Sólo 2 de cada 10 migrantes pudieron acceder voluntariamente al IFE

Con más miedo al hambre que al contagio

Una encuesta realizada por el colectivo "Agenda Migrante 2020" reveló la precaria situación económica en la que se encuentran la mayoría de les trabajadores migrantes producto de la cuarentena. A la caída de la changa y del trabajo informal, se sumó que el 80% de quienes se inscribieron voluntariamente al IFE fueron rechazados y se quedaron sin ayuda del Estado, por trabas burocráticas y de documentación.

Sólo dos de cada diez personas migrantes pudieron acceder voluntariamente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos que la Anses empezó a pagar ayer. El dato surge de una encuesta realizada a principios de este mes por el “Espacio Agenda Migrante 2020”, colectivo que nuclea a las organizaciones y ONGs más representativas del sector, que vienen alertando al Gobierno sobre las consecuencias que el parate económico está produciendo en los extranjeros radicados en el país, en su mayoría trabajadores informales y con problemas de documentación. A través de una carta que ya le hicieron llegar a las autoridades de Migraciones y al propio presidente Alberto Fernández, las organizaciones propusieron flexibilizar los requisitos y los mecanismos burocráticos para que las personas con menos de dos años de residencia puedan cobrar el beneficio, basándose en otro de los resultados alarmantes de la investigación: más de la mitad de los encuestados dijo haber perdido su trabajo o sus ingresos relativamente estables desde el inicio de la cuarentena obligatoria.

La encuesta se realizó online durante 5 días, y participaron –vía redes y por Whatsapp– unas 850 personas migrantes, algunas de ellas bajo protección internacional. Quienes contestaron habitan en su mayoría en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano y viven al día, de la venta ambulante y de distintas changas. El 49 por ciento afirmó que directamente no pudo registrarse en el sistema de la Anses para completar el trámite, y otro 31 por ciento dijo haber recibido una notificación de rechazo. Ambos casos suman un 80 por ciento de las personas migrantes que intentaron cobrar la IFE y quedaron afuera.

Según el informe, al que tuvo acceso El Grito del Sur, las razones de los rechazos fueron fundamentalmente dos: quienes intentaron inscribirse en la web de la IFE no cumplían con los dos años de residencia en el país, por lo que directamente no figuraban en los registros de la Anses; y quienes sí lo lograron, padecieron “cruces de datos erróneos” en el sistema.

Los datos de la encuesta de las organizaciones refuerzan a los de la propia Anses, que presentó un informe los días posteriores al cierre de la inscripción, el 3 de abril, en el que detalló que de los más de 4 millones de personas a las que se les negó el beneficio, casi 200 mil son migrantes que no cumplían con el requisito de dos años de residencia. 

Por eso, las organizaciones le exigieron al Gobierno “dejar de lado el requisito de dos años de residencia en Argentina y la exigencia de una residencia regular” y “establecer un mecanismo urgente de regularización accesible, gratuito y con plazos abreviados, como medida indispensable para reducir las condiciones de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes”, entre otras recomendaciones para paliar los errores del sistema y así poder incluir en el beneficio a uno de los sectores más golpeados por la crisis.

“El principal error fue haber exigido dos años de residencia regular, por dos motivos fundamentales: venimos de 4 años de gestión macrista donde se pusieron muchísimas trabas para realizar los trámites de radicación, por lo que muchos migrantes no pueden cumplir con el requisito de DNI; por otro lado, el índice de pobreza entre los recién llegados al país es mucho mayor que entre quienes pudieron asentarse a lo largo del tiempo y conseguir mejores trabajos, por lo que el criterio de antigüedad excluye a uno de los sectores de la población migrante que más necesita una ayuda”, explicó a este medio Ana Penchazadeh, especialista en migración y derechos humanos del Conicet y del Instituto Gino Germani de la UBA e integrante de Agenda Migrante

Con más miedo al hambre que al contagio

De la encuesta, respondida en un 57 por ciento por migrantes venezolanos, surge que la mayoría tiene más miedo a perder el trabajo y no poder comer que a contagiarse el coronavirus. Sólo el 28 por ciento dijo que tenía un trabajo formal antes de iniciarse el aislamiento obligatorio, el 20 de marzo. El resto trabajaba de manera informal (un 26,5 por ciento), lo hacía de forma esporádica (28.3) o directamente no tenía trabajo (17,2). Más de la mitad, un 58 por ciento de los encuestados, indicó que a partir de la cuarentena dejó de percibir un salario o ingreso para sostenerse. Consultados sobre qué les generaba mayor preocupación, un 74,5 por ciento contestó «tener problemas económicos» por sobre «enfermarse de coronavirus»(51 por ciento).

La respuesta, para las organizaciones, sirve de muestra de hasta dónde está pegando la crisis generada por el parate, y las dificultades para afrontarla sin la ayuda del Estado. De hecho, muchos de los que sí tienen trabajo lo hacen en las Apps como Rappi o Glovo, actividades exceptuadas y que por ese motivo revisten un gran riesgo de contagio, motivo por el que los repartidores van al paro hoy en reclamo de mejores condiciones de trabajo y salubridad.

Por fuera de la IFE, la situación de irregularidad documental también golpea sobre el acceso al resto de los beneficios sociales que otorga el Estado, como la AUH. El 77 por ciento contestó que no percibe pensiones, planes ni ningún otro tipo de asistencia.

El informe también desnudó la precariedad habitacional del sector, una de las condiciones básicas que impactan en el grado de sacrificio personal y familiar que implica la cuarentena. Un 30 por ciento informó tener problemas con el alquiler y otro tanto dijo tener «otros problemas habitacionales como el hacinamiento, la falta de condiciones básicas para sostener el aislamiento y situaciones de hipercontrol de las salidas por parte de les propietaries».

Uno de los apartados de la encuesta dejaba libertad para sumar comentarios. La mayoría de los que recibieron las organizaciones fueron de desesperación. “El miedo más grande es no tener dinero para lo básico y que te puedan sacar de la residencia y sin poder trabajar”; “Estoy en un hotel y el 20 tengo que pagar y ya me avisaron que si no pago me tengo q ir”; “La verdad que vamos más allá del 13 de abril, no sé de qué voy a vivir. Porque ya no tengo nada y no puedo salir a trabajar. Soy monotributista. pero no me puedo beneficiar de ninguna ayuda del gobierno por falta de documento. Y la mayoría de los senegaleses están en la misma situación que yo”, fueron algunos de los testimonios que se recogieron.