El Salvador estuvo la última semana al frente de todas las discusiones sobre política regional. La tensión en el país centroamericano comenzó luego de que el presidente Nayib Bukele interviniera el Congreso para exigir la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para su plan de seguridad.
Bukele, quien asumió la presidencia hace menos de un año, llamó a la insurrección y la movilización de la población luego del rechazo parlamentario a la reforma que pretendía financiar uno de los buques insignia de su gestión: el Plan Control Territorial, un programa que busca reducir los índices de homicidios en uno de los países más violentos del mundo. El préstamo consiste de un desembolso de 109 millones de dólares y se destinaría para comprar patrullas, helicópteros y equipos de videovigilancia.
Es hora de cumplir nuestro juramento. pic.twitter.com/Rlt2MCupcb
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 8, 2020
Para la aprobación del pliego, el Ejecutivo convocó a una sesión especial que permitiera la aceptación rápida del crédito, topándose con el rechazo de la oposición, tanto por izquierda – con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)- como por parte del partido conservador ARENA. En consecuencia, el último domingo Bukele irrumpió con el Ejército en la sesión especial parlamentaria para presionar a los legisladores, lo que generó un fuerte rechazo político. Incluso la Sala Constitucional de la Corte Suprema se pronunció en contra de esta medida y instó a que el presidente “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos».
Al no obtener quorum, el mandatario hizo gala de su activa presencia en redes sociales y de su carácter mediático para encomendarse a Dios, pronunciar una oración religiosa y llamarse a la paciencia. Al mismo tiempo, convocó a sus seguidores que se congregaban en las afueras del palacio a «la insurrección para remover a los funcionarios y restablecer el orden constitucional».
El evento sienta un precedente peligroso en un país atravesado por un conflicto interno que dejó más de 75 mil víctimas entre los años 1979 y 1992. Con una economía dolarizada, uno de los peores Índices de Desarrollo Humano de la región, y una de las tasas de homicidios más altas del mundo, Bukele presenta el plan de seguridad interna como uno de sus principales logros. Según cifras oficiales, los asesinatos se redujeron un 25% en 2019 al calor del Plan de Control Territorial, pero desde la oposición señalan que estas cifras no son verídicas y que Bukele realiza una manipulación política intencionada de estos datos.
