“Los carceleros le prohíben hacer su ceremonia y no le dejan recibir visitas. Violan todos los protocolos no sólo con él, sino con el resto de sus hermanos mapuches”, denuncia Isabel Huala y lamenta que la última vez que pudo ver a su hijo Facundo Jones Huala, preso en la cárcel de Llancahue (Chile), fue en mayo pasado. Desde entonces hablan por teléfono y se mantienen al tanto de las novedades judiciales y políticas. Las últimas fueron el sobreseimiento en Argentina de Facundo, en diciembre, en la causa por usurpación que le iniciara Luciano Benetton, el mayor terrateniente del país, y la liberación de su hermano Fausto en el marco de la causa por el asesinato de Rafael Nahuel.
En diálogo con El Grito del Sur desde Bariloche, adonde volvió esta semana luego de una visita fugaz a Buenos Aires para reunirse con funcionarios del Ministerio de Seguridad, Isabel dispara que Facundo es “un preso político de ambos Estados, el chileno y el argentino” y que pelea para que a su hijo se lo reconozca como tal. Facundo cumple una condena a 9 años en el país vecino por haber supuestamente incendiado un latifundio y poseer armas de fabricación casera. “Pero también fue perseguido en Argentina por ser uno de los portavoces del reclamo ancestral por nuestras tierras. Esa es la única razón por la que está preso”, advierte.
En el año 2018, en plena vigencia de la operación judicial y mediática enmarcada en el “Informe RAM” elaborado por la ex ministra Patricia Bullrich -que caracterizaba a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como “grupo etnonacionalista violento”-, el gobierno de Mauricio Macri aceptó extraditar a Facundo, cuya captura solicitaba la Justicia chilena.
“Facundo está preso por defender a sus hermanos. Él, en cada juicio, en cada audiencia, siempre ha denunciado la persecución y el quite de tierras a sangre y fuego que hemos padecido durante generaciones. Quienes usaron armas para ocupar tierras fueron los actuales dueños, como Benetton, a través de la Compañía de Tierras del Sur. Facundo está preso por decir verdades”, denuncia Isabel.
Respecto del proceso iniciado por el Ministerio de Seguridad de reemplazar el Informe RAM por un nuevo protocolo de acción en los conflictos por la propiedad de la tierra, Isabel apunta que “es un paso adelante”, pero “todavía está por verse cómo funciona”. “Los pueblos originarios tenemos que tener voz en esas mesas de diálogo que se piensan crear, tenemos que poder explicar nuestras formas culturales, que no son las mismas que las del Estado”. “De todas formas, la primera y más elemental forma de reparar el daño es reintegrando nuestras tierras ancestrales”.
