En el día de ayer, médicos del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal confirmaron la novena muerte en Salta en lo que va de 2020 a causa de un cuadro de desnutrición. La situación es extremadamente grave y golpea aún más fuerte a la comunidad originaria wichi: 7 de los 9 fallecidos reportados hasta el momento pertenecen a esta población.
Según comentaron fuentes locales, el niño fallecido había sido trasladado al hospital el sábado, donde llegó con un cuadro severo, y los médicos del lugar constataron que ya no respiraba. El escenario se repite: el pasado 12 de enero, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo viajó hasta la provincia tras conocerse el caso de un bebé prematuro que falleció por falta de ambulancias que lo atendiesen.
A este caso se agrega el de Maira Yanet Torres, quien murió la semana pasada luego de ser internada por un cuadro de diarreas, vómitos y deshidratación. La niña pertenecía a la comunidad San Luis de Santa Victoria Este. A lo largo de este año ya habían sido reportados otros 6 casos, incluyendo el de una madre que perdió la vida al dar a luz.
«La situación es muy grave, de verdad», dijo recientemente a El Grito del Sur el secretario de Relaciones Institucionales del municipio de Santa Victoria Este, Antonio César Villa. Las autoridades comunitarias denuncian que los niños internados en hospitales de la zona son 37 y que las autoridades reducen el número de casos para evitar el impacto público de las cifras.
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Si bien la demanda principal se orienta contra el actual gobernador Gustavo Sáenz, buena parte de las críticas también recaen sobre el ex mandatario Juan Manuel Urtubey, quien estuvo durante 12 años al frente de la provincia. Ya en 2015, un informe publicado por el IELDE advertía que «Salta, como otras provincias, principalmente del Nordeste y del Noroeste del país, se encuentra en una situación de desventaja relativa en términos de desarrollo humano. Los niveles educativo y sanitario tanto en cantidad como en calidad, están por debajo del promedio nacional y la tendencia en el tiempo a lo largo de la última década, dista de ser satisfactoria. Por su parte, los indicadores de trabajo decente ubican a la provincia en la parte más baja de la escala nacional, y los niveles de pobreza y desigualdad social son ostensiblemente más elevados que en el resto del país». Urtubey gobernó la provincia entre los años 2007 y 2019, y en tiempos de bonanza económica dejó a Salta con un récord de necesidades básicas insatisfechas y con un Estado ausente para garantizar el derecho a la salud en áreas vulnerables.
El ex gobernador, hoy instalado en España, se jactó de crear un Ministerio de la Primera Infancia (MPI), pero está a la vista que su herencia en cuanto a la situación socio-sanitaria es alarmante y que -tal como advirtió la ONU en los últimos días- la desnutrición infantil se vincula no sólo al derecho a la alimentación, sino también al derecho a la salud, a la educación y al agua, entre otras necesidades contempladas por pactos internacionales a los cuales adhirió nuestro país.
La médica y diputada provincial por el Frente de Todos, Gladys Paredes, expresó a este medio que «la situación no es de ahora, es de hace décadas. Muchas veces los programas y proyectos son justamente hacia un determinado grupo poblacional sin tener en cuenta a los sectores más vulnerables. Ninguna política pública contempla la multiculturalidad y sobre todo en el norte de Salta, donde hay siete etnias. Yo siempre he levantado la bandera de la salud pública, pero el número de médicos que hay en el interior de la provincia es insuficiente respecto a la capital. Hay una falla en la política de recursos humanos».
«No nos tenemos que acostumbrar a que en esta época se mueran los niños. No tenemos que aceptar esta triste realidad. En esta provincia le quitaron el hábitat a los animales a partir del desmonte, lo cual agrava los problemas de salud pública», concluyó la diputada por el departamento San Martín.
