Marcela Millán

«A la gente en situación de calle que no cumple la cuarentena hay que ayudarla, no criminalizarla»

Marcela Millán es la flamante Defensora General Adjunta del Ministerio Público de la Defensa y comenzó su gestión en plena pandemia de COVID-19. Violencia institucional, políticas en materia de género, situación en las villas y población trans: un diálogo en profundidad para pensar la defensa de los derechos y las garantías de los sectores más vulnerados en la Ciudad de Buenos Aires.

Marcela Millán nunca imaginó que dos meses después de asumir como Defensora General Adjunta del Ministerio Público de la Defensa (MPD), el mundo iba a quedar patas para arriba. Abogada de la UBA y especialista en Derecho Penal, Millán trabajó durante 12 años en la Defensoría N°8 del MPD y en el año 2016 fue nombrada Secretaria General de Asistencia a la Defensa. Ahora, luego de la jubilación de Luis Duacastella, la abogada quedó al frente del organismo del Poder Judicial porteño encargado de garantizar el «legítimo e inviolable derecho a la defensa».

La semana pasada publicaron un informe que da cuenta del aumento de los casos de violencia institucional en cuarentena. En el trabajo se detallan algunos casos puntuales, pero también se aprecia cómo opera la selectividad del poder de policía en la Ciudad de Buenos Aires.

Arrancamos el 20 de marzo a estudiar las circunstancias de la cuarentena y el cumplimiento de la misma. Junto con el equipo de la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad (DAPPL) y la Secretaria de Violencia Institucional empezamos a relevar situaciones de las personas detenidas por delitos con intervención del Poder Judicial de la CABA. Así identificamos casos puntuales con intervención de la Policía de la Ciudad, que se daban en el marco de situaciones de violencia verbal y física. Luego nos empezaron a llegar fuentes informales, videos, cuestiones que estaban ocurriendo con personas en situación de calle y por eso decidimos sacar una línea de atención telefónica, un WhatsApp y un correo electrónico para que la gente que estuviera atravesando situaciones de violencia se comunicara con nosotros. Queríamos tener un panorama de lo que ocurría en la Ciudad.

¿Cuáles fueron los casos que más les llamaron la atención?

Entre los mensajes que recibimos, estaba el de una mujer que había salido de su domicilio para ejercer una denuncia por violencia doméstica y que, en la vía pública, sufrió una situación de violencia institucional. Es una respuesta tremenda para esa situación y un ejemplo de lo que no debe ocurrir. Otro caso que estamos investigando es el fallecimiento de una persona en situación de calle. La denuncia nos llegó por canales informales: los vecinos de Nuñez informaron de una persona en calle, que la gente del barrio conocía y que, de un día para el otro, apareció muerta. Los vecinos informaron que por esa fecha hubo una situación poco clara con la policía y que para ellos la muerte tuvo que ver con este contacto con las fuerzas de seguridad. Nosotros, que además estamos haciendo trabajo remoto -no podemos hacer entrevistas presenciales-, tomamos contacto con la hermana de esta persona que nos dijo que se iba a acercar a contarnos sobre los resultados de la autopsia, realizada en medio del aislamiento.

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¿Qué sucede con el aumento de las denuncias por violencia de género?

Nosotros no tenemos competencia en materia de femicidios, eso todavía permanece bajo la jurisdicción de la justicia nacional criminal. Sí tenemos intervención en materia de lesiones o amenazas en contexto de violencia de género. Lo cierto es que la Defensoría, que está de turno desde el momento en que se decretó el aislamiento, sí ha registrado más caudal de trabajo en términos de defensa en supuesta (enfatizamos esto porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario) violencia de género.

¿Qué ocurre con la gente en situación de calle y el cumplimiento de la cuarentena?

Cuando comenzó el aislamiento, las defensorías de primera instancia que estaban de turno nos informaban que tenían casos de supuesta resistencia a la autoridad o desobediencia con gente en situación de calle. Nos resultaba una cosa bastante asombrosa, ya que esta población no puede elegir si cumplir o no la cuarentena porque está en la calle. Lo empezamos a conversar con la Fiscalía, les informamos de esta situación, y ésta instruyó a los fiscales de primera instancia para que la policía no continuara haciendo este tipo de actuaciones, que eran hasta disparatadas. La respuesta a la gente en situación de calle que no cumple la cuarentena es ayudarla, buscarle un albergue donde esa persona pueda estar fuera de la calle, no criminalizarla. También habíamos visto videos que circularon en redes sociales con imágenes de la Policía de la Ciudad ejerciendo situaciones de mucha violencia. Hablamos con la Fiscalía y nos informó que están haciendo averiguaciones para identificar a estos oficiales.

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¿Cómo se vive la relación entre pandemia, seguridad y violencia institucional en las villas de CABA?

En el revelamiento que nosotros hacemos, en términos de violencia institucional, nos encontramos con que en algunos barrios de la Ciudad, como La Boca, San Telmo o las villas, el cumplimiento de la cuarentena es difícil no solo por el hacinamiento sino por la misma necesidad de la gente a salir a buscar o procurar comida, tanto en los comedores como yendo a buscar los bolsones. En esta situación, mucha gente era interpelada por las fuerzas de seguridad de una forma hostil, incluso amenazanate, donde la policía respondía que iban a labrar una actuación incluso en casos donde estaban yendo a buscar alimentos. Se trata de gente que si se queda en su casa no come: entonces esta interacción entre los vecinos y las fuerzas de seguridad se convertía en una situación complicada, que en ocasiones incluía maltrato físico y a veces terminaba en detención y con causas de resistencia a la autoridad, una figura muy utilizada para ejercer control social o para perjudicar a la gente con un empleo informal.

En la última semana se conocieron una serie de detenciones arbitrarias en un hotel de Constitución contra mujeres trans por parte de la Policía de la Ciudad. ¿Cuál es la situación que enfrenta el colectivo travesti-trans?

Justo antes de comenzar la pandemia estábamos relevando los casos de violencia institucional contra la población trans, absolutamente vulnerable, y detectábamos situaciones muy complejas. La verdad es que parte de esa población tenía algunas causas de narcomenudeo que se le imputaban de una forma selectiva y que tenían que ver con una actitud poco clara de las fuerzas de seguridad. El aislamiento nos colocó en una situación donde podemos trabajar algunas investigaciones y otras tienen que esperar a que se levante la cuarentena. En este momento la intervención está limitada porque nuestra modalidad de trabajo es la entrevista con las víctimas de violencia, que nos permite recabar información y producir pruebas, pero seguimos trabajando con la mirada puesta en la población trans.