Si la mujer quiere tener el hijo, la falta de recursos no será una excusa. El Estado le garantizará una adecuada alimentación», declaró Fernández.

Por su parte, el ministro de Salud reconoció la masividad de los feminismos y declaró: «Es una cosa muy positiva y muy fuerte que está pasando en la Argentina, porque atraviesa transversalmente a las clases sociales. Si el aborto fuera un tema masculino, estaría resuelto hace mucho tiempo».

Fotos: Catalina Distefano

Poroteo y ansiedad

La ONG Economía femini(s)ta y el medio de comunicación Redacción elaboraron una investigación para proyectar los votos a favor y en contra luego del recambio de 130 diputados y 24 bancas de senadores a fines del año pasado. Según el informe, se pasaría de 129 votos a favor en la Cámara de Diputados durante la votación del 2018 a 126, ya que se perdieron 13 bancas verdes. Por su lado, los y las diputadas en contra de la legalización serían 108 contra el antecedente de 125 por la baja de 17 bancas. A esto hay que agregar 33 legisladores que no sentaron posición.

Cámara de Senadores

En Senadores se proyectan 32 bancas a favor (1 más que en la votación anterior) y 36 en contra con dos bancas perdidas por los celestes. A su vez, aún queda un margen de 4 bancas sin datos. Es decir que el número de diputados a favor disminuiría del 50 al 45% y el de senadores aumenta de un 43 a un 44,4%.

En el artículo «Aborto 2020: un juego de ajedrez político» , Mariela Belski -Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en nuestro país- aseguró: «El número para aprobar la ley estaría garantizado en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara Alta de la Nación la ecuación es más complicada; el oficialismo necesita sumar voluntades si quiere conseguir la sanción de una ley histórica. El recambio, producto de las elecciones que tuvieron lugar a fines de 2019, volvió inciertos los números: algunos de los legisladores que debutarán en sus bancas no han manifestado en la arena pública su posición sobre el aborto”.

Asimismo, recordó las posibles estrategias del Ejecutivo para lograr sancionar la norma como negociar con los gobernadores de las provincias, intentar sumar voluntades en el propio bloque e incluso recurrir a estrategias utilizadas anteriormente como ausentar a los y las legisladores más reticentes con el proyecto -lo cual sucedió en el caso del matrimonio igualitario-.

Por ahora nada está saldado; sin embargo, este domingo se abre una (amplia) puerta para que las mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos.

Cámara de Diputados
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