Haití es el país más pobre de nuestro continente y uno de los que cuenta con mayor sobrepoblación carcelaria del mundo. El índice de Desarrollo Humano ubica al país en el puesto 169 entre 193, su expectativa de vida es de apenas 63 años y su tasa de mortalidad llega al 8,64 por ciento. Si bien las cifras de la pandemia por COVID-19 apenas registran 41 casos confirmados y 3 muertos, el escenario es muy complejo en un país cuyas instalaciones sanitarias ya se encuentran colapsadas en condiciones normales. Con un 46,7 por ciento de analfabetismo en hombres y un 50% en mujeres, y casi 30% de población sin acceso al agua, el panorama en un contexto de pandemia podría ser catastrófico.
Por si eso fuera poco, las cárceles superpobladas operan como uno de los principales núcleos de contagios en el país caribeño. Con centros penitenciarios que operan al 400% de su capacidad, Haití registra unos 11.463 reclusos, de los cuales el 75 por ciento registra una detención prolongada sin sentencia efectiva.
En base a ese diagnóstico, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Me Lucmane Délile, ya ordenó a los fiscales que desconcentren todas las cárceles del país y se sumó a las voces que sugieren liberar a los prisioneros que no enfrenten cargos graves. Las autoridades haitianas ya procedieron con la liberación de los primeros 42 presos y ahora se dispusieron a examinar los casos que pueden beneficiar a detenidos condenados por delitos menores o que hayan cumplido el 80% de sus sentencias.
A pesar de que el gobierno comunicó que los liberados habían sido detenidos por delitos menores, la Organización de Ciudadanos para un Nuevo Haití (OCNH) solicitó un acceso a la información pública porque advirtió graves irregularidades en el proceso, incluida la liberación de condenados por asesinato, violación, posesión ilegal de armas de fuego e infanticidio. La carta, que celebra la decisión de la liberación de presos por delitos menores, también insta al gobierno a buscar la participación formal de organizaciones de Derechos Humanos en el proceso destinado a «perdonar a las personas por razones humanitarias».
Las sospechas se suman a la poca confianza en los datos oficiales de muertos y contagiados. Mientras tanto, el presidente Juvenal Moise dispuso el cierre de escuelas y centros de formación y declaró un toque de queda total, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana.
«Es una falacia que el encierro pueda ser un componente para el bienestar subjetivo»
