El problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires

Un techo en plena pandemia

Legisladores del Frente de Todos presentaron una iniciativa para alojar a las personas en situación de calle en inmuebles ociosos de dominio privado del Gobierno de la Ciudad. "El problema es que el Ejecutivo porteño reconoce una octava parte de aquello que fue relevado en el censo de las organizaciones", expresó Matías Barroetaveña, uno de los autores del proyecto.

En medio de la pandemia, legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para brindar contención a las personas en situación de calle. La iniciativa, presentada por Juan Manuel Valdés y acompañada por Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Lucía Cámpora y Ofelia Fernández, pretende utilizar los inmuebles ociosos de dominio privado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para alojar a personas en situación de calle. “Resulta imprescindible brindar espacios físicos adecuados para albergar a esta población de riesgo durante el período de cuarentena, con miras a preservar la salud tanto de estos vecinos como del resto de los habitantes de la ciudad”, sostiene el proyecto.

De acuerdo con el 2° Censo Popular de Personas en Situación de Calle, finalizado en abril de 2019, son 7251 las personas que se encuentran en situación de calle o en riesgo de estarlo. Recientemente en CABA se habilitaron 7 nuevos paradores, que representan 780 nuevas plazas para albergar a personas en situación de calle. Estos nuevos lugares se suman a las 2100 que el GCBA ya ofrecía antes del comienzo de la cuarentena; así se llega a un total de 2880 plazas. El problema es que, y suponiendo que la población en situación de calle siga siendo la misma que hace un año, en la Ciudad seguirían faltando respuestas para 4371 personas.

“El problema es que el Ejecutivo porteño reconoce una octava parte de aquello que fue relevado en el censo de las organizaciones, entonces se torna imposible articular medidas reales que contemplen las necesidades de esa población. El Gobierno porteño sigue sosteniendo que no necesita el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, dice que ya está cubierto el problema cuando sabemos que esto no es así”, expresó el legislador porteño Matías Barroetaveña en diálogo con El Grito del Sur.

El proyecto de ley detalla que el GCBA cuenta con al menos cinco inmuebles de uso habitacional desocupados: tres localizados en el barrio de Flores (Comuna 7), uno en Almagro (Comuna 5) y otro en San Cristóbal (Comuna 3). Y a esta lista se suman otros 147 inmuebles desocupados cuyo uso principal, según lo informó el Registro Único de Bienes Inmuebles, es “ninguno”. Se trata de inmuebles que van desde terrenos baldíos o plazoletas sin catalogar, hasta departamentos, casas o edificios abandonados que fácilmente podrían ser reacondicionados para ampliar las plazas destinadas a personas en situación de calle.

Por otra parte, la iniciativa propone la creación de un registro de las organizaciones de la sociedad civil que pongan sus instalaciones a disposición. Al día de hoy, ya son numerosas las organizaciones que brindaron sus espacios físicos para ampliar la cantidad de plazas disponibles pero, en muchos casos, no cuentan con la infraestructura (como duchas o baños para la cantidad de personas que podrían albergar) ni con los insumos necesarios (como camas, sábanas, frazadas, estufas o artículos de limpieza) para funcionar correctamente. En este marco, el proyecto presentado en la Legislatura contempla brindar un subsidio que cubra los gastos necesarios para las remodelaciones.

La propuesta de los legisladores del Frente de Todos contempla también a las personas propensas a caer en situación de calle. Esto incluye, por ejemplo, a las “personas que habitan en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”. Gran parte de éstas vive en cuartos alquilados de hoteles o casas de pensión que se manejan por contratos de palabra, no intermediados por el Estado. Esto hace que queden fuertemente atados a la conveniencia de quienes los manejan. A esto se suma la dificultad económica de las familias que dependen de la salida laboral diaria para mantener sus consumos indispensables y el pago del alquiler. Un combo perfecto para que se generen situaciones de hostigamiento y, a pesar de la ley que impide los desalojos, crezca el número de personas en situación de calle. Por eso, según el proyecto, “es pertinente que el Gobierno de la Ciudad garantice las 7251 plazas para personas en situación de calle, ya que en algunos casos los hostigamientos de los propios hoteles y pensiones pueden conducir a que las personas vuelvan a la calle”.

Hasta ahora el Ejecutivo sólo ha convocado a sesionar para endeudarse, pero no vemos que nos abra las puertas para debatir los proyectos que presentamos para acompañar a los sectores que más lo necesitan”, lanzó Barroetaveña. Según el artículo 31 de la Constitución porteña, la Ciudad debe promover “la incorporación de los inmuebles ociosos” para garantizar el derecho a la vivienda digna. En este caso, no sólo la dignidad está en juego, sino también la vida.