La Justicia es un poder retrógrado y patriarcal. El aparato judicial está quebrado y tenemos que romper todo, barajar y dar de nuevo. Las toneladas de papeles que hacen temblar los pisos de los tribunales, las filas interminables para subir a un ascensor, las miles de personas que esperan años y años una sentencia, son reflejo de un sistema vetusto y que requiere de un cambio de raíz, que se adapte a los tiempos que corren. Ninguna de estas frases nos parecerían erradas si las escuchamos, al menos, de 20 años para acá. Pero a veces nos sorprende.
Ayer nos encontramos con la historia de “Juli” y de Mariana Rey Galindo, la jueza que no hizo más que lo que se espera de ella: justicia, y desde la perspectiva de los derechos humanos. Una sentencia “amigable” con los derechos de lxs niñxs. Una, entre las decenas de miles que construyen el Estado de derecho en la sociedad que vivimos.
Desde la aprobación y ratificación de la Convención Sobre los Derechos del Niño (la niña, les niñes), el artículo 12 que otorga el derecho a la participación y a ser oídos ante la toma de decisiones que influyan en su vida. Treinta años remando contra marea, luchando con un sistema adultocentrista, donde adolescentes y niñxs son rehenes de las decisiones de “lxs grandes”. Dicen que hacen “lo mejor para ellos”, pero la intención no es suficiente. Juli en su reclamo nos recuerda lo necesario y urgente que es generar el cambio para que las personas adultas lean -y escuchen- a lxs niñxs y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de tutela. Esto lo vemos a diario, como si no existieran.
Tantas malas experiencias y túneles sin luz hacen que una noticia como ésta nos emocione, nos cargue de energía y potencie nuestros esfuerzos por entender que los cambios sociales deben ser acompañados por todos los poderes del Estado. Pero no alcanza. Cada uno de nosotrxs tiene que estar ahí, presionando para que eso suceda. El derecho de acceder a la justicia es uno de los derechos humanos más relegados, reservados para quienes tienen recursos, para quienes tienen información, para quienes el sistema ya protege por su lugar de privilegio en la sociedad. Hacer del acceso a la justicia un derecho es una responsabilidad indelegable -especialmente- de quienes trabajamos en la materia y no podemos mirar para otro lado.
Hacer una sentencia entendible para una niña de 9 años, principal sujeto de derechos en el caso, es un acto reconocible, pero sobre todo tiene que ser la punta de lanza que nos haga despertar de la frustración, nos potencie y nos obligue a hacer desde el lugar de cada unx, lo que esté a nuestro alcance para que este mundo sea menos peor para las nuevas generaciones. Manos a la obra.
