La fusión de Cablevisión y Telecom se ha convertido en objeto de estudios e investigaciones por parte de especialistas dedicados al campo de las políticas de comunicación, por tratarse de un hecho inédito de hiperconcentración en el mercado de contenidos audiovisuales y de las telecomunicaciones.
Al día de la fecha la nueva megaempresa Telecom Argentina S.A., propiedad del Grupo Clarín y del fondo de inversión Fintech, es la única con capacidad de ofertar paquetes de servicios en cuádruple play, ya que a nivel nacional concentra el 40,9% de los abonados a la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil con Personal, el 68% de los servicios de Internet por banda ancha fijos bajo las firmas Arnet y Fibertel, el 39,5% de la banda ancha móvil y el 38% del mercado de la TV por cable. Así, el nuevo conglomerado alcanza un valor de mercado de 13 mil millones de dólares y se ubica entre las diez empresas del país con mayor facturación.
Esta fusión conforma un mapa de medios altamente concentrado en donde un solo operador privado, con escasa regulación estatal, controla el acceso a la mayor parte de los contenidos audiovisuales, la información pública y las telecomunicaciones, en detrimento de otras compañías del sector como Telefónica y Claro, a la vez que obtura el desarrollo de empresas de menor peso y cercena los derechos del sector de medios comunitarios y sin fines de lucro.
Durante sus cuatro años de mandato, el gobierno de Mauricio Macri tuvo un rol activo en materia de políticas públicas para el sector de las comunicaciones. Profundizó la concentración mediática a punta de decretos de necesidad y urgencia, sin debate parlamentario ni consensos con el resto de los actores de la sociedad civil. Paralelamente desfinanció y saqueó los medios públicos de la mano de Hernán Lombardi, aplicando una política de despidos y persecuciones sin precedentes.
No es casualidad que una de las principales políticas aplicadas por Cambiemos haya sido beneficiar al Grupo Clarín con el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) y de la Ley Argentina Digital (2014). Dos normas ampliamente debatidas de cara a la sociedad y sancionadas por el Congreso Nacional que garantizaban, principalmente, la pluralidad y la diversidad informativa, desmonopolizando la propiedad de los medios audiovisuales y regulando el otorgamiento de licencias de radiodifusión. Con la desregulación del sector y los decretos a medida de las corporaciones, Macri le devolvió favores a Magnetto por haber destinado toda su estructura informativa y comunicacional al servicio de la campaña presidencial de 2015 y por haber contribuido al blindaje discursivo que lo mantuvo en el poder.
La fusión de Cablevisión con Telecom produjo un problema de hiperconcentración, una violación explícita a los estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión y derecho a la información, tal como lo expresó el Dr. Damián Loreti ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2016, tras el DNU 267/15 que facilitó el desmantelamiento de la LSCA. Pero este no es el único problema que trajo la concentración: la megafusión además modificó el escenario sindical de manera sustancial.
De esta manera, quedó por un lado el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), que representa a los trabajadores de los circuitos cerrados (Cablevisión) bajo el C.C.T 223/75. Y por el otro, las federaciones obreras de telefónicos como FOETRA, que todavía no lograron arribar a acuerdos que lleven a un tipo de confluencia gremial como estipulaban sus conducciones apenas celebrada la fusión. Las negociaciones paritarias se tradujeron en arduos conflictos con la nueva Telecom Argentina S.A., que se intensificaron y se dilataron en el tiempo, entre otras cuestiones, por el lugar proempresarial que asumió el Estado nacional en la relación capital-trabajo durante los últimos cuatro años.
Cada organización negoció sus respectivas paritarias por separado, lo cual generó una suerte de competencia intersindical por quién obtenía el mejor aumento salarial en un contexto de recesión económica y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. La unidad en la acción, que al principio parecía algo viable, quedó cada vez más lejos de concretarse. Bajo este escenario, al “gigante de las telecomunicaciones” se le simplificaron los trámites. La metodología que aplicó la compañía fue primero cerrar acuerdos salariales a la baja con los gremios telefónicos y posteriormente intentar cerrar el mismo porcentaje con el gremio de televisión. A raíz de esto, la conducción nacional del SATSAID abrió un proceso de debates en las bases durante las últimas paritarias que le sirvió para poder tomar decisiones legitimadas por la mayoría de sus representados, marcando una clara diferencia con respecto a las prácticas de los sindicatos telefónicos.
En síntesis, el gobierno de Alberto Fernández y de CFK se enfrenta a un problema de desregulación de las telecomunicaciones y de los medios audiovisuales de difícil resolución. Pero a la vez queda en manos de los trabajadores de los medios y sus organizaciones luchar por un nuevo ciclo de ascenso salarial y de mejoras de las condiciones laborales, que se vieron seriamente afectadas durante los años del macrismo.
