El Gobierno de la Ciudad continúa realizando contrataciones a priori llamativas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Luego del escándalo por la adquisición de barbijos a 3 mil pesos cada uno, a una empresa ligada al Grupo Clarín y al propio jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el Ministerio de Salud porteño dio a conocer ayer en el Boletín Oficial la compra de unos 500 mil tests reactivos de COVID-19 a una Sociedad Anónima cuyo director es el abogado Diego Botana, quien integró la lista de diez candidatos a conjueces de la Corte Suprema de Justicia que impulsó el ex ministro de Justicia Germán Garavano en 2018, aprobada por el Congreso ese año, y quien además sonó como uno de los candidatos a ocupar una silla del Tribunal Superior de Justicia porteño el año pasado.
La firma que resultó adjudicataria fue ALERE SA, subsidiaria de Bolinker SA, por un monto total de 261 millones de pesos. ALERE ofertó los 500 mil test marca Panbio de ABBOTT a un valor de 3,9 millones de dólares al tipo de cambio oficial (66,5 pesos), dado que se trata de un insumo importado, y resultó ganadora de la adjudicación directa. El Gobierno porteño pagó 522 pesos por cada test.
Botana figura como director tanto de ALERE SA como de Bolinker SA. Es un prestigioso abogado de la City, integrante del tradicional buffet “Allende y Brea”, de profundos vínculos con el poder económico y financiero local. Integró la lista de diez conjueces de la Corte Suprema (un cargo de suplencia ante la ausencia de alguno de los Supremos) que el macrismo impulsó en el Congreso en 2018.
Botana se define a sí mismo como radical. A principios del año pasado, de hecho, sonó como uno de los posibles candidatos a ocupar una silla en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, a partir de las renuncias a fines de 2018 de Ana Conde y José Osvaldo Casás. Según trascendidos de aquel momento, pedía por él Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los asesores judiciales que acompañó a Mauricio Macri durante su presidencia, y de vínculos estrechos con el tándem Elisa Carrió-Mario Quintana.
La contratación de los barbijos por 3 mil pesos le valió una denuncia penal por “administración fraudulenta y malversación de dinero público” al subsecretario de Administración de Salud de CABA, Nicolás Montovio, quien firmó la resolución que avaló la contratación directa de los barbijos a GREEN SALUD, una empresa ligada a un socio del hermano del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y un integrante del directorio del Grupo Clarín. Montovio también puso la firma para aprobar la contratación directa a la empresa que dirige Botana para los testeos rápidos.
«Llama poderosamente la atención que la empresa proveedora Green Salud, que integra el grupo Green, se inscribió en AFIP recién en octubre 2019, es decir, muy poco antes de resultar beneficiada con la millonaria compra de barbijos que estamos cuestionando. Resultando cuanto menos llamativo los vínculos, de público conocimiento, entre el titular de la empresa proveedora Green Salud, Ignacio Sáenz Valiente, socio en Green Ocean de Rodrigo Miguel, quien a su vez es hermano de Felipe Miguel, a la sazón actual jefe de Gabinete de Larreta, y que podrían acarrear responsabilidades incluso desde el ministro de Salud hasta el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta», reza la denuncia presentada por el ex legislador porteño José Cruz Campagnoli, integrante de Puebla-Fuerza Colectiva. La denuncia recayó en la Fiscalía 15 del Fuero Penal Contravencional y de Faltas porteño.
“La compra de barbijos a $3000 pesos por el Gobierno de la Ciudad es escandalosa”, le dijo Campagnoli a El Grito del Sur. “Rodríguez Larreta, como hizo Daniel Arroyo (Ministro de Desarrollo Social de la Nación) debería pedirle la renuncia a los responsables”, concluyó.
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