«A 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Inteligencia desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo». El anuncio de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones de su primer período legislativo sacudió el escenario: el Presidente anunció que, 26 años después del mayor atentado terrorista en la República Argentina, se desclasificarán los testimonios que la AFI guarda sobre el caso.
El escenario no es sencillo porque implica descubrir el velo de los testimonios, archivos e investigaciones que terminaron con la condena por encubrimiento del juez de la causa, Juan José Galeano; el extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy; el exsubsecretario de la SIDE, Juan Carlos Anchezar; y el ex comisario de la Policía Federal, Carlos Antonio Castañeda. El juicio por encubrimiento alcanzó también a los ex fiscales Mullen y Barbaccia, condenados a 2 años de prisión.
Falsas pistas, testigos truchos, líneas de investigación sin mayores fundamentos, operaciones de inteligencia cruzadas. Pero, ¿qué dicen los archivos clasificados? Sergio Burstein, integrante de Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado a la AMIA y referente de la organización Memoria Activa, explica que la definición de Alberto Fernández es fundamental para conocer el encubrimiento que rodeó a la causa. En diálogo con El Grito del Sur explica que el anuncio de hace dos días fue importante pero que siguen a la expectativa, ya que aún no se firmó el decreto que habilita el proceso.
Burstein señala que la única información clasificada a la que se pudo tener acceso hasta el momento había sido la «Operación Cacerola». Se trata de un paper proveniente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que informaba a la Inteligencia argentina que un espía de la CIA viajaría al país. ¿El objetivo? Presionar para que la SIDE le ofreciera a Moshen Rabbani, agregado cultural de la embajada de Irán y uno de los principales sospechosos en la causa, una importante suma de dinero para que abandonara la Argentina. «Si no aceptaba el dinero, en lugar de retenerlo, la orden era expulsarlo», señala Burstein. «En lugar de decir que se agoten las instancias necesarias y todos los medios posibles, para que este señor sea detenido, se lo expulsó. De hecho, cuando intentó volver a Buenos Aires, en lugar de detenerlo lo declararon persona no grata y no le permitieron entrar al país».
La importancia de la apertura de los archivos reside en la posibilidad de indagar en el encubrimiento de los actores locales y las pistas falsas. «No había ninguna prueba verídica de muchas de las líneas de investigación. Eran todos informes de inteligencia», remarca Burstein.
Asimismo, señala un sinnúmero de complicidades en el plano local: destaca la manera en que Angelici y Garavano apretaron a jueces y miembros del Ministerio de Justicia para proteger a los fiscales Muller y Barabachia. También resalta que el propio juez Moldes planteó seguir la pista de «una traffic gris larga», que luego mutó a blanca y corta solamente a partir de un pedazo de chasis. «¿Cómo sabía Moldes el tipo de vehículo utilizado solamente con un pedazo de chapa?», se pregunta el dirigente de Memoria Activa. Luego señala el rol crucial del coronel retirado Carlos Franke, director de Comercio Exterior de Fabricaciones Militares (FM), vinculado a la compra y transporte no autorizado de explosivos que realizó una empresa de volquetes llamada Santa Rita, previo a la explosión de la mutual judía.
«La apertura de los archivos va a permitir develar que nunca hubo intención de investigar seriamente. Había pistas que no señalaban a Irán y se descartaban. Esto va a permitir que el público en general sepa qué hizo la SIDE, cómo se destruyeron pruebas y que las instituciones, la AMIA y la DAIA, fueron cómplices de esta mentira. La apertura de los archivos nos va a permitir limpiar nuestro nombre. Que dejemos de ser acusados de traidores», sentencia Burstein y concluye: «Se tiene que conocer por qué decimos lo que decimos. Voy a poder mirar a mis hijos a los ojos, a Mariano y Romina, a los hijos de Rita, y decirles que no soy el boludo aquel al que acusaban de cobrar plata».
