El pasado 13 de febrero, los ministros Marcela Losardo (Justicia y Derechos Humanos), Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible) y Sabina Frederic (Seguridad) suscribieron un acta en San Miguel de Tucumán para constituir la «Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios». Dentro de las partes firmantes estuvieron incluidos también la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, y el presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), Daniel Somma. Este acta acuerdo representa un giro de 180 grados con respecto a la política represiva encarnada en la figura de la ex ministra Patricia Bullrich y abre nuevas perspectivas en la relación con las comunidades indígenas.
La Mesa quedó en principio integrada por representantes del INAI, la APN y la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad. Su función principal será «intervenir en todo conflicto territorial suscitado con las comunidades indígenas, con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas para cada caso». A contramano de los tiempos de violenta represión estatal que culminaron en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel -los casos más paradigmáticos durante la presidencia de Mauricio Macri-, el convenio reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y garantiza la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan. También plantea la preservación del medio ambiente dentro de los territorios que habitan y señala el procedimiento de consulta como paso previo a emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras.
Cabe destacar que, a finales del año 2017, el Estado nacional y las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén establecieron un protocolo de acción conjunta contra la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y reforzaron la idea del «enemigo interno» como pretexto para aniquilar la lucha de las comunidades mapuches. Ahora el objetivo del nuevo Gobierno es avanzar en un protocolo de intervención que vaya en sentido contrario. «La Mesa va camino a constituirse en un lapso de 30 días y todavía no están definidos el conjunto de los actores que van a intervenir. Nos parece muy interesante que haya un mecanismo donde primero se conozca el contexto -por qué se da el conflicto y su historia- para luego ver cómo se aborda el tema. Lo que venía pasando antes es que se judicializaba, se desalojaba y se reprimía. Ahora se busca entender el trasfondo de cada conflicto», expresó en diálogo con El Grito del Sur Luis Pilquiman, integrante de la comunidad mapuche en la provincia de Río Negro y vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Pilquiman confía en el involucramiento de las comunidades indígenas al interior de la Mesa y reconoce que «hasta el momento no ha habido una invitación formal para que participen, aunque está la idea de encarar todo ese proceso». En relación a las perspectivas políticas hacia delante en el vínculo con los pueblos originarios, el vicepresidente del INAI sostuvo que «al haber indígenas dentro del organismo, se busca dar continuidad a los espacios de coordinación, a las luchas y a los reclamos de derechos que tienen las organizaciones. También se buscan generar procesos de participación de las comunidades en cualquier tipo de política pública que se quiera presentar, ya sea de asistencia por un hecho puntual o por una intervención más a largo plazo. Queremos que los hermanos sean intervinientes y puedan plasmar su mirada cultural en cada cuestión».
Por último, Pilquiman dio su opinión sobre las recientes muertes acontecidas en la comunidad wichi de Salta. «Es un tema que viene desde hace bastante tiempo. Por ahí no se ha conocido lo que pasó el año pasado o el anterior en cuanto a niños o mayores que han muerto por esa misma situación. Es un tema bien amplio para abordarlo, no se puede tomar un solo aspecto. Además de escasez de comida, hay falta de agua y mala distribución de la tierra. En lo inmediato, la provisión de agua segura para el consumo y la actividad productiva tiene que ser un elemento fundamental en cualquier tipo de intervención», concluyó el referente del INAI.
