Aproximadamente a las 12 del mediodía y al canto de “Alberto Presidente”, el primer mandatario de nuestro país hizo su aparición en el recinto para dar inicio a las sesiones ordinarias y dirigirse a la sociedad. La ansiedad se palpitaba dentro y fuera de la cámara, donde una multitud hizo que se debieran cortar las calles aledañas.
Los pañuelos verdes aparecían atados a los micrófonos de las bancas de senadores, senadoras, diputados y diputadas salpicando el panorama. Diferente fue en el caso de la diputada nacional del Pro Dina Rezinovsky, fiel militante antiderechos, que apareció con el pañuelo celeste. Apenas algunos minutos luego de comenzar a hablar, Fernández manifestó que “con este discurso vengo a darle a mi palabra el valor de compromiso” y el feminismo -que ya lo estaba- se mostró más expectante que nunca. Si bien Alberto dirigió un agradecimiento al Papa Francisco, logró mágicamente con su alma de malabarista, médium, y negociador (atributos por los cuales Cristina lo eligió para acompañarlo en su candidatura) asegurar en el mismo discurso que se enviaría al Congreso una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin dejar de tomar su característica bebida de pomelo, Fernández explicó que el proyecto será presentado en los próximos 10 días, al igual que el programa 1000 días que se encargará de dar ayuda económica a las madres en contextos de vulnerabilidad que quieran continuar su embarazo.
“Distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo que aquellos que asumen las que deciden interrumpir su embarazo. Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva, desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones, cien años después la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma en su criterio preventivo. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista por el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos. La insistencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma, sino que también ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida. Todos saben de lo que estoy hablando, el aborto sucede. Es un hecho y sólo esa hipocresía que a veces nos atrapa es la que nos hace caer en un debate como éste. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y a las mujeres en particular y en el siglo XXI toda sociedad debe respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos diez días presentaré un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y que permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, manifestó Fernández y una lluvia de polvo verde se desprendió de los aplausos irrefrenables.
Además, el Presidente aseguró que simultaneamente lanzará un programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado, teniendo en cuenta que esta no sólo es una cuenta pendiente y una exigencia de los feminismos a 14 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, sino también la excusa más utilizada por los antiderechos en el debate parlamentario del 2018.
También el Presidente reforzó su intención de presentar el plan de los 1000 días “con el propósito de llegar a las mujeres del país con vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza. El Estado debe estar presente en estos momentos trascendentales de la familia para acompañar, brindar cuidado y protección”, explicó y advirtió que las políticas existentes en la materia deben coordinarse mejor para optimizar sus beneficios. “Seremos ambiciosos y buscaremos abarcar un mayor número de mujeres, niños y niñas nacidas a fin de evitar la desprotección del Estado”, afirmó sobre el programa que busca reducir la tasa de mortalidad y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el neurodesarrollo y las salud de madres e hijos.
Si bien no dijo nada sobre la objeción de conciencia institucional para profesionales y clínicas privadas, se cree que será contemplada por el Ejecutivo que a su vez deberá garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales, centros de salud y clínicas públicas.
Uno de los principales gestos a favor de la despenalización y la legalización de la IVE fue cuando Fernández asistió el 14 de noviembre pasado a la presentación del libro “Somos Belén”, de la periodista Ana Correa, basado en el caso de una mujer tucumana presa y estigmatizada por el aborto espontáneo de un embarazo que ni siquiera conocía.
Días antes de que se confirme la presentación del proyecto, Amnistía Internacional Argentina lanzó una campaña de prensa apoyando la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Esta ONG recordó que Estados Unidos legalizó el aborto en 1973, Francia en 1975, Italia en 1978, los Países Bajos en 1981, Canadá en 1988, Sudáfrica en 1997 y Uruguay en 2012.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año el 25% de los embarazos acaban en aborto. Entre 2010 y 2014 hubo en el mundo un promedio anual de 56 millones de abortos provocados y unos 25 millones de abortos sin condiciones de seguridad. Además, 3 de cada 4 abortos practicados en África y América Latina discurrieron sin condiciones de seguridad. En contraposición del argumento antiderechos de que legalizar la práctica requeriría mayor presupuesto, la OMS calcula que en 2006 se gastaron mundialmente $680 millones para tratar graves consecuencias de abortos peligrosos.
Luego del anuncio presidencial, solo quedan ver los lineamientos del proyecto presentado por el Ejecutivo, las diferencias con el de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la reacción en las calles. Por ahora todo demuestra que el final de la penalización es inminente, terminando con el oscurantismo condenatorio. El resultado de las manifestaciones masivas está a la vista, el movimiento feminista no avanzó en vano y por primera vez luego de mucho tiempo el Gobierno se pone a la altura de las circunstancias, los resultados se palpitan, la tierra latirá bajo los pies de muchas y muches el próximo lunes 9 de marzo. La sonrisa será verde y el aborto será ley.
