EXCLUSIVO: El informe de SIGEN que advertía que el convenio de traspaso era ilegal

El escandaloso negocio de Macri y Larreta con los Playones de Palermo y Caballito

Un informe de la SIGEN al que accedió El Grito del Sur advertía la ilegalidad del convenio que firmaría un mes más tarde el ex titular de la AABE, Ramón Lanús, con la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Concluye que el traspaso de las tierras perjudicaba el patrimonio de Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, que pertenece en un 90 por ciento al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Un mes antes que el gobierno de Mauricio Macri firmara el convenio para la transferencia de los playones de Palermo y Caballito en favor de la Ciudad, un informe de la Comisión Fiscalizadora de Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, refrendado por la SIGEN, ya le había advertido que la transacción era ilegal. En sintonía con los principales argumentos plasmados en los dos DNU a través de los cuales Alberto Fernández mandó a investigar ese y otros convenios, los síndicos de la empresa remarcaron que la cesión de las tierras entraba en contradicción con el artículo séptimo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe a los funcionarios la afectación de cualquier bien del Estado durante los últimos seis meses de mandato. Lapidario, el informe concluye que el objetivo del proyecto estuvo “más enfocado en dar cumplimiento al financiamiento de las obras del Gobierno de la Ciudad que en proteger los intereses” de la empresa, que además pertenece en un 90 por ciento al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y en un 10 por ciento a la AABE.

El informe, al que tuvo acceso El Grito del Sur, está fechado el 10 de octubre de 2019, un mes antes de la concreción del convenio de traspaso, firmado el 11 de noviembre. Macri, ya derrotado, le dio el visto bueno a través de un DNU con fecha del 28 de octubre, 24 horas después de las elecciones generales, que habilita a la AABE a “dar en pago” bienes del Estado nacional para financiar deudas contraídas con la Ciudad de Buenos Aires por obras de infraestructura, caso Paseo del Bajo o los viaductos del San Martín y el Mitre. El apuro por concretar las transferencias ya había sido detectado en el informe de la SIGEN, que constató varias anomalías en el proceso.

El primero es un extraño cambio en el “modus operandi” a través del cual Playas Ferroviarias se había desprendido de tierras durante años. En el cien por ciento de los casos lo había hecho vía subastas públicas, luego de que la AABE evaluara la conveniencia o no de las ventas en función de las variables del mercado; esta vez, por excepción, lo hacía mediante un convenio con la Ciudad y sin ver un solo peso. Esa “urgencia”, para los síndicos, “podría resultar cuestionable habida cuenta del proceso electoral” de aquel entonces.

Para colmo, la venta no estaba planificada. De acuerdo al informe, no figuraba en las proyecciones del presupuesto 2019 de la empresa, que contaba con los terrenos como un activo fijo en sus balances. “El proyecto no se previó para llevarse a cabo en el corriente año”, explica el informe, y agrega que la “particular” transferencia a la Ciudad “excedería el giro habitual de los negocios” de Playas Ferroviarias.

Los síndicos también se preguntaron qué sucedería si, en definitiva, el costo de las obras que debería afrontar la Ciudad a cambio de los terrenos resultaba menor al proyectado: 16 millones de dólares por las playas de Palermo y otros 20 millones más por las de Caballito. Un total de 36 millones de dólares. El titular de la AABE, Ramón Lanús, firmó que la empresa le cedía las tierras a cambio de que el Gobierno porteño realizara las obras de infraestructura para mejorar el entorno de los terrenos por ese mismo monto. Según un informe de consultoría encargado por el propio Lanús a la firma BDO, las obras valían lo mismo que los terrenos. Todos contentos.

Pero el problema, según el informe de SIGEN, fue que, a diferencia de otros remates de tierras ferroviarias, esta vez el Gobierno porteño no tendría ninguna obligación de dar parte en los avances de la obra y, por lo tanto, no tendría obligación de justificar esos supuestos gastos. Es decir, la administración de Rodríguez Larreta tendría total libertad de hacer con esos terrenos lo que quisiera, sin ningún tipo de control. “El proyecto prevé un esquema en el cual el GCBA será el responsable exclusivo de todas las contrataciones relacionadas con las obras y el control de la ejecución”, dice el informe, lo que más tarde se comprobó en la letra chica del convenio. Eso ya le había valido un “llamado de atención” a Lanús por parte de la SIGEN.

Los síndicos fueron incluso más allá y pusieron en cuestión las conclusiones de la consultoría con que Lanús justificó que las tierras valían lo mismo que las obras que tendría que afrontar el Gobierno de la Ciudad, que además paga las obras en pesos. “Es un valor significativo para las obras en cuestión”, señala.

Pero las irregularidades no terminan ahí. El informe cuestiona que la entrega de tierras a cambio de las obras significaba en los hechos un “pago anticipado” inadmisible para los propios intereses de la empresa; que se pagaba con terrenos valuados en dólares por obras en pesos, en el marco de un tipo de cambio inestable como el de entonces; y que se pagaba el 100 por ciento de las obras, sin posibilidad de aplicar multas si el Gobierno porteño –como toda municipalidad o provincia– se retrasaba en los plazos de la obra.

El hecho de que por elevación los terrenos pertenecen al FGS de la Anses puede ser un agravante en la investigación que está llevando adelante la nueva dirección de la ANSES por orden de Alberto Fernández. “Todavía es prematuro, pero la comisión ya está investigando. En caso de encontrar algún delito, vamos a iniciar las acciones legales correspondientes”, dijeron desde el entorno de la presidencia del organismo. Un atenuante, en el caso específico de este convenio, es que no fue aprobado aún por la Legislatura porteña, por negativa del bloque de la Coalición Cívica, aliado de Rodríguez Larreta, que prefirió no votar el proyecto que ingresó por la ventana durante la última sesión del año pasado. Una de las razones de la negativa a votarlo fue que la policía porteña, que tiene en el lugar un destacamento, se opuso a trasladarse para darle lugar al complejo de torres de 150 metros que se planifica construir.

«El apuro de Macri para proteger la continuidad de los negocios inmobiliarios con la tierra pública no sólo violó la Constitución y la Ley de Responsabilidad Fiscal, sino también cada uno de los procedimientos y controles internos de los respectivos organismos que operativizaron las transferencias inmobiliarias a la Ciudad. Por una parte, desvirtuó por completo los fines de la Agencia de Administración de Bienes del Estado que, en vez de constituir un organismo de gestión de los inmuebles estatales, se transformó en un subastador serial de tierras públicas, en una especie de inmobiliaria abocada a que los grandes desarrolladores inmobiliarios se apropiaran de tierras codiciadas por ellos desde hace tiempo», apuntó el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, uno de los autores de la denuncia penal contra Macri y Lanús por la venta de tierras que ya tramita en manos del juez Sebastián Casanello.

«Por otra parte, el informe de la Sindicatura elimina toda posibilidad de los funcionarios/as responsables en defenderse frente a ambigüedades de interpretación normativa. Fueron informados de que violarían leyes y normas y aún así decidieron avanzar. Se acumulan pruebas de la comisión de delitos que por su sistematicidad podría empezar a hablarse de una asociación ilícita», agregó.