Ambiente sí, Macri no

Una relación tóxica menos

Luego de que el gobierno nacional derogara el decreto de Cambiemos que permitía el ingreso de residuos tóxicos al país, la organización Jóvenes por el Clima aboga por "una propuesta superadora que surja sobre la base del consenso social".

Mediante el decreto 148/2020, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el decreto 591/19 y la Resolución Conjunta N° 3. La normativa derogada consistía en flexibilizar los requisitos para el ingreso al país de desechos domiciliarios, industriales y comerciales. Su punto nodal era dejar de exigir a los países exportadores la presentación de certificados de inocuidad sanitaria y ambiental, habilitando el ingreso de residuos potencialmente contaminantes y tóxicos. Las críticas exponían que además avasallaba leyes preexistentes sobre salud y cuidado del ambiente, a la vez que asestaba un fuerte golpe a la rentabilidad de los recicladores urbanos.

A pesar de las fuertes críticas por parte de cooperativas de cartoneros y organizaciones ambientales, la norma había sido reglamentada por el gobierno de Mauricio Macri a un mes del traspaso de mando. “Con la reforma constitucional de 1994, se incorporó en el último párrafo del artículo 41 la prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos”, resalta el decreto de derogación al marcar los puntos débiles que tenía la normativa precedente desde el punto de vista jurídico.

Otra de las críticas tenía que ver con el ataque que significaba la medida para los recolectores urbanos. La importación provoca una caída en el precio de los materiales reciclables, con los riesgos sociales y ambientales que eso conlleva. Si los cartoneros ya no pueden vender o sólo pueden hacerlo a un precio muy bajo, eso implica que la actividad tiende a ser cada vez menos redituable corriendo el riesgo de que las miles de toneladas que los cartoneros juntan todos los días se empiecen a sumar a todo lo que no se recicla. Se trata de cerca de la mitad de los residuos que se producen mensualmente y que son reciclados gracias al trabajo de los casi 150.000 recicladoras y recicladores urbanos que hay a lo largo y ancho del país.

Fotos: Julián Galán

Uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno saliente consistía en sostener que la medida servía para que ingresen desechos que puedan ser utilizados como insumos “para un proceso productivo o como producto de uso directo». La falacia estaba en hablar de insumos industriales obviando el contexto: la situación de nuestro sistema de gestión de residuos. Mercedes Pombo, referente de Jóvenes por el Clima, aclaró en diálogo con El Grito del Sur: “El argumento de importar residuos como materia prima no es válido. Para que sea así nuestro sistema de gestión de residuos tendría que ser óptimo y el reciclaje debería estar funcionando en su máxima capacidad. Estamos muy lejos de esa situación; por el contrario, hoy en día los materiales van a parar a rellenos sanitarios, basurales a cielo abierto o incluso en algunos casos son incinerados”.

Por ejemplo, según un informe de la fundación Vida Silvestre sobre la contaminación por residuos plásticos, Argentina “se encuentra en una situación preocupante: de las 2.705.318 toneladas de residuos plásticos que se generan, 272.967 no se recolectan. Dentro de los residuos plásticos que sí son recolectados, el 71% se distribuye en los rellenos sanitarios mientras que el 23% termina en vertederos de basura sin regular, que generan un riesgo latente. Sólo el 5% del total de los residuos plásticos generados se reciclan, posicionando al país dentro de los 25 países que más desechos plásticos produce”. Hoy el país se encuentra lejos de tener un óptimo tratamiento de nuestros desechos como para pensar en importar.

Si se mira el contexto geopolítico, quizás se esclarezca un poco el sentido de la medida reglamentada por la alianza Cambiemos. La Argentina entró en este problema luego de que China, que recibió casi la mitad de los desechos del mundo desde 1992, prohibiera el ingreso de los residuos norteamericanos en un contexto marcado por la guerra comercial entre ambos gigantes. El país presidido por Xi Jinping compraba el 50% de sus residuos. La suspensión de tal acuerdo comercial implicó un grave problema para los Estados Unidos, por lo que comenzó a presionar a países como Camboya, Laos, Ghana, Bangladesh, Kenia, Etiopía y, en América Latina, a Ecuador y a la Argentina, para recibir sus desechos. Y así el gobierno de Mauricio Macri reeditaba una vez más la relación de sumisión con los Estados Unidos.

Fotos: Julián Galán

En lo que respecta al futuro, el decreto de derogación estableció un plazo de 180 días para que los ministerios de Desarrollo Productivo y Ambiente formulen una nueva propuesta «que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular”. La referente de Jóvenes por el Clima opinó que “para llegar a una propuesta superadora, al contrario del anterior decreto, hay que partir de una base de consenso social, hay que darle lugar a la participación a las organizaciones ambientales y las cooperativas de cartoneros y cartoneras”. También sostuvo que “es importante que se busque reducir el residuo desde la generación con políticas que, por ejemplo, tiendan a eliminar el plástico de nuestro uso; que se fomente la separación en origen y se formalicen los puestos de trabajo de recicladores y recicladoras”.