Muchos fueron los trabajadores y las trabajadoras perjudicadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que continúa en vigencia. Sin embargo, en los casos de los empleos más vulnerables, esta realidad recrudece. Mucho se habló del rol de las empleadas domésticas desde que empezó la cuarentena, del papel que juegan para sostener las tareas de cuidados y de cómo sus derechos fueron pasados por alto.
Respecto a las medidas que tomó el Gobierno hay dos sectores. Quienes están a cargo de tareas de atención y cuidado de personas continúan trabajando, ya que forman parte de las actividades esenciales, mientras que las que realizan tareas domésticas generales deben cumplir la cuarentena obligatoria con goce de sueldo. Sin embargo, debido a la gran informalidad del sector, ambos grupos quedan expuestos tanto al contagio del virus como a la falta de ingresos que conlleva el aislamiento.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró el informe “El COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, relevando y advirtiendo sobre la vulneración de los derechos de miles de estas trabajadoras.
La última Encuesta Nacional de Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad dio cuenta que en Argentina hay 1,4 millones de trabajadoras domésticas; esto representa un 5,6% del empleo total, un 17,4% de las mujeres ocupadas y un 22% de las mujeres asalariadas. Además, el 44% es jefa de hogar. Sin embargo, hay un dato que resulta fundamental: éste es uno de los sectores más feminizados del mercado laboral porque el 99,3% de las empleadas domésticas son mujeres. Según el informe de la OIT, el 77% de estas trabajadoras no están registradas. Es decir, que a las condiciones de exposición fruto de la pandemia, se le suman las desigualdades de base: la ausencia de licencias con goce de sueldo, vacaciones pagas, aguinaldo, obra social e indemnización.
Muchas se vieron forzadas a frenar sus actividades en el contexto del aislamiento -el 72,7%- y dependen del criterio de sus empleadores para continuar percibiendo su salario, mientras que otras siguen trabajando -el 24,7%- y ven incrementadas sus jornadas y tareas, dificultando su descanso semanal. En este último grupo, tanto las que trabajan sin retiro -cama adentro de las casas- como las que lo hacen en varias casas, quedan sometidas a las medidas de seguridad e higiene que tomen sus empleadores. Asimismo, de las que trabajan con retiro el 32% lo hace en más de un hogar, exponiéndose al contagio durante los traslados. Son ellas las que salen a realizar las compras, las que reciben los productos del exterior, las que realizan la desinfección e incluso cabe la posibilidad de que tengan que cuidar personas contagiadas sin los conocimientos ni los elementos necesarios. A esto se suma la discriminación al ser percibidas como posibles focos de contagio.
Verónica Casas, antropóloga social y becaria doctoral CEIL-CONICET, dialogó con El Grito del Sur al respecto: “Hace unos días hablé con una trabajadora de Córdoba que empezó a organizarse con sus compañeras armando grupos de Whatsapp, y me contaba que uno de sus principales temores es que ahora se venga el malón de despidos, porque dice que cuando el hilo se corta por lo más fino, se corta por ellas”. Aunque el Gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y reforzó los planes sociales, para muchos esto resultó una excusa para rebajar los salarios. “Hay casos de empleadores que les han dicho que les descontaban del pago mensual los 10 mil pesos del IFE que otorga ANSES, es decir, haciéndoles creer que el Estado es quien debe hacerse cargo de su sueldo; a otras les dijeron que los días de cuarentena se les contaban como vacaciones. Esto evidencia que se juega mucho con la desinformación y la situación desventajosa de las trabajadoras en relaciones laborales que están atravesadas por múltiples desigualdades”, aseguró Casas. “Por eso desde el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), en conjunto con la UNLA, desarrollamos una encuesta con el objetivo de relevar estas situaciones y visibilizarlas”.
Finalmente, el informe de la OIT brinda algunas recomendaciones para que el impacto del COVID-19 sea lo más leve posible para las empleadas domésticas, y que puedan retener el empleo, asegurar las licencias pagas y el acceso al sistema de salud, tomar medidas de seguridad y establecer campañas de sensibilización.
