La importancia de una ley para legalizar

El presidente Alberto Fernández pretende enviar al Congreso un proyecto para "despenalizar" el aborto. Referentes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la socióloga Dora Barrancos explicaron a El Grito del Sur la importancia de que la nueva ley avance más allá de la despenalización de esta práctica.

“Voy a mandar un proyecto de ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en cualquier centro público”, fueron las palabras del presidente Alberto Fernández  durante la exposición que brindó el miércoles pasado ante los alumnos del Instituto de Estudios Políticos de París. Enseguida sus palabras resonaron con fuerza en nuestro país. ¿Cómo sería el texto de la ley? ¿Por qué no habló de legalizar y sí de despenalizar? ¿La atención de “cualquier aborto en cualquier centro público” implica la Interrupción Voluntaria del Embarazo?, fueron algunas de las preguntas que circularon en las redes sociales y en los grupos de mujeres y feministas.

Horas más tarde, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, en una entrevista con Radio Continental, dijo que “es necesario avanzar en la despenalización y después en la legalización” del aborto. Ese “después” encendió aún más las alarmas verdes en torno a si el proyecto que enviará el Ejecutivo para que se debata en el Congreso este año va a contemplar únicamente la despenalización.

Diferencias entre despenalizar y legalizar

La lucha por el derecho a la interrupción del embarazo en Argentina data de varios siglos atrás, así como la penalización de esta práctica. Desde el año 1886, con la sanción del primer Código Penal, se penalizan todos los casos de aborto sin excepción alguna. Luego la reforma del Código en 1903 establece la primera excepción: los casos de tentativa de interrupción del embarazo no son punibles.

Recién en 1921, con la segunda reforma de dicho Código, se aprueba el famoso artículo 86 que estableció la legalización del aborto por causales: que el embarazo haya sido producto de una violación o que esté en riesgo la salud de la persona gestante. Esta fue ratificada en el fallo de la F.A.L., que la Corte Suprema sacó en 2012. Pese al enorme avance que implicaron estas normas para las mujeres y otras personas gestantes, los abortos que no se enmarcan en esas circunstancias continúan en la clandestinidad y, como tales, son hasta el día de hoy penalizados.

La penalización de los abortos -que no son por causales- está prevista por los artículos 85, inc. 2, y 86 y 88 del Código Penal de la Nación que penalizan los “delitos contra la vida”, en este caso en contexto de aborto. Se castiga con prisión de uno a cuatro años a la mujer o persona gestante y a quien le practique un aborto. La pena se eleva hasta 10 años si se lo hace sin consentimiento de la mujer, y en los casos de muerte de la paciente llega a seis años si había prestado consentimiento y a 15, si no.

Entonces, despenalizar implica que no haya pena tanto para quien se realiza la práctica, como así también para el o la profesional de la salud que la realice, siempre que sea con consentimiento.

Fotos: Abril Pérez Torres

De Alberto a “Alborto” Fernández

No es la primera vez que el presidente Alberto Fernández manifiesta su preocupación por las mujeres que mueren y son penadas por abortar en nuestro país. Luego de las elecciones primarias de agosto de 2019, donde obtuvo casi 12 millones de votos, había asegurado que el aborto sería legal: «Tengo la decisión política de despenalizar y legalizar el aborto porque no quiero que se muera ninguna mujer más. Es un problema de salud pública», dijo en aquel entonces.

Meses más tarde, en noviembre cuando ya era presidente electo, Fernández presenció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la presentación del libro de la abogada Ana Correa «Somos Belén». Éste cuenta la historia de una joven tucumana a la que metieron presa luego de haber tenido un aborto espontáneo. El Presidente expresó que estaba conmovido con la historia y que su objetivo sería que las mujeres tengan más derechos. Esa misma semana, aseguró por primera vez cuando asumiera que mandaría un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto. En las redes sociales comenzaron los memes con su cambio de nombre a “Alborto” Fernández.

Al llegar al poder, una de las primeras medidas que motorizó fue la actualización del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, derogado por Mauricio Macri en uno de sus últimos actos de gobierno. Lo anunció el ministro de Salud Ginés González García a menos de 48 hs de asumir en su cargo. La firma de la resolución fue acompañada por el primer mandatario, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; las médicas especialistas y referentes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Ahora desde la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por Vilma Ibarra, en conjunto con integrantes de los ministerios de Mujeres y de Salud, se trabaja desde hace varias semanas para que cuando el Presidente regrese este viernes de su gira por Europa pueda leer el primer borrador del anunciado proyecto de ley.

El proyecto del Gobierno

Si bien el proyecto aún permanece bajo cien llaves, se dieron a conocer varios detalles. Pese a la falta de precisiones de las últimas declaraciones de los funcionarios, el subsecretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Marcelo Marín, confirmó a El Grito del Sur que el proyecto incluye la despenalización y la legalización del aborto.

Es la primera vez que un presidente ordena la elaboración de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo e impulsa el debate en el Congreso con la intención de que se apruebe.

Dora Barrancos, socióloga y asesora ad-honorem del Poder Ejecutivo, confirmó a este medio que desde el Ejecutivo se está “trabajando con premura” para terminar el proyecto de ley pronto, de cara al inicio de las sesiones legislativas en marzo.

“Estoy absolutamente convencida de la íntima convicción que tiene el presidente sobre la necesidad de la legalización del aborto. Alberto tiene una enorme sensibilidad que no es apenas de la superficie, es una profunda convicción de la importancia de los derechos de las mujeres que marca también el cambio de época”, dijo la socióloga.

Se reveló además que el texto recupera los consensos básicos que surgieron del debate en 2018 y plasmados también en el proyecto que elaboró la Campaña por el Derecho al Aborto Legal en mayo de 2019: despenalizar y legalizar en las primeras 12 o 14 semanas de gestación, que la práctica se realice tanto en hospitales como en centros de salud públicos y privados, y no contemplaría la objeción de conciencia.

Fotos: Abril Pérez Torres

El proyecto de la Campaña

Si se da un nuevo debate este año en el Congreso, el proyecto de la Campaña debe ser tenido en cuenta porque aún tendrá estado parlamentario.

Celeste Mac Dougall, docente y especialista en Educación Sexual Integral y miembro de la comisión redactora del proyecto de ley de la Campaña, contó que para elaborarlo también tomaron como base el que tuvo media sanción en 2018 y resaltó el carácter democrático y federal del proceso al interior de la Campaña. “La comisión elegida elaboró un texto que fue discutido en todas las regionales del país, cada una aportó modificaciones, se revisó el proyecto y en una última instancia se votó en una plenaria nacional”.

La norma presentada en mayo de 2019, propone la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, así como en casos de violación. Se quitó entre los causales por fuera del plazo la «inviabilidad de vida extrauterina del feto» y no contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.

Fruto del debate que hubo en 2018, se decidió no incluir penas para los médicos o profesionales de la salud que realizan la práctica con el consentimiento de la persona gestante, aunque sea por fuera de las causales.

Por su parte, la abogada Nelly Minyersky -también integrante de la Campaña- aseguró: “hay puntos fundamentales del proyecto a los cuales no pueden renunciar como la despenalización, la obligación de que los abortos se practiquen en todos los establecimientos de salud públicos o privados del país y que se incluya en el Plan Médico Obligatorio”. Además, resaltó la importancia de que esté acompañado de la implementación de la Educación Sexual Integral. Mac Dougall sumó también como reivindicaciones a la garantía de la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable.

“La Campaña tiene su proyecto que ojalá sea cumplido en su totalidad. Suponemos y cada día se reafirma más con las declaraciones del Presidente que el proyecto del gobierno va a tener mucho de los puntos esenciales y más importantes del nuestro”, opinó Minyersky.

Fotos: Abril Pérez Torres

Con despenalizar no alcanza

Desde la Campaña resaltaron la importancia de que la ley sea para legalizar. En su proyecto, además de consagrar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), contempla eliminar los artículos del Código Penal que legisla las penas a quienes se hagan un aborto, o a quienes lo practiquen.

Mac Dougall aseguró que legalizar implica que “el Estado se haga cargo de garantizar la práctica” y agregó: “si solamente se despenaliza vamos a seguir teniendo el mismo problema que tenemos al día de hoy que quienes ponen en riesgo su vida y su salud son las mujeres pobres que no tienen acceso a un aborto en buenas condiciones sanitarias”.

En tal punto reside la diferencia entre despenalizar y legalizar. La primera “no necesariamente implica que haya una garantía del derecho por parte del Estado. Implica que una mujer no vaya presa por hacerse un aborto, pero no significa que el Estado se haga cargo de la práctica”.

En esa misma línea, Barrancos aseguró que “el Presidente sabe que con la penalización no alcanza” y que fue “claro en anunciar inclusive su propio cambio. Él pensaba que con la mera despenalización bastaba. Ahora siempre subraya que se dio cuenta de que eso no bastaba, de que había que legalizar el aborto”.

Una vez presentado el proyecto del Ejecutivo, y con ambos sobre la mesa, el tema volverá  a discutirse en el Congreso y se espera que finalmente el aborto sea ley en este 2020.

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