El Ejecutivo porteño equipó a la Policía de la Ciudad con armamento “antidisturbios”, en el que gastó a fines de marzo casi 53 millones de pesos con el objetivo -explícito en una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial- de «hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid-19″. La inquietante traducción del lenguaje burocrático al político la aportaron a El Grito del Sur desde la Secretaría de Seguridad: el armamento tendrá un uso “en el peor de los escenarios” que se especula puede llegar a producirse cuando llegue el pico de contagios. Sobre todo en los barrios populares, donde la caída de la changa y la precariedad en el acceso a los servicios básicos y de salud hacen del cumplimiento de la cuarentena un sacrificio mucho mayor que para el resto de la población.
La resolución en cuestión, la 69/2020 de la Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Seguridad, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno a cargo de Diego Santilli, está plagada de indicios que a priori resultan preocupantes. La misma explica que los equipos represivos fueron solicitados de “urgencia” por la División de Armamento, Munición y Explosivos de la Policía de la Ciudad en el marco de las facultades otorgadas por la emergencia de la pandemia. Incluso reconoce que el armamento fue adquirido antes de haber sido aprobado por las autoridades competentes, echando por tierra la supuesta transparencia en los procesos de contrataciones de los que hace gala Rodríguez Larreta. También explicita que la compra se efectuó en apenas 48 horas, entre el 25 y el 27 de marzo, vía contratación directa. «La recepción no podía dilatarse debido a la urgencia que ha sido manifestada”, reconoce insólitamente la resolución.
Como parte de la oscuridad del proceso, no se hicieron públicos los renglones de la adquisición. Un informe publicado anoche por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y el Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas (IPYPP), dio cuenta del detalle de la contratación. En total, el gasto fue de 52.765.291 pesos. Se compraron 150 mil cartuchos con 24 postas de goma cada uno, por poco más de 8 millones de pesos; unos mil cartuchos “granada” de gas lacrimógeno por otros 6,7 millones; y dos juegos de 5 mil granadas de mano, de tipo CS y HC, por 38 millones.
La empresa proveedora resultó ser Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, cuya fábrica de Luis Fray Beltran (en Rosario) es la única del país en condiciones de ofrecer semejante cantidad de armamento. Necesitada de fondos tras el desguace macrista, cumplió en tiempo y forma con la entrega. “Habría que ver la magnitud de los supuestos enfrentamientos, pero a priori resulta bastante armamento para poner como excusa controlar la cuarentena”, comentaron a este medio trabajadores de la empresa.
“Igual que las fuerzas nacionales, nos estamos preparando para el peor de los escenarios. Es como comprar 2000 respiradores: ojalá no los uses, pero no podes no estar preparado”, confesaron desde la Secretaría de Seguridad de la Ciudad ante la consulta sobre la magnitud del gasto para represión en plena pandemia.
La última adquisición de material “antidisturbios” de una magnitud igual o mayor por parte de la Policía de la Ciudad fue exactamente cuatro años atrás. En marzo de 2016, la Ciudad licitó la compra de lanzadores de gas lacrimógeno “Less Lethal Weapon”, carabinas de aire comprimido, escudos de policarbonato y chalecos protectores por 127 millones de pesos. La fuerza todavía se estaba reorganizando tras la fusión de la Metropolitana y la Federal, pero demostraría su poder de fuego durante las represiones y posteriores cacerías en los alrededores del Congreso durante las jornadas de protesta de 2017 y 2018.
La preocupación por la contención social en plena crisis por la pandemia es una preocupación compartida por todo el sistema político, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Pero la mira de las fuerzas de la oposición en la Ciudad está puesta en los protocolos de acción de las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando -a pesar de que la cuarentena recién estaría promediando su duración total- ya se advirtieron algunos abusos en el uso de la fuerza, con especial saña en barrios populares y contra personas en situación de calle.
