Los resultados no estuvieron a la altura de la inversión: el Gobierno de la Ciudad gastó más de 560 millones de pesos, durante los últimos tres años, en obras de infraestructura destinadas a mejorar el servicio de agua en la Villa 31. La falla en el suministro del servicio durante doce días, entre el 25 de abril y el 7 de mayo, en plena emergencia sanitaria, dejaron mucho más expuestos al contagio del coronavirus a los vecinos y las vecinas del barrio, cuya enorme mayoría vive hacinada. Las consecuencias están claras: 1388 casos confirmados y cuatro muertes al día de ayer, entre ellas la de Ramona Medina, militante de La Poderosa, quien fue además una de las portavoces del reclamo colectivo ante el abandono del Estado.
Los 560 millones provinieron de préstamos del Banco Mundial y el BID, que forman parte de la abultada deuda externa de la Ciudad de Buenos Aires. Y se repartieron entre un puñado de empresas constructoras y consultoras privadas, todas ellas beneficiadas con más de un contrato con el Ejecutivo porteño, para obras y servicios tanto dentro como por fuera del proceso de urbanización del barrio, muchos de los cuales datan desde la gestión de Mauricio Macri y atraviesan a las de su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta.
Las principales son C&E Construcciones, Pose S.A., CIS (Construcciones, Infraestructura y Servicios) S.A., Tecma S.A. e HYTSA S.A. Esta última estuvo implicada en un escándalo reciente: se llevó más de 2 millones de dólares en «consultoría para la contratación de recursos humanos» para la relocalización de las familias que viven bajo la autopista –entre las que se encontraba la de Ramona– hacia el complejo de viviendas de YPF, un proceso que arrastra al menos un año de retraso. El contrato es de 2018 y fue renovado este año por otros 850 mil dólares.
Antes de la polémica consultoría en recursos humanos, HYTSA estuvo a cargo del “servicio profesional de supervisión integral de obras de infraestructura troncal para la provisión de servicio de agua potable” en la 31. Es decir, debía “supervisar” el avance de las obras que -según admitió el propio Secretario de Integración Social y Urbana, Diego Fernández- quedaron truncas por la cuarentena y no estaban listas al momento de declararse la emergencia sanitaria, cuando más se necesitaban.
HYTSA ya tenía una trayectoria multifunción en el Gobierno porteño: firmó contratos para el “control integral del servicio de higiene urbana» y hasta se encargó del control “de obras en vías peatonales». Para algunas empresas, se ve, los jugosos contratos con el Estado representan una oportunidad de reconversiones infinitas. El problema radica en que los vecinos no reciben los supuestos beneficios de semejante erogación de dinero.
Otra empresa que junto a HYTSA se encarga del monitoreo del servicio de agua es CIS (Construcciones, Infraestructura y Servicios) S.A. En septiembre de 2019, firmó un contrato para el “mantenimiento de la red de agua potable en el Barrio 31”, también por 13 millones, en lo que parece un contrato espejo del que tuvo HYTSA.
Entre los servicios que debía prestar CIS figuran “verificar pérdidas en la red”, la “reparación o reemplazo y cañerías” y “atender las tareas de emergencia que surgieran en cualquier sector del Barrio”. Es curioso que Fernández, cuando compareció vía Zoom frente a la comisión de Vivienda de la Legislatura porteña hace 10 días, haya reconocido que parte de los fallos al momento de dar agua estuvieron en el “clorado y lavado” de algunos caños, donde se habían acumulado escombros que obstruían su correcta circulación.
¿Habrá multas para CIS e HYTSA? La respuesta estuvo dando vueltas por los corrillos de la Legislatura la semana pasada y, según pudo saber El Grito del Sur, se especulaba con algún tipo de sanción no sólo para la empresa, sino para el empresario que se señala como responsable, quizás como fusible del conflicto: Pablo Gustavo Aparo.
Aparo es, en los papeles, el titular de Kopar S.A. y de una constructora que inscribió en AFIP con su propio apellido. El vínculo entre Kopar y CIS es a través de un CEO que pasó por ambas empresas: Fernando Pernet. Hasta 2011, Pernet dirigió Kopar, y pasó desde entonces a dirigir CIS. En el mundo de las constructoras nadie duda en afirmar que Aparo es el dueño de las dos, y de muchas otras. “Se llevó mucha plata, ahora quieren cortarle el chorro”, le confió a este medio un dirigente oficialista atento a la crisis que afronta el larretismo por la implosión del coronavirus en los barrios populares.
Solo a través de Kopar, Aparo se encarga desde 2016 del mantenimiento eléctrico dentro de la Villa 31. Pero no es en el único barrio popular que intervino: también lo hizo en la Villa 1-11-14, la 21-24, en Calaza y en la Villa 15 de Lugano, barrio donde están más al descubierto sus vínculos políticos con el Pro. Una de las directoras de Kopar, Alejandra Edith Páez, es la titular de “Raíces”, la ONG militante del oficialismo en el barrio, ligada a Maximiliano Sahonero, legislador porteño de Vamos Juntos.
Los vínculos de Aparo con el macrismo no terminan ahí. Octavio Calderón, ex legislador del Pro y actual CEO de la Corporación Puerto Madero, le confesó en 2009 al periodista Werner Pertot de Página/12 que fue abogado de Aparo. En esa época, Calderón era asesor de Fernando de Andreis, quien ocupaba una banca en la Legislatura porteña.
LOS CONTRATOS MÁS JUGOSOS
El gasto más importante del Ejecutivo porteño en la estructura de agua en la 31 data de 2017. El monto fue de 401 millones de pesos, que al momento de la licitación pública equivalían a 22 millones de dólares. Se la llevó una Unión Transitoria de Empresas conformada por C&E Construcciones, Pose SA y CIS, la empresa ligada a Aparo. El contrato fue para el «Completamiento de la Red de Agua Potable y de Recolección de Desagües Cloacales y Pluviales en el marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31». Es decir, la construcción de los caños internos, que toman el agua del caño madre de Aysa, que llega hasta la entrada del barrio.
De acuerdo al comunicado conjunto entre Aysa y la Secretaría de Fernández firmado el 6 de mayo, día en que recomenzaron las obras para devolverle el agua a la 31, en esa obra estaba otro de los problemas que derivaron en la falla del servicio. “Mañana mismo, desde el Gobierno de la Ciudad comenzamos a hacer las conexiones que quedaban pendientes entre los caños troncales de la red de agua y los caños internos de la red de distribución del barrio”, dijo Fernández ese día.
El titular de C&E es Gustavo Castillo, quien está procesado desde 2018 junto al intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, por el supuesto desvío de fondos en una obra de energía eléctrica en ese municipio. La obra nunca se terminó. Pese a todo, C&E formó parte de varias UTE que hicieron distintas obras en la 31, además de los caños de agua.
El último de los contratos se lo llevó, en 2018, la firma TECMA S.A. para la “construcción e Instalación de Acueducto para Alimentación del Barrio 31”, por 118,5 millones. De esa obra se agarra Fernández para decir que la 31 tiene “el mejor sistema de agua potable de los barrios populares de la Argentina”. El acueducto en cuestión atraviesa la Avenida Figueroa Alcorta e ingresa al barrio por el sector YPF, donde está el nuevo complejo de viviendas y el flamante Ministerio de Educación, al que nunca le faltó el agua, pero se encuentra cerrado desde que empezó la cuarentena el pasado 20 de marzo.
TECMA se asoció a Kopar, el año pasado, para realizar un nuevo acueducto en la villa Itatí, de Quilmes. El contrato lo firmó el ex intendente de Cambiemos, Martiniano Molina.
